Los Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para 2020, los primeros de la X Legislatura, van a girar en torno a una serie de objetivos básicos, que son la cohesión social, la competitividad, la generación de confianza empresarial, la creación de empleo y la sostenibilidad.

Esta nueva hoja de ruta contempla una serie de líneas estratégicas que hacen referencia a la modernización y al cambio del sistema productivo; al empleo y a la mejora del capital humano; a la economía del conocimiento; a la cohesión y desarrollo territorial integrador; al desarrollo sostenible; a la agricultura, agua y desarrollo rural; a la sociedad del bienestar; y, finalmente, a la lucha contra la despoblación, que cobrará especial importancia.

Además, la definición y desarrollo de los mencionados ejes estratégicos incorporará aspectos transversales como la perspectiva de género, la discapacidad y la digitalización.

Todos estos objetivos se van a desarrollar desde el diálogo social y, por supuesto, respetando el compromiso de congelar el esfuerzo fiscal y garantizando el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria.

La cohesión social, fundamentada en la prestación de unos servicios públicos de calidad que, a su vez, constituyan una red de protección eficaz a la ciudadanía contra las contingencias desfavorables que puedan producirse a lo largo de la vida, será el principal objetivo de los Presupuestos para 2020. No en vano, las principales dotaciones económicas irán destinadas a lo que se puede considerar como servicios fundamentales, esto es, educación, sanidad y servicios sociales.

Una de las herramientas clave para la consecución de los objetivos básicos marcados al principio de esta legislatura son las políticas de empleo. La creación de empleo, así como la mejora de la calidad del mismo siguen siendo cuestiones prioritarias.

En conclusión, los Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para 2020 garantizan la cobertura económica de las prioridades de la acción política del Gobierno regional, que se resumen en el blindaje y fortalecimiento de los servicios que configuran el Estado de bienestar, y en la contribución al sustento y reactivación de la actividad económica y el empleo. Todo ello, en un contexto de disciplina presupuestaria que ha de asegurar el cumplimiento de los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera exigidos en el marco normativo en el que se desenvuelve la presente ley.