El Consejo Europeo de julio de 2020 acordó un paquete de medidas de amplio alcance, con el fin de abordar la situación generada en el ámbito europeo con motivo de la pandemia internacional provocada por la COVID-19, que ha supuesto un esfuerzo sin precedentes con el planteamiento innovador de impulsar la convergencia, la resiliencia y la transformación en la Unión Europea, culminando con la puesta en marcha de un Instrumento Europeo de Recuperación “Next Generation EU”, que contribuirá a reparar los daños económicos y sociales inmediatos causados por la pandemia, canalizándose por diversas vías, entre las que destaca como elemento central el “Mecanismo Europeo de Recuperación y Resiliencia” (MRR), dotado para el conjunto de la Unión Europea con 672.500 millones de euros en préstamos y subvenciones disponibles para apoyar las reformas e inversiones emprendidas por los países de la Unión Europea, con el objetivo de mitigar el impacto económico y social de la pandemia de coronavirus, y de transformar el modelo económico y social europeo hacia otro más sostenible, resiliente y mejor adaptado a los retos y las oportunidades de las transiciones ecológica y digital.
En este contexto, el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (en adelante, PRTR) se ha configurado como el programa promovido por el Reino de España orientado a mitigar los impactos de la Pandemia a nivel nacional, así como a transformar el modelo económico español.
El Reglamento (UE) 241/2021 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, ha impuesto a los estados miembros una serie de obligaciones, relativas a la protección de los intereses financieros de la Unión Europea, en su condición de beneficiarios de fondos del MRR, entre las que destaca a los efectos del presente Acuerdo, la obligatoriedad de que toda entidad decisora o ejecutora participante en la ejecución de las medidas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia disponga de un Plan de Medidas Antifraude.
La Orden HFP/1030/2021 de 29 de septiembre, del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas ha configurado un sistema de gestión homogéneo del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), aplicable a todas las Entidades que integran el sector público, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, estableciendo asimismo los procedimientos e instrumentos necesarios para asegurar la coordinación y el seguimiento del PRTR.
En este contexto, Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, en su condición de entidad ejecutora del PRTR, debía contar con un Plan de Medidas Antifraude, aplicable a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y su personal público, así como a aquellas entidades y personas beneficiarias privadas, socios, contratistas y subcontratistas, que perciban fondos o ejecuten actuaciones del PRTR. El mismo fue aprobado por Consejo de Gobierno en reunión de 8 de febrero de 2022.
Posteriormente, como consecuencia de la aprobación de la Orden HFP/55/2023, de 24 de enero, relativa al análisis sistemático del riesgo de conflicto de interés en los procedimientos de ejecutan el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y de la nueva estructura regulada mediante el Decreto 68/2023, de 9 de julio, por el que se establece la estructura de la Administración Regional, fue aprobada una actualización del Plan de Medidas Antifraude por Consejo de Gobierno en reunión de 31 de octubre de 2023.
En este contexto, la aprobación de la Ley 4/2024, de 19 de julio, de Integridad Pública de Castilla-La Mancha, hace necesaria su inclusión Plan de Medidas Antifraude de Castilla-La Mancha, como normativa autonómica de referencia en materia de conflicto de intereses y requiere además, la actualización de los sistemas de comunicación configurados en el marco de la Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción.
Así mismo, a consecuencia del Real Decreto 829/2023, de 20 de noviembre, por el que se restructuran los departamentos ministeriales y de la Ley 1/2024, de 15 de marzo, de Medidas Administrativas y de Creación de la Agencia de Transformación Digital, se requería una actualización de las entidades decisoras, órganos ejecutores y subproyectos del mismo.
Finalmente, el Plan de Medidas Antifraude recoge en su apartado octavo la necesidad de revisar y actualizar el Plan de manera periódica.
En virtud de todo ello, la presente propuesta de actualización recoge las siguientes modificaciones con respecto al Plan actual de Medias Antifraude:
- Incorporación de normativa autonómica de referencia en materia de cultura de lucha contra el fraude y los conflictos de intereses, en concreto, la Ley 4/2024, de 19 de julio, de Integridad Pública de Castilla-La Mancha y la Ley 7/2021, de 3 de diciembre, de la Cámara de Cuentas de Castilla-La Mancha.
− Actualización de los canales de denuncia (sistema de comunicación) del Plan, en virtud de la Ley 4/2024, de 19 de julio, de Integridad Pública de Castilla-La Mancha, la cual centraliza en la Oficina de Integridad, la gestión del canal interno de alertas y además, se incorpora el canal externo de información del Consejo Regional de Transparencia y Buen Gobierno, que ejercerá las funciones atribuidas por la Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción.
- Actualización de referencias normativas y de órganos de la estructura administrativa.
- Adaptación de determinados aspectos derivada de los informes realizados por la Intervención General en las auditorías de los sistemas de gestión y control del PRTR.
- Puntualización de aspectos organizativos de las Unidades de Coordinación y Seguimiento.
- Actualización del Anexo I “Órganos ejecutores”, del Anexo V “Herramientas de autoevaluación. Catálogo de riesgos JCCM”, del Anexo VI “Catálogo de banderas rojas JCCM” y del Anexo VII “Catálogo de verificación de medidas antifraude”.
Enlaces relacionados:
Plan de Medidas Antifraude de la Junta de Comunidades de Castilla-la Mancha.