La consejera de Administraciones Públicas, Llanos Castellanos, asistió hoy en representación de la Junta de Comunidades a la toma de posesión del presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, Vicente Rouco, un acto en el que recordó el propósito del Gobierno regional de asumir las competencias de Justicia con “el objetivo último de prestar este servicio en las mejores condiciones posibles para el ciudadano y de la manera más eficaz”.

Castellanos señaló que en el último año se han mantenido contactos con todos los sectores (jueces, magistrados, abogados, sindicatos) que van a colaborar en el diseño de la Oficina Judicial, ya que ésta será la competencia que asuma la comunidad autónoma cuando se transfiera el servicio.

En este sentido, agregó la titular de Administraciones Públicas, “estamos preocupados por diseñar una Oficina Judicial acorde con la realidad de nuestro territorio” y que preste un servicio de calidad, algo para lo que es necesario, advirtió, que la competencia venga con la financiación necesaria.

“El Gobierno regional no rehuye su responsabilidad”, apuntó Castellanos, “pero para dar un servicio de calidad debemos hacer un análisis realista de lo que significa no sólo el coste efectivo de ese traspaso, sino también de algunas deficiencias que viene arrastrando la Administración de Justicia y que le corresponde al Estado corregir, como ha hecho en otras partes del Estado, mediante un esfuerzo inversor”.

A su juicio, el Estado debe hacer un esfuerzo compensador con lo que ha invertido en otras regiones, “porque sino, lamentablemente, tendremos que detraer recursos de competencias como Sanidad o Educación para destinarlo aquí, y eso rompe el principio de equidad y de equilibrio entre territorios”.

Por este motivo, Llanos Castellanos pidió que no se levanten falsas expectativas sobre lo que significa la asunción de competencias por parte de las comunidades autónomas, ya que “hay que poner la parte de responsabilidad en cada Administración territorial”.

“No podemos hacer recaer todo lo que va implicar la mejora de instalaciones, infraestructuras o dotaciones informáticas en las espaldas financieras de la Comunidad”, apostilló.

Preguntada por los plazos de negociación de las transferencias, la consejera remarcó que en la medida en que se avance en una delegación “asumida con responsabilidad y dotada con medios suficientes” por parte del Ministerio de Justicia, ”la velocidad de las negociaciones se incrementará”.

Finalmente, Castellanos recordó que este proceso de traspaso de competencias está incardinado en un debate territorial amplio con un rediseño estatutario en el Estado, “donde también se habla de territorializar la Justicia y ordenar una manera de comportarnos y organizarnos las administraciones”.

“Es evidente que las comunidades autónomas tenemos un papel protagonista en la prestación de servicios al ciudadano, porque la Administración que oferta los servicios principales y últimos somos nosotras”, y por ello “el diseño, la cara, la imagen, la rapidez y la eficacia de la Justicia dependen en buena medida de lo que hagamos nosotros”.

A la toma de posesión celebrada hoy en Albacete asistieron, entre otras autoridades, la delegada del Gobierno en Castilla-La Mancha, Carmen Valmorisco; la Defensora del Pueblo, Henar Merino; el director general de Protección Ciudadana, Fernando Talavera; y el cardenal arzobispo de Madrid y tío del nuevo presidente del Tribunal Superior de Justicia castellano-manchego, Antonio María Rouco.