Conforme a la Ley 14/2010, de 16 de diciembre de Servicios Sociales de Castilla-La Mancha, corresponde a la Consejería competente en materia de servicios sociales “Ejercer la tutela, la curatela y la defensa judicial, cuando dichas funciones sean encomendadas a la Comunidad Autónoma por la correspondiente resolución judicial, conforme a lo establecido en el Código Civil.”
 
La Ley 8/2021, de 2 de junio, por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo de las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica ha supuesto un hito en materia de derechos de las personas con discapacidad adaptando el ordenamiento jurídico español a la Convención de Nueva York sobre los derechos de las personas con discapacidad.
 
Tras la reforma legal, la Comisión de Tutela puede definirse como el de órgano interdepartamental, de carácter público, dependiente de la Consejería de Bienestar Social, al que se encomienda la prestación de las medidas de apoyo judicialmente adoptadas para el ejercicio de la capacidad jurídica de personas con discapacidad, residentes en Castilla-La Mancha, en los casos en exista un requerimiento judicial, por no existir familiares, o no considerarse éstos idóneos para asumir estos apoyos.
 
Para el ejercicio efectivo de esta función, la Consejería de Bienestar Social tradicionalmente ha optado por una fórmula de gestión indirecta del servicio público a través de convenios con fundaciones sin ánimo de lucro, de interés social y dedicadas a las diferentes problemáticas propias de las personas con discapacidad.
 
Actualmente estos acuerdos de colaboración se articulan mediante la concurrencia competitiva a la convocatoria subvencional anual, de la Dirección General competente en materia de Discapacidad, para el desarrollo de programas destinados al desempeño de las medidas judiciales de apoyo a las personas con discapacidad para el ejercicio de su capacidad jurídica.
 
Asimismo, el marco colaborativo con entidades privadas sin ánimo de lucro se complementa con el programa regional de apoyo a la capacidad jurídica de la Fundación Sociosanitaria de Castilla-La Mancha; entidad de carácter público que, en este ámbito, proporciona la asistencia necesaria a personas con trastorno mental grave, diagnóstico dual o conductas adictivas.
 
Los programas objeto de esta financiación implican la prestación de apoyos de carácter personal de forma continuada, a través de planes de intervención individuales diseñados atendiendo a los términos de la resolución judicial y teniendo en cuenta la voluntad y preferencias de la persona, desde la cercanía, el respeto y el conocimiento de la persona y de sus circunstancias individuales.