Toledo, 15 de mayo de 2018.- El vicepresidente segundo del Gobierno regional, José García Molina, ha comparecido ante la Comisión de Asuntos Generales en las Cortes de Castilla-La Mancha para presentar el primer borrador del Acuerdo Estratégico para la Paz y la Convivencia en la región; elaborado tras mantener reuniones con organismos y entidades europeas, nacionales y regionales en el ámbito de la sociedad civil, autoridades religiosas, fuerzas y cuerpos de seguridad del estado y