Tras recordar que tanto Italia como Francia ya han presentado sus propuestas, el consejero de Agricultura y Medio Ambiente, Alejandro Alonso, calificó de "lamentable" que España no haya presentado la suya y manifestó que "es urgente que nuestro país fije su posición ante la reforma del sector".

La Consejería de Agricultura y Medio Ambiente ha elaborado un documento de reflexión ante la reforma de la OCM del vino, en torno al que pretende lograr el máximo nivel de acuerdo y consenso de todos los representantes del sector vitivinícola de Castilla-La Mancha, así como que sirva de base para la elaboración de la propuesta española definitiva.

En este sentido, Alonso señaló que "en la misma línea que Francia e Italia han presentado ya sus documentos como propuestas de directrices para la reforma, España debe hacer el suyo" y añadió que "el documento español debe tener su origen en Castilla-La Mancha".

Precisamente para buscar este consenso en el documento castellano- manchego, Alonso se reunía esta tarde con los representantes de todas las organizaciones agrarias, así como con todas aquellas asociaciones relacionadas con el sector vitivinícola de la región.

En relación a la falta de pronunciamiento del Gobierno español en relación a la nueva OCM del vino y tras recordar que Francia e Italia ya han presentado sus propuestas, el consejero consideró lamentable que no se tenga un documento y aseguró que "es urgente que España fije su posición ante la reforma del sector".

Alonso manifestó su esperanza en que "la posición final de la Mesa Nacional del Vino reúna, recoja y base su documento definitivo en el que hoy vamos a elaborar y consensuar en Castilla-La Mancha" y aseguró no tener dudas de que finalmente la posición española tendrá como base el documento regional y la someterá a debate ante la Unión Europea.

El documento castellano-manchego

El consejero señaló que el documento, que hoy presentamos al sector vitivinícola, pretende que la nueva OCM del Vino garantice a futuro el mantenimiento del viñedo en las zonas históricas de producción, así como que el viñedo siga siendo el soporte económico, social y medioambiental de estas zonas.

Otros objetivos que debe contemplar la nueva OCM son: asegurar una renta equitativa a los productores; desarrollar la demanda y reforzar la competitividad del sector, con productos de calidad; establecer medidas adaptadas a la especificidad de las regiones y que permitan el equilibrio entre las mismas; e incentivar el papel de las organizaciones agrarias, cooperativas y consejos reguladores de denominaciones de origen.

Para lograr estos fines es necesaria la solidaridad financiera, por lo que el documento castellano-manchego establece que cualquier medida de las contempladas en la nueva OCM debe llevar el mismo tratamiento que el de otros productos comunitarios y su financiación debe correr en su totalidad a cuenta del presupuesto comunitario.

Entre las medidas estructurales que el Gobierno regional considera necesarias para que Castilla-La Mancha mantenga su liderazgo como primera región vitivinícola mundial, la nueva OCM del vino debe contemplar ayudas para la recuperación, rejuvenecimiento y reestructuración del viñedo encaminadas a la mejora de la calidad y la prohibición de nuevas plantaciones y el establecimiento de un régimen de derechos, dando prioridad de acceso a los viticultores jóvenes que se incorporen al sector.

En cuanto a las medidas de regulación del mercado, el Ejecutivo castellano-manchego es partidario del mantenimiento de mecanismos de intervención. Concretamente, las ayudas para una destilación voluntaria destinada al aprovisionamiento del mercado de alcoholes para uso de boca (brandy y otras bebidas espirituosas de origen vínico), así como la eliminación de la destilación obligatoria que será sustituida por una coyuntural en años de posibles excedentes.

Asimismo, Castilla-La Mancha propone medidas que garanticen la elaboración de un producto natural, por lo que la nueva OCM debe recoger la prohibición tácita y expresa de la práctica de la chaptalización.

Por último, el documento plantea una serie de medidas encaminadas al fomento del consumo de vino, al establecimiento de ayudas compensatorias a la renta de los agricultores, a fomentar la investigación y el desarrollo y, finalmente, a lograr una armonización fiscal entre todos los países de la UE, rebajando los impuestos que gravan el vino en muchos de ellos de forma elevada.