Julián Martínez Lizán ha resaltado que, “en ningún momento, los casi 1.500 viticultores que están regulados por esta Denominación de Origen se han sentido desamparados, puesto que la Administración y el Gobierno regional, a través de la Consejería de Agricultura, que ha estado actuando como órgano de gestión, ha estado velando durante estos casi cuatro años por los intereses del vino de Castilla-La Mancha en su faceta de producción, de comercialización y de elaboración, impulsando la promoción y la comercialización”.