El director general de la Función Pública, Cristóbal Gil, aseguró hoy que el proceso por el que el personal laboral de la Administración regional pasará a ser funcionario tiene como objetivo racionalizar los recursos humanos para prestar, desde la Administración, un mejor servicio a los ciudadanos.

El responsable regional de Función Pública ha ofrecido una rueda de prensa, acompañado por la secretaria general de FSAP-CC.OO, María Jesús Ortiz, y el secretario regional de acción sindical de ANPE, Juan Carlos Illescas, para dar a conocer los términos recogidos en el acuerdo del proceso de funcionarización y al que podrán acogerse, de forma voluntaria, los trabajadores laborales de la Administración autonómica.

El proceso de funcionarización afecta a un total de 1.750 plazas o puestos de trabajo y a catorce categorías profesionales, y podrá participar en dicho proceso el personal laboral de la Junta que tenga la condición de laboral fijo.

El director general de Función Pública destacó la importancia de este proceso, que supondrá una mejora en la organización de las personas que trabajan en la Administración regional, dado el importante número de trabajadores que ha sido transferido de otras administraciones y ahora tienen que integrarse en el modelo de gestión propio de la Junta de Comunidades.

La funcionarización del personal laboral responde al cumplimiento de un mandato legal y también se contemplaba en el acuerdo alcanzado entre la Administración y los sindicatos el 13 de enero de 2000, con vigencia para cuatro años, por el que las partes firmantes se comprometen a desarrollar los compromisos recogidos en dicho acuerdo.

Los representantes sindicales, presentes en la rueda de prensa, expresaron su satisfacción por el acuerdo alcanzado con la Administración, que además contempla la aportación de fondos, entre 85 y 88 millones, que supondrá un aumento salarial medio entre 50.000 y 100.000 pesetas, y prevé la promoción interna previa al proceso de funcionarización.