A estas alturas del partido, parece difícil y, a la vista
del estado en que se encuentra el trámite parlamentario, resulta ocioso,
decir o escribir algo que no se haya dicho o escrito ya por activa y por pasiva
en este debate sobre la Ley Orgánica de Universidades que tiene entretenido
a medio país desde que la ministra de Educación, Cultura y Deporte
hizo su presentación en sociedad el pasado mes de abril ante el Pleno
del Consejo de Universidades.
Se ha dicho de todo sobre esta Ley, y en general poco bueno;
pero últimamente algunos representantes cualificados, y otros no tanto,
del Partido Popular, se han lanzado con más entusiasmo que conocimiento,
todo hay que decirlo, a cantar las alabanzas de tan contestado texto legal en
cuantos medios de comunicación se ponen a su alcance. Y ya puestos en
faena, se dedican con parecido entusiasmo pero mucho más conocimiento
(debe ser la práctica) a lanzar toda clase de epítetos sobre los
que no comulgan con esta fe reformista, sean éstos rectores progres y
trasnochados; políticos de la oposición irresponsables, incoherentes
e infantiles; o estudiantes ignorantes y manipulados. De la Ley y de la Universidad
no saben mucho, pero de insultar y descalificar saben un rato.
De la Ley, parece que no han pasado de la exposición
de motivos, si es que han llegado a leérsela; porque también es
posible que se hayan limitado a estudiarse el manual de instrucciones que ha
elaborado el Partido para la ocasión y que todos repiten como si estuvieran
recitando el padrenuestro en una clase de catequesis. A todos se les llena la
boca y la pluma (o, mejor dicho, el procesador de textos) de palabras tan bonitas
como calidad, movilidad, evaluación, competitividad, acreditación,
transparencia, democratización, agilidad, bla, bla, bla… Y de la
Universidad española actual, como mucho, deben conocerla de oídas.
¡Pero qué bonito es el cuento con el que nos presentan
la futura Universidad de las maravillas!. Esa Universidad donde, gracias a la
valiente princesa Lou (¿o será la princesa del Castillo?) que
expulsará a la bruja Endogamia, que reina en la universidad LRU, protegida
por unos pérfidos y trasnochados rectogros dedicados a manipular a los
estudiantes y a repartir cátedras entre sus amiguetes, reinará
la calidad, la transparencia, la competitividad y todas esas otras virtudes
que propugna la famosa Ley en su exposición de motivos.

Desgraciadamente, al despertar del sueño en el que pretenden
sumirnos con este cuento, nos topamos de bruces con la cruda realidad de una
ley que no tiene nada que ver con tantos buenos propósitos, pero también
con una universidad mucho mejor de lo que pretenden pintárnosla. Basta
mirar hacia atrás, sin ira, por supuesto, para darse cuenta del enorme
salto cuantitativo y cualitativo que ha dado la universidad española
en los últimos veinte años que, casualmente, coinciden con los
de vigencia de la denostada LRU.
Es necesario insistir, porque mucho se ha insistido en lo contrario
desde el PP, que en estos años, y en gran parte gracias al sistema de
autonomía universitaria que consagró la LRU, el sistema universitario
español ha logrado homologarse con el europeo en todos sus parámetros,
duplicando el número de universidades, multiplicando por casi 2,5 el
número de alumnos y multiplicando su financiación, aunque en este
último apartado sigamos en el furgón de cola de la OCDE, gracias,
entre otras cosas, al parón producido en el periodo de gobierno del PP,
y a pesar del enorme esfuerzo que están realizando las Comunidades Autónomas,
sin excepción. Por otra parte, en el ámbito de la investigación
universitaria se ha producido un desarrollo tal, que ha permitido a España
pasar de los últimos lugares de la clasificación, a los primeros
puestos en la producción científica mundial.
Dicho esto, hay que decir también que la LRU necesitaba
una adaptación a los nuevos tiempos y que la universidad española
necesitaba y necesita algunas reformas. El problema de la reforma que pretende
imponer la LOU es que no responde a las necesidades de la universidad ni de
la sociedad, por mucho que sus adalides insistan machaconamente en lo contrario,
pues, en el fondo y dejando aparte brujas, princesas y rectogros, todo lo que
nos venden con la LOU es un puro cuento.
Es un cuento eso de que ha sido la ley más debatida:
¿Es lo mismo debatida que contestada?, ¿ha visto alguien el informe
del Consejo de Universidades?. Es un cuento lo de la calidad: ¿Puede
mejorar la calidad del sistema universitario sin incrementar su financiación,
o, como nos dicen, eso es de otro cuento?. Es un cuento lo de la competitividad:
¿Es posible la competitividad sin autonomía real y con una Agencia
Estatal de Evaluación devaluada y subsidiaria de las autonómicas?.
Es un cuento lo de la movilidad: ¿de quién y hacia dónde?.
¿Dónde está la financiación para moverse?

También es un cuento eso de la democratización de la Universidad
que nos trae la LOU: ¿es que no es democrática la elección
del presidente del Gobierno, o la de los alcaldes?, ¿es más democrática
la Universidad de Guatemala que la de Alemania?, ¿es democrático
que se conozca el sentido del voto de cada colectivo al hacer la ponderación?,
¿o se trata simplemente de introducir la política partidista en
la universidades?
Es un cuento eso del control social de la Universidad: ¿Es
lo mismo control social que control político?; es un cuento lo de la
supresión de la selectividad: ¿para sustituirla por qué
o por cuántas?, ¿de verdad se cree alguien que todos van a poder
estudiar lo que quieran?, ¿habrá alguna agencia de viajes que
organice la ruta de las pruebas de acceso?; es un cuento lo que nos dicen del
profesorado: ¿Se evita la endogamia con la mitad del profesorado contratado?;
y en el profesorado numerario ¿no pasaremos de la endogamia local a la
endogamia de los grupos organizados en cada área de conocimiento?. ¿Qué
pasará con los habilitados que no obtengan plaza en ninguna universidad?.
¿Ha pensado alguien en los mayores costes sociales de los contratos laborales
y quién los va a pagar?.
En fin, que para este viaje no hacían falta alforjas.
Todo eso se podía haber hecho, y se ha hecho en muchos casos, con la
actual Ley o con muy pocas modificaciones en su articulado, y desde luego no
era necesario poner la Universidad patas arriba con un auténtico proceso
constituyente que ya se hizo en 1983. Salvo que lo que se pretenda sea castigar
a una institución poco dócil y, a veces, demasiado crítica
con el poder.

Ignacio Gavira
Director general de Universidades