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Desde la Presidencia de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha se encarga a la Fundación Sociosanitaria de Castilla-La Mancha, la recuperación el Edificio Hospital del Rey de la capital castellano-manchega, para la puesta en marcha de un recurso sociosanitario avanzado para servicios especializados. Dicho inmueble está catalogado con categoría de monumento (“M”) en el Plan Especial del Casco histórico de Toledo. El inmueble sufrió una reforma integral entre los años 2007 y 2010, con el fin de mejorar las condiciones de la residencia de mayores que albergaba, adecuando sus dependencias según la normativa vigente de la Consejería de Bienestar Social.    Desde la recepción de las obras en 2011 por la Consejería de Bienestar Social,  el edificio permanece cerrado y con unas medidas de mantenimiento mínimas que fueron tomadas para paliar y atajar el deterioro continuo que estaba sufriendo. A lo largo de estos años ha sufrido un deterioro importante de humedades por capilaridad y condensación, levantado el parque industrial por goteras, rotura de vidrios, atascos en sumideros… que hacen preciso el valorar las reparaciones necesarias para que el edificio vuelva a estar operativo, así como adaptar el edificio a las normativas vigentes en materia de accesibilidad y del Documento Básico de Seguridad contra Incendios del Código Técnico de Edificación.     El objetivo que se pretende conseguir con la tramitación de este expediente es acometer las obras de reforma y adecuación del edificio denominado Hospital del Rey para la puesta en marcha de una Residencia comunitaria para persona con problemas de salud mental en Toledo. Dicha Residencia, se concibe como un recurso que presta un servicio residencial comunitario, con supervisión estable de 24 horas, para personas con enfermedad mental grave, con déficit en su autonomía personal y social, que o no cuentan con apoyo familiar o social, o que debido a circunstancias sociales o necesidades de su proceso de rehabilitación, requieren los servicios de este recurso.     El importe previsto de gasto para este expediente de contratación es de 624.144,00 €. 

Con fecha 28 de abril de 2011 la Dirección General de Desarrollo Rural concedió una ayuda por un importe de 426.028,58 € (de un presupuesto subvencionable de 1.989.587,75 €) a COLEFRUSE INTERNACIONAL, S.A., en adelante COLEFRUSE, para la ejecución del proyecto de inversión denominado “Ampliación y modernización de la planta industrial, Colefruse 2010”. Tras la presentación de la correspondiente cuenta justificativa se aprobó el 21/12/2015 el pago del importe justificado, que ascendía a 374.764,57 €.   En el ámbito de la fiscalización del Tribunal de Cuentas Europeo en el contexto de la declaración de fiabilidad relativa al ejercicio 2016 (DAS 2016), el órgano europeo consideró que en función de la documentación aportada por el interesado no quedaba acreditada la existencia de un único proveedor en relación con determinadas inversiones para la transformación de almendras, entendiendo también inexistente la moderación de costes en relación con el equipamiento informático subvencionado. En tal sentido, concluyó que la documentación aportada por el interesado y los controles administrativos de las ofertas, no permitieron acreditar la moderación de costes, estimando que se había percibido una ayuda para la adquisición de equipos cuyos costes no fueron comparados mediante 3 ofertas de proveedores independientes, por lo que debía descontarse la ayuda de dichos equipos. En virtud de la fiscalización del Tribunal de Cuentas Europeo se impuso a la solicitante un reintegro parcial por importe de 317.028,76 euros contra el que se impuso recurso contencioso administrativo.    En la demanda se argumenta que el procedimiento de reintegro sustanciado no resulta conforme a derecho, y ello, porque la resolución que se sustenta en el artículo 20.2 de la Orden de bases reguladoras y en el artículo 37.1.b) e i) de la Ley General de Subvenciones, sin que se den en el expediente los supuestos de hecho habilitantes referidos. Asimismo, afirma que el informe definitivo del Tribunal de Cuentas Europeo no puede constituir causa de reintegro.    En definitiva, considerando que se debería haber seguido el procedimiento establecido en el artículo 36 de la Ley General de Subvenciones, por concurrir una causa de invalidez de la resolución de concesión, que admitió como subvencionables unas inversiones, sin moderación de costes acreditada, y ello, porque tanto la documentación aportada por el interesado, como los controles administrativos de las ofertas no acreditaron que los costes de las inversiones estuvieran correctamente moderados, al concurrir en el acto de concesión un vicio de invalidez, el órgano concedente debió proceder a su revisión de oficio o, en su caso, a la declaración de lesividad y ulterior impugnación, tal y como preceptúa el artículo 36.3 de la ley citada.  

