El cultivo del lino en la región se ha multiplicado por 30 en cinco años. Con 35.850 hectáreas, en esta región se cultiva una tercera parte de

la superficie nacional.

La Consejería de Agricultura de Castilla-La Mancha ha decidido paralizar la tramitación de las ayudas de la PAC al cultivo del lino, unos 4.000 millones de pesetas, hasta que no se concluya la investigación abierta a raíz de la denuncia de la existencia de personas y sociedades instrumentales que se dedican a la caza de subvenciones.

El titular de este departamento, Alejandro Alonso, ha informado en rueda de prensa del incremento vertiginoso de la superficie de cultivo de lino, un producto que posteriormente no tiene salida en el mercado y cuya explotación se produce por personas o sociedades que, en muchos casos, no buscan la producción sino exclusivamente la subvención.

En Castilla-La Mancha desde 1955 no se cultivaba lino, hasta la campaña 1994-1995 en que se declararon 1.000 hectáreas. Esta superficie ha pasado a las 35.850 declaradas actualmente. El incremento en el número de hectáreas ha coincidido con una proliferación de sociedades instrumentales y titulares de expedientes de condición femenina. Asimismo se han establecido empresas transformadoras y certificadoras de la semilla.

Debido a este sistema, se da la circunstancia de que en muchos casos, unos agricultores ponen las tierras -arrendadas- y otras personas ponen la documentación necesaria para cobrar la subvención.

Precisamente en dos de las cuatro empresas que compran el lino, en Almoguera (Guadalajara) y Picón (Ciudad Real), se han registrado dos "incendios providenciales". Estas plantas transformadoras de lino son las únicas intermediarias en la compra de este producto.

Según el consejero no todos los agricultores pueden cumplir los requisitos para ser beneficiarios de las ayudas de la PAC , (120.000 pesetas por hectárea), sino sólo aquellos a los que las empresas antes citadas les firmen contrato de adquisición de semilla y de compra del lino producido, según unos baremos que fija la normativa comunitaria.

El consejero se ha referido a un escrito de la Comisión Europea de 28 de enero de 1999 dirigido al Ministerio de Agricultura y las comunidades autónomas en el que se alertaba sobre la proliferación en España de "cazasubvenciones" y pedía la adopción de las medidas correctoras oportunas.

La advertencia de la UE, el conocimiento de dichos incendios, y la publicación en los medios de comunicación del cobro de subvenciones millonarias por parte de altos cargos de la Administración central y sus familiares es lo que ha llevado a la Consejería a establecer controles adicionales sobre este cultivo y a abrir la correspondiente investigación para garantizar que quien recibe la subvención cumple con todo el proceso. Este control es bueno para el prestigio de los agricultores y para el de nuestro país en Europa.

La Consejería ha solicitado al Gobierno central la máxima colaboración en esta investigación y ha pedido que dé traslado de los hechos denunciados ante la UE para que se modifique la normativa, algo que sólo puede negociar el Gobierno central con la Comunidad Europea.

Alonso ha señalado que esta situación, legal pero inmoral, no se da de forma generalizada en todas las ayudas de la PAC y no todos los cultivadores de lino son "cazaprimas". En Castilla-La Mancha hay unos 1.000 agricultores perceptores de estas subvenciones.

"Hay -ha dicho el consejero- cultivadores que se han acercado a este programa de buena fe y cuando acabe esta investigación cobrarán las ayudas a que tengan derecho". La Consejería de Agricultura ha solicitado a la Unión Europea la prórroga del plazo previsto para el pago de estas ayudas.

A preguntas de los periodistas sobre las ayudas de que han sido objeto los altos cargos de la Administración central, el consejero ha informado que el ex director general del FEGA desde 1994 ha percibido 254 millones de pesetas y tiene pendiente de cobro 32 millones por la actual campaña.

En cuanto al delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, que comenzó a recibir subvenciones en 1995, ha cobrado hasta la fecha casi 57 millones de pesetas, y tiene pendiente de cobro 25 millones por la última cosecha.