La consejera de Obras Públicas ha valorado con cautela, ante la falta de notificación oficial al Gobierno de Castilla-La Mancha, la admisión a trámite por parte del Tribunal Constitucional del recurso planteado por la Administración nacional.

La consejera de Obras Públicas, Araceli Muñoz, ha afirmado hoy que el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno central a la Ley de Ordenación del Territorio y Actividad Urbanística de Castilla-La Mancha no afecta sustancialmente a este texto, ya que "por los datos que tengo, sólo se cuestiona cinco de los doscientos artículos de que consta la norma".

Araceli Muñoz no quiso profundizar en el contenido del recurso, que ha sido admitido a trámite por el Tribunal Constitucional, ya que "hasta la fecha, al Gobierno regional todavía no le ha sido notificada la interposición de este recurso y prefiero esperar a tenerla para valorar con detalle el mismo".

No obstante, y por las informaciones que al respecto han llegado a la Consejería, su titular aseguró que el recurso "no parece que pueda poner en peligro ni la operatividad, ni la eficacia de la Ley regional".

En este sentido, Muñoz manifestó que los artículos recurridos no afectan a lo fundamental de la Ley, ya que el recurso "lo que realmente pone en cuestión es la posibilidad de que los ayuntamientos, las administraciones locales, reciban del proceso de desarrollo urbanístico de sus pueblos el máximo posible de cesiones, tanto en dotaciones públicas como en aprovechamientos en unos determinados tipos de suelo, que no en todos".

"Ni siquiera -aclaró la consejera- nos discute el 10% del aprovechamiento urbano, ni nada por el estilo, sino que en determinados tipos de suelo para determinados tipos de propietarios, tengan unos beneficios y, por lo tanto, menos cargas de cesión a los ayuntamientos, sobre todo, en materia de dotaciones públicas (parques, jardines, suelos para institutos)".

Por tanto y en una primera impresión, Araceli Muñoz manifestó tener "la sensación de que este recurso obece más que nada a una respuesta del Gobierno nacional frente al recurso de inconstitucionalidad que el Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes nacionales interpuso contra la Ley 6/98 del Gobierno estatal".