La consejera de Fomento explica que con este decreto se va a regularizar la situación de las familias que no pueden hacer frente a los gastos de compraventa de viviendas con protección pública mediante un alquiler social que puedan pagar. En sentido inverso, también se permitirá que las familias que habitan en régimen de alquiler social puedan tener el legítimo derecho a pedir la compra de la vivienda.