La consejera de Administraciones Públicas y Justicia, Magdalena Valerio, participó ayer en la reunión de la Comisión Mixta de Seguimiento del Convenio de Oficinas Integradas de Atención al Ciudadano 060 en el ámbito territorial de Castilla-La Mancha. En este encuentro, representantes del Gobierno regional y del Ministerio de Administraciones Públicas analizaron el estado de implantación de la red de oficinas integradas en nuestra región.
Según puso de manifiesto el subdirector general de Innovación y Programas de Atención al Ciudadano del Ministerio de Administraciones Públicas, Claudio Pérez-Olea, Castilla-La Mancha es la tercera comunidad autónoma española con mayor número de entidades locales adheridas al convenio marco que desarrolla la red de oficinas de atención integral a la ciudadanía.
Actualmente son 195 las entidades locales de Castilla-La Mancha -191 ayuntamientos, dos diputaciones provinciales y dos entidades de ámbito territorial inferior al municipio (EATIM)- que se han adherido ya al convenio marco vigente, firmado por el Gobierno regional y el Gobierno de España en febrero de 2008.
Las Oficinas Integradas de Atención al Ciudadano 060 forman una red de espacios administrativos comunes en los que la ciudadanía puede recibir en un mismo lugar servicios de información, orientación, atención y tramitación ante los distintos niveles de las Administraciones Públicas: local, autonómica y estatal.
En la reunión de la Comisión de Seguimiento se abordaron también las estrategias que se están poniendo en marcha con el objetivo de ampliar la atención integrada de las distintas administraciones a la ciudadanía no sólo de forma presencial, sino también a través de las nuevas vías telemáticas de acceso a las Administraciones Públicas.
Para ello se está desarrollando un Sistema de Información Común de Registros de Entrada y Salida (SICRES), cuyo objetivo es establecer un único sistema que permita la comunicación normalizada y el intercambio de documentos entre Administraciones, de forma que se simplifiquen y reduzcan los trámites que los ciudadanos deben realizar en sus relaciones con la Administración.