El presidente de Castilla-La Mancha, José Bono, pidió hoy al jefe del Ejecutivo de la nación, José María Aznar, durante la reunión que ambos mantuvieron en el Palacio de La Moncloa, que apueste por la vivienda pública y frene la especulación.

Para ello, Bono solicitó la retirada del recurso de inconstitucionalidad contra el apartado de la Ley de Presupuestos de Castilla-La Mancha que obliga a destinar el suelo público a vivienda protegida y equipamientos sociales.

El presidente regional apuntó que para combatir la especulación del suelo las administraciones tienen que ser las primeras en dar ejemplo, por lo que abogó por alcanzar un pacto en política de suelo para evitar la escandalosa subida de los precios del mismo.

A este respecto, Bono trasladó al presidente del Gobierno su disconformidad con la operación realizada por Defensa con los terrenos de la Fábrica de Armas de Toledo, por los que el Ministerio cobró al consistorio de la capital regional un precio excesivo.

En este sentido, José Bono instó a Aznar a que este caso no se repita en los terrenos del Fuerte de San Francisco, en Guadalajara, sobre los que Defensa ha manifestado su intención de venderlos de manera “onerosa” y en los que la Junta aspira a construir más de 600 viviendas protegidas y dotaciones sociales.

Del mismo modo, Bono recordó que de cada 200 viviendas que se construyen en España una es protegida, mientras que en Castilla-La Mancha la media es de una vivienda protegida de cada 20 que se construyen.

Durante el encuentro, el presidente castellano-manchego solicitó también la financiación correspondiente a múltiples leyes que el PP ha aprobado sin consenso entre autonomías ni entre partidos y sin presupuestos, como la Ley del Menor, la Ley de Calidad de la Enseñanza y la Ley de Cohesión y de Calidad del Sistema Nacional de Salud, entre otras. La repercusión económica de estas leyes para la comunidad autónoma será, como mínimo, de 150 millones de euros.

Así, en relación con la Ley del Menor, el déficit anual para la comunidad autónoma asciende a 10.770.557,7 euros.

En cuanto a la Ley de Calidad de la Enseñanza, Bono señaló que se hizo sin un diagnóstico previo de la situación real del sistema educativo, sin el debate social necesario, sin buscar el consenso y sin financiación. Su aplicación en Castilla-La Mancha supondrá a la comunidad autónoma un sobrecoste superior a los 50 millones de euros.

Por su parte, la Ley de Cohesión y de Calidad del Sistema Nacional de Salud reconoce nuevas prestaciones y derechos laborales que no venían recogidos en la normativa vigente en el momento del traspaso de recursos y que pueden tener un coste de entre 50 y 150 millones de euros. Además, establece la obligación de regular en las comunidades autónomas la carrera profesional para el personal sanitario, que puede tener un coste de entre 30 y 80 millones de euros. Por último, el proyecto de ley del estatuto marco de personal sanitario tendrá una repercusión económica de ente 10 y 20 millones de euros.

Por ello, José Bono propuso una reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera para valorar el impacto económico de estas normas e incorporar instrumentos financieros bastantes para hacer frente a las nuevas obligaciones no existentes en el momento de valorar los servicios transferidos.

Por otro lado, el presidente regional planteó, además de la agilización de la construcción de todos los trazados de AVE proyectados, la creación de una segunda estación de AVE en Toledo como centro estratégico de distribución del tráfico de la Alta Velocidad para Castilla-La Mancha, Andalucía, Levante y Portugal.

Para ello, es necesario que la línea Extremadura salga del AVE de Sevilla por la denominada “opción sur” del estudio informativo publicado, pero un poco más al sur de lo que está diseñada, para permitir la conexión con esa segunda estación de Toledo.

También en materia de infraestructuras, Bono apostó por el trazado sur de la autovía Extremadura-Levante a su paso por Puertollano (Ciudad Real).

De momento, precisó el presidente, sabemos que el Ministerio de Fomento está trabajando el proyecto en el tramo extremeño por el norte, lo cual supondría invalidar la opción sur por Castilla-La Mancha, que es la que defiende el Gobierno regional.

Asimismo, el jefe del Ejecutivo autónomo exigió a José María Aznar la implicación seria y firme del Gobierno de España para evitar los efectos perniciosos de la reforma de la PAC en la agricultura española.

Para Bono, el principal problema de la PAC para Castilla-La Mancha es que va a suponer una pérdida de actividad económica en el medio rural que puede favorecer el despoblamiento.

Además, exigió agilidad en la ejecución de las obras del Plan Hidrológico Nacional que afectan a Castilla-La Mancha. En concreto, Bono pidió a Aznar la puesta en regadío de 6.500 hectáreas en Albacete contempladas en el Plan Hidrológico del Júcar

Por otra parte, el presidente autonómico propuso que el Grupo Popular en el Congreso de los Diputados vote a favor y apoye la declaración de la telefonía móvil como servicio universal.

Bono recordó que el Gobierno regional ya solicitó, a través de las Cortes de Castilla-La Mancha, la reforma de la Ley General de Telecomunicaciones de 1998 para que se declare la telefonía móvil como servicio universal, se reglamenten los niveles y estándares de calidad en la prestación del servicio y se sancionen con rigor las deficiencias denunciadas.

Esta iniciativa de la Junta de Comunidades facilitaría que los ciudadanos tengan acceso a la prestación del servicio telefónico móvil disponible para el público en todo el territorio nacional. Además, el Gobierno de Castilla-La Mancha solicita que se reglamente la prestación y la calidad de los servicios para que no se produzcan deficiencias como, entre otras, llamadas que no se completan, llamadas interrumpidas y cobradas, accesos no cumplidos o mala calidad en la recepción de la señal.

Esta declaración de servicio universal responde a un propósito de solidaridad social y territorial, con el objetivo de que sea accesible en todo el territorio, sin discriminación por motivos económicos o por el lugar en el que se viva o transite.