La aprobación del Estatuto Básico del Empleado Público hace necesario que en Castilla-La Mancha se inicie un trabajo “de puertas adentro” y bajo la premisa del consenso para que un conjunto de expertos, formado por representantes de los grupos políticos, los trabajadores, los sindicatos y la propia Administración, elabore un borrador que sirva al Gobierno como proyecto para actualizar y revisar la manera de gestionar nuestro Empleo Público.

Así lo indicó hoy en Toledo la consejera de Administraciones Públicas, Llanos Castellanos, ante los más de 200 asistentes a la Jornada Interadministrativa para analizar este Estatuto Básico del Empleado Público, un foro que inauguró junto al delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, Máximo Díaz-Cano, y al presidente de la Federación de Municipios y Provincias en la región, José Francisco Rivas.

Durante su intervención Castellanos recordó que las comunidades autónomas han vivido en los últimos años un crecimiento exponencial en el número de empleados públicos “a golpe de transferencia”, donde la prioridad ha sido que los servicios asumidos funcionaran correctamente y no ha habido “suficiente tiempo y reflexión” para examinar cómo se organizaban esos recursos humanos dentro de las distintas administraciones.

Por ello, continuó la consejera, ahora es el momento de iniciar una “reflexión propia” sobre las labores y servicios que prestan los empleados públicos en Castilla-La Mancha y elaborar un “texto con vocación de permanencia” que se guíe por los principios recogidos en el Estatuto Básico “pero que responda a nuestra propia realidad”.

Respecto a la norma estatal aprobada el pasado 29 de marzo, la titular de Administraciones Públicas señaló que entre sus principales novedades está que entre los principios orientadores del Empleo Público fije el de satisfacer los intereses de la ciudadanía.

Para lograrlo, en el Estatuto se exige como uno de los derechos y deberes del empleado público el tener “un espíritu cooperativo” de implicación con la institución a la que sirve y sus fines, no con las personas que las dirigen, matizó Llanos Castellanos.

“En una sociedad del siglo XXI”, agregó, “que exige servicios públicos eficaces y eficientes prestados con garantía de calidad, esta implicación con los objetivos de la institución es una de las premisas fundamentales para el éxito de los cambios a emprender”.

La titular de Administraciones Públicas destacó también la necesidad de introducir cambios a la hora de entender y diseñar la permanencia y carrera profesional dentro de la Administración, para lo que consideró necesario la introducción de la evaluación del desempeño en el puesto de trabajo.

Esta evaluación debe hacerse conforme a criterios objetivos, previsibles y consensuados con los trabajadores y los sindicatos “para que todos sepamos qué se espera de nosotros en nuestra unidad administrativa y los objetivos a cumplir”, lo que posibilitará una carrera profesional abierta y dinámica “que dé expectativas de mejora y cambio”, recalcó Castellanos.

Finalmente la consejera resaltó la figura del directivo público, que puede ayudar a dinamizar los servicios públicos al convertirse en una herramienta de gestión de los mismos “con criterios de profesionalización y modernidad”.

Por su parte, el delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha señaló que el Estatuto, “un texto largamente anhelado” y fruto del acuerdo, redundará en una mayor calidad de los servicios públicos que van a recibir los ciudadanos.

Por ello, agregó Díaz-Cano, las jornadas organizadas por la Consejería de Administraciones Públicas, “que son de plena actualidad”, resultarán interesantes a los asistentes “por la calidad de los ponentes, la diversidad de los enfoques y la visión multidisciplinar y gerencial de los contenidos que se van a abordar”.

Desde la Federación de Municipios y Provincias de Castilla-La Mancha, su presidente, José Francisco Rivas, señaló que el proceso de modernización de la Administración Pública interesa al ciudadano, por lo que ofreció su colaboración a la Consejería para consensuar la modificación de la Ley de Función Pública bajo la premisa del respeto a la autonomía de las entidades locales y la consolidación del empleo público.

En las jornadas intervendrán ponentes de primer nivel tanto de la región como a nivel nacional, celebrándose en Toledo los días 11, 12 y 13 de abril; en Albacete el 23 y 24 de abril; Ciudad Real 7 y 8 de mayo, Cuenca 21 y 22 de mayo y Guadalajara 11 y 12 de junio.