La consejera de Medio Ambiente, Rosario Arévalo, afirmó hoy que la Estrategia Nacional para el Cambio Climático presentada por el Ministerio de Medio Ambiente se ha “realizado deprisa y corriendo para cubrir el expediente de cara a la Unión Europea, y no compromete ni clarifica nada para cumplir los requisitos establecidos en el Protocolo de Kioto”.

En la inauguración de la jornada “El Protocolo de Kioto y su repercusión en la empresa toledana”, organizada por Fedeto, Arévalo recordó que los Estados firmantes acordaron reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 5,2 por ciento en el periodo 2008-2012, respecto al nivel de 1990, y que, tras el acuerdo alcanzado entre los países de la UE, España puede incrementar un 15 por ciento las emisiones. Un compromiso que ayer volvieron a ratificar los ministros europeos de Medio Ambiente, subrayó.

No obstante, la titular de Medio Ambiente recalcó que se trata de un objetivo que, a día de hoy, se estima lejano por cuanto los niveles de emisión ya se han incrementado en más de un 30 por ciento, superando con creces las expectativas fijadas.

Ante esta situación, dijo, “el Gobierno central ha elaborado una Estrategia para el Cambio Climático que no aborda en profundidad cuáles van a ser las actuaciones prioritarias que se deben aplicar, y no establece un plan de acción ni la financiación necesaria”.

Además, la consejera manifestó que nace sin el consenso ni la participación de las comunidades autónomas, cuando son éstas administraciones las encargadas de gestionar una parte significativa de las estrategias y planes de reducción de las emisiones de los gases de efecto invernadero.

También resaltó que esta Estrategia no explica como se va a realizar el Plan nacional de asignación de derechos de emisión.

Al respecto, indicó que “España, al estar muy por encima del 15 por ciento que se le ha asignado, podría sufrir importantes pérdidas económicas, bien porque las empresas pudieran ser sancionadas o porque deban comprar derechos a otras empresas de países adaptados a la nueva situación”.

Por su parte, el Gobierno castellano-manchego permanecerá en una situación de “permanente alerta” para conocer las decisiones del Ejecutivo central, ya que van a afectar inequívocamente a las industrias de la comunidad autónoma, manifestó Arévalo. Según dijo, la Administración regional aboga por establecer criterios sostenibles de desarrollo y gestión de los recursos, no sólo para la conservación de los actuales y su redistribución más equitativa, sino también para adelantarnos y frenar los posibles impactos que producen sobre el entorno.

En este sentido, la responsable de Medio Ambiente consideró necesario impulsar un Observatorio sobre el Cambio Climático integrado por los distintos sectores, expertos de la Universidad y la Administración, y que el actual marco del Pacto Industrial puede servir para impulsar acuerdos y estrategias de acción en el ámbito regional.

En su intervención ante la patronal toledana, Arévalo quiso resaltar también el papel que han de jugar los empresarios ante el Protocolo de Kioto y recalcó que el sector industrial y empresarial debe analizar sus repercusiones y colaborar en la toma de decisiones que faciliten su cumplimiento.

“La obligación de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero se presenta como una necesidad ambiental y también como una oportunidad que las empresas castellano-manchegas deben incorporar a su planificación estratégica a fin de lograr una gestión eficaz de sus emisiones y su posicionamiento frente a un futuro escenario global de emisiones limitadas”, agregó.

La consejera destacó la importancia de fomentar la competitividad de nuestras empresas apostando por modos de producción que no afecten al medio ambiente. Para ello, apostilló, resulta necesaria una financiación que debería haberse contemplado en la Estrategia Nacional para el Cambio Climático.

Por último, la titular de Medio Ambiente, quien subrayó los numerosos efectos perjudiciales que conlleva el calentamiento del planeta, concluyó afirmando que el cambio climático debe situarse como prioridad en la toma de decisiones de los empresarios, así como en la planificación económica de nuestro país.