Toledo, 1 de septiembre de 2016.- El presidente de Castilla- La Mancha, Emiliano García-Page, ha anunciado hoy la aprobación del proyecto de Ley de Transparencia de Castilla-La Mancha la próxima semana, así como un acuerdo “trascendental” con sindicatos y empresarios por la recuperación económica, que vendrá acompañado de otro más suscrito con el tejido empresarial de la región, “que será el más importante para reducir trámites burocráticos, optimizarlos e introducir la Administración electrónica” de cuantos ha habido desde que hay Autonomía.
 
Así lo ha manifestado García-Page este jueves durante la firma, en el Palacio de Fuensalida en Toledo, de un protocolo de colaboración con el presidente de la Fundación Europea para la Sociedad de la Información, Enrique Barón, para el fomento de la Administración electrónica, la transparencia y la participación ciudadana.
 
En palabras del presidente, se atiende así una de las grandes reclamaciones de la clase empresarial castellano-manchega, una reivindicación “lógica” para agilizar los trámites de creación de empresas que se verá “cuajado” en un gran acuerdo que debería estar firmado antes de que acabe el mes de septiembre, ha comprometido.
 
Asimismo, García-Page ha recordado cómo durante la anterior legislatura se prometió muchas veces la Ley de Transparencia, “y acabó la legislatura sin que hubiese ni siquiera un borrador”. Por nuestra parte, ha proseguido, “iniciamos hace un año un camino en favor de un marco normativo potente” para alcanzar una ley acorde con las exigencias y el listón “que nos ponemos nosotros mismos”.
 
En cuanto al protocolo de colaboración firmado hoy, el jefe del Ejecutivo autonómico ha incidido en que el objetivo de cualquier Administración moderna y eficaz es “hacerle la vida fácil a los ciudadanos y no sólo mejor”, y eso es algo que tiene que ver con la legislación pero también con las herramientas tecnológicas que utilizamos. Así, ha avanzado que los próximos años “serán revolucionarios” en esta materia.
 
Por ello, ha recordado el compromiso que existe de invertir “mucho dinero” en los próximos tres o cuatro años para que al término de esta legislatura, o al comienzo de la siguiente, esté completada la red de comunicaciones de 3G en toda la Comunidad Autónoma. Una decisión que va mucho más allá de evitar los cortes en las comunicaciones telefónicas por carretera, y  que permitirá que en una región como esta, con 80.000 kilómetros cuadrados, dos millones de vecinos y dificultades orográficas “tremendas” en algunas zonas, se puedan hacer trámites sencillos como pedir una cita médica vía telefónica y no de manera presencial.
 
Por su parte, el presidente de la Fundación Europea, Enrique Barón, ha mostrado su satisfacción por la rúbrica de este convenio y ha recordado que actualmente trabajan con varios países de la Unión Europea y con más de 800 administraciones regionales y municipales con el afán de incorporar las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) “al servicio de la ciudadanía”. En su opinión, con este convenio la Junta se coloca a la vanguardia en una de las prioridades de la UE actualmente, la incorporación de la Agenda Digital, es decir, la aplicación de las TIC a la economía y a la sociedad de manera generalizada, uno de los objetivos de la conocida como Estrategia 2020, “absolutamente prioritaria no solo para España, sino para toda Europa”.
 
Un protocolo para superar la brecha digital
 
Con el Protocolo firmado hoy se persigue la implantación de herramientas destinadas a extender el uso de las nuevas tecnologías y de la Administración electrónica, superando la brecha digital y facilitando el acceso de la ciudadanía a la sociedad de la información y a las tecnologías TIC.
 
Para ello, se pone a disposición de la Junta de Comunidades varios programas del Fomento de la Administración Electrónica, como el Programa Administratel (con dispositivos y programas que permiten a los ciudadanos realizar gestiones administrativas a través de los mismos, que pueden estar en uso las 24 horas del día); el Plan de Vuelo (aplicaciones que permiten a las administraciones la gestión electrónica de expedientes, para una Administración sin papeles) o el Programa Eurípides (herramientas que permiten grabar y emitir en directo a través de internet sesiones de órganos colegiados, plenos de ayuntamientos por ejemplo).
 
También existen otros programas para el Fomento de la Transparencia, como la Plataforma de Transparencia, desarrollada para ofrecer a los ciudadanos la información que requiere la Ley de Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno, que permiten en especial a los ayuntamientos de la región cumplir con sus obligaciones en esta materia.
 
Finalmente están los programas de Fomento de la Participación, caso del Programa Participa, una plataforma de participación online que permite a la Administración tomar decisiones tras su valoración por los ciudadanos, y el Programa Proponga, una plataforma que permite que los ciudadanos puedan proponer iniciativas, mejoras o alertar sobre incidencias en los servicios).
 
Para la promoción y desarrollo de dichos programas y la ejecución de las actividades derivadas de los mismos y sin coste actual alguno para esta Administración regional, la Fundación asume el compromiso de ofrecer los recursos materiales y humanos adecuados, aportando la financiación necesaria tanto para la puesta a disposición de personal, como de las dotaciones necesarias para financiar los correspondientes Programas con aquellas Administraciones Públicas, Organismos y Entidades del Sector Público que formalicen con ella los correspondientes instrumentos de colaboración.
 
Asimismo, se pondrá en funcionamiento de un Centro Europeo de Innovación para la Administración Electrónica, la Transparencia y la Participación Ciudadana, que será financiado íntegramente por la Fundación Europea con el objetivo de impulsar programas para avanzar en esta materia, asesorar sobre los mismos y facilitar su ejecución.
 
Particular interés tiene la posibilidad de extender los servicios y prestaciones que ofrece la Fundación a los entes que integran la Administración Local de Castilla-La Mancha, por lo que los ayuntamientos de la región de tamaño medio y pequeño serán sus principales beneficiarios.
 
Para 2016 y 2017 la Fundación dispone de una dotación de 2.816.200 euros para material informático y de 2.601.000 euros para programas y aplicaciones. La duración de este protocolo se extiende hasta el 31 de diciembre de 2019.