El Programa de Desarrollo Rural tenía un horizonte temporal referido al periodo 2014-2020, con una regla de gasto n+3 que permite realizar compromisos de gasto y ejecución de los mismos hasta el año 2023. No obstante, el Reglamento (UE) 2020/2220 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de diciembre, reglamento Transitorio de la Política Agraria Común (PAC) amplía el periodo de ejecución de los actuales Programas de Desarrollo Rural hasta el año 2022, realizando una nueva asignación financiera adicional a los Estados Miembros durante este periodo, y ampliando por tanto la ejecución hasta el año 2025.    Resulta necesario dotar a los Grupos de Acción Local de fondos para continuar con la ejecución de sus estrategias durante el periodo ampliado, para lo que se articula una tercera asignación que prevé repartir 43.500.000 euros imputables a la aplicación presupuestaria 21030000G/717A/7831H. La tercera asignación se financiará a través del Reglamento (UE) 2020/2094 del Consejo de 14 de diciembre, por el que se establece un Instrumento de Recuperación de la Unión Europea (IRUE) para apoyar la recuperación tras la crisis de la COVID-19. En todo caso, en el borrador de orden se ha incluido una condición suspensiva, que, si bien permitirá resolver sobre la tercera asignación y firmar la correspondiente adenda a los convenios, facultando también a los Grupos a efectuar sus correspondientes convocatorias, condiciona los actos enumerados a la aprobación de la modificación del Programa de Desarrollo Rural 2014-2020, sin que los grupos puedan resolver sus convocatorias hasta la aprobación de la modificación citada.   Al tratarse de una asignación por importe superior a 5.000.000 de euros, por analogía con el procedimiento seguido para la aprobación de la Orden 04-02-2016, de conformidad con el artículo 58.5.a) del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha, aprobado por Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre, corresponde al Consejo de Gobierno autorizar la misma, con carácter previo, a la aprobación del gasto, así como autorizar el gasto correspondiente a la tercera asignación a realizar a cada Grupo por ser de cuantía superior a 750.000 euros, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 de Ley 11/2020, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para 2021. 

La Comisión Europea, mediante su Decisión de Ejecución (UE) 2016/1059, de 20 de junio (Decisión Ad Hoc nº 51) excluyó de la financiación comunitaria determinados gastos efectuados por el Reino de España, por no ajustarse a las normas comunitarias, en relación con las debilidades encontradas en el marco de las ayudas por superficie debido a la inadmisibilidad de los pastos permanentes.     En aplicación del artículo 5.3 y de la Disposición adicional quinta apartado primero del Real Decreto 515/2013, de 5 de julio, por Acuerdo de Consejo de Ministros de 17 de febrero de 2017, se determinó que la responsabilidad del Organismo pagador de Castilla-La Mancha ascendía a 32.092.239,07 euros, en cuanto a la inadmisibilidad de los pastos permanentes. A instancia del Reino de España el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en la Sentencia T-459/16, de 29 de noviembre de 2018, anuló parcialmente la Decisión de ejecución (UE) 2016/1059. Teniendo en cuenta el sentido de la sentencia, la Comisión Europea publicó la Decisión de ejecución (UE) 2019/1835, de 30 de octubre de 2019 (Ad Hoc nº 61), en cuya virtud la corrección financiera total de FEAGA en relación con la inadmisibilidad de los pastos permanentes ascendía a 90.724.114,48 euros.   En virtud de la última decisión, se instruyó procedimiento de responsabilidad financiera que finalizó por Acuerdo de Consejo de Ministros de 24 de noviembre de 2020, imputando íntegramente la responsabilidad financiera al Organismo pagador de Castilla-La Mancha, por un importe de 17.264.910,04 euros.   La Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha presentó requerimiento previo frente al Acuerdo de Consejo de Ministros de 24 de noviembre de 2020, en base al artículo 44 de la Ley 29/1998, de 13 de junio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, solicitando la anulación del citado acuerdo, por no concurrir los supuestos para la imputación de responsabilidad financiera al Organismo pagador de Castilla-La Mancha y, subsidiariamente, para el caso de que no proceda la estimación de la primera pretensión, que a la vista de las sentencias del Tribunal Supremo nº 1538/2020, de 18 de noviembre de 2020, y nº 1563/2020, de 19 de noviembre de 2020, recaídas en recursos contencioso-administrativos interpuestos por las Comunidades Autónomas de Extremadura y Cantabria, se estime, al igual que en esos pronunciamientos, que la responsabilidad financiera era concurrente al 50% entre la Administración General del Estado y la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.   El Acuerdo de Consejo de Ministros de 20 de abril de 2021 estima parcialmente el requerimiento previo formulado, asumiendo la Administración General del Estado la existencia de responsabilidad concurrente entre las administraciones públicas implicadas, por lo que la corrección de las ayudas por superficie por la inadmisibilidad de los pastos permanentes, se cuantifica para Castilla-La Mancha en 8.632.455,02 euros, asumiendo el 50% restante la Administración General del Estado.   Al superar el importe de gasto la cifra de 750.000 euros, se precisa la autorización del Consejo de Gobierno, según dispone el artículo 21 de la Ley 11/2020, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-la Mancha para 2021, por lo que procede la elevación del expediente al citado órgano.

El Consejo de Gobierno autoriza la prórroga del programa temporal para el nombramiento de 8 enfermeros/as (técnicos/as sanitarios/as) de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes para la gestión de casos sospechosos o confirmados por infección de SARS-COV-2 en centros educativos, durante el periodo comprendido entre el 1 de julio y 30 de diciembre de 2021.

