Castilla-La Mancha aplaude el acuerdo entre Gobierno central y CCAA para que futuras legislaciones incorporen un estudio de impacto sobre la población
El vicepresidente ha vuelto a insistir en la importancia de llevar a cabo modificaciones de carácter legislativo en algunos sectores que tengan en cuenta las peculiaridades de las zonas con problemas demográficos, como puede ser el urbanístico, el medioambiental o el de las telecomunicaciones.
Del mismo modo, ha planteado al Gobierno de España la necesidad de contar con financiación suficiente a través de los fondos europeos para “abordar la solución de determinados problemas estructurales que pueden existir en estas zonas” como la brecha digital, comunicación y transporte público o suministros básicos como agua y electricidad.
Madrid, 14 de noviembre de 2018.- El vicepresidente primero del Ejecutivo regional, José Luis Martínez Guijarro, ha mostrado su satisfacción por el acuerdo alcanzado entre el Gobierno de España y las Comunidades Autónomas para que la futura Estrategia Nacional frente al Reto Demográfico incluya que las futuras legislaciones que se aprueben por parte de todas las administraciones incorporen un estudio sobre el impacto que tendrían en la demografía.
Martínez Guijarro, que ha asistido a la reunión del Grupo de Trabajo para la Estrategia Nacional frente al Reto Demográfico convocada por la Comisionada del Gobierno frente al Reto Demográfico, Isaura Leal, en el Ministerio de Política Territorial y Función Pública, ha puesto como ejemplo la normativa vigente en materia de telecomunicaciones. Y es que, de haber contado con este estudio, “se habría visto que agranda la brecha digital entre el medio rural y el urbano”.
En este punto, el vicepresidente ha vuelto a insistir en la importancia de llevar a cabo modificaciones de carácter legislativo en algunos sectores que tengan en cuenta las peculiaridades de las zonas con problemas demográficos, como puede ser el urbanístico, el medioambiental o el de las telecomunicaciones.
Del mismo modo, ha planteado al Gobierno de España la necesidad de contar con financiación suficiente a través de los fondos europeos para “abordar la solución de determinados problemas estructurales que pueden existir en estas zonas” como la brecha digital, comunicación y transporte público o suministros básicos como agua y electricidad.