 

El coste del programa asciende a 146.088,48 euros, incluido coste seguridad social, con cargo a la partida presupuestaria 18.04.421A.1* FPA 0001125 y anualidad del 2021.

 

El Consejo de Gobierno aprueba la creación del Centro Integrado de Formación Profesional “Nº 1”, que se adscribe a la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, y queda inscrito en el Registro General de Centros con el código con el código 16010042.    Inicialmente la oferta de enseñanzas es la siguiente:    a) Enseñanzas de Formación Profesional del sistema educativo correspondientes a las siguientes familias profesionales: Electricidad y Electrónica, Hostelería y Turismo, e Instalación y Mantenimiento.   b) Formación Profesional para el empleo. Se impartirán acciones formativas de inserción, reinserción laboral y formación permanente en el ámbito de las mencionadas familias profesionales.   Enlaces relacionados:   Acuerdo de 15/06/2021, del Consejo de Gobierno, por el que se crea el Centro Integrado de Formación Profesional Número 1 en la localidad de Cuenca, por desglose del Instituto de Educación Secundaria San José del mismo municipio.

 

Persistiendo la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, la adopción de medidas por parte de los órganos de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para hacer frente a la misma justifica la necesidad de actuar de manera inmediata al amparo de lo previsto en el artículo 120 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP en adelante).    Al amparo de ello, las declaraciones de emergencia en contrataciones realizadas por la Consejería de Bienestar Social para hacer frente al COVID-19, en el ámbito de sus competencias, los días 2 de marzo y 21 de abril de 2021, son las siguientes:    1. Acuerdo de fecha 2 de marzo de 2021, de la Secretaría General, por el que se contratan los servicios de 10 plazas residenciales para la atención de personas afectadas por COVID-19 en la Residencia de mayores de gestión privada “EMERA” en Guadalajara, durante 60 días, del 2 de marzo al 30 de abril de 2021, ambos días incluidos. Importe: 39.898,56 € (IVA incluido al 4%). Adjudicatario: WSENIOR ASISTENCIA INTEGRAL 1, S.L. Partida presupuestaria: 27049900G/313D/24502 (FPA0001125).   2. Acuerdo de fecha 21 de abril de 2021, de la Secretaría General, por el que se contratan los servicios de 20 plazas residenciales para la atención de personas afectadas por COVID-19 en la “Residencia de Mayores Villacañas” en Villacañas (Toledo), durante 30 días, del 21 de abril al 20 de mayo de2021, ambos días incluidos. Importe: 39.898,56 € (IVA incluido al 4%). Adjudicatario: CENTRO TERCERA EDAD SAN BARTOLOMÉ, S.L. Partida presupuestaria: 27049900G/313D/24502 (FPA0000001125).

 

El Consejo de Gobierno acuerda autorizar:    Primero: La suscripción del “Convenio entre la Consejería de Desarrollo Sostenible y la Diputación Provincial de Guadalajara, para la ejecución de las operaciones de la submedida 8.3 del Programa de Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha “Prevención de daños causados a los bosques por incendios, desastres naturales y catástrofes” en lo que respecta a actuaciones de mantenimiento y adecuación de caminos para la prevención de incendios forestales en la provincia de Guadalajara”.    Segundo: La “Orden de encargo de la Consejería de Desarrollo Sostenible a la empresa de Transformación Agraria S.A., S.M.E., M.P. (Tragsa) para las obras de “Mantenimiento y adecuación de caminos para la prevención de incendios forestales en la provincia de Guadalajara”, encuadradas en la submedida 08.3 del programa de desarrollo rural de Castilla-La Mancha 2014-2020”, derivada del convenio arriba referenciado, y el gasto de la Consejería de Desarrollo Sostenible por importe global de tres millones trescientos setenta mil ochocientos siete euros con cincuenta y cinco céntimos (3.370.807,55 €), correspondiente a la citada orden de encargo.    Enlaces relacionados:   Resolución de 13/07/2021, de la Secretaría General, por la que se dispone la publicación del convenio de colaboración entre la Consejería de Desarrollo Sostenible y la Diputación Provincial de Guadalajara, para la financiación de las actuaciones de mantenimiento y adecuación de caminos para la prevención de incendios forestales en Guadalajara.

El Consejo de Gobierno acuerda aprobar Decreto por el que se crea y regula la Comisión de Educación Ambiental de Castilla-La Mancha y disponer su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha. 

 

Enlaces relacionados:

 

Decreto 70/2021, de 8 de junio, por el que se crea y regula la Comisión de Educación Ambiental de Castilla-La Mancha.

El Consejo de Gobierno acuerda aprobar la modificación del “Programa temporal para la incorporación de un técnico/a en el servicio de programas de fomento energético de la Dirección General de Transición Energética de la Consejería de Desarrollo Sostenible con cargo al fondo finalista 0000000715 (FONDO MOVES II)” a efectos de incorporar personal  técnico cuyo nombramiento tendrá una vigencia coincidente con la inicial del programa temporal, por lo que se extenderá hasta el día 10 de febrero de 2022, sin perjuicio de las posibles prórrogas por periodos de igual o distinta duración.     El coste máximo total de la modificación del programa temporal, se estima en la cantidad de 25.417,68 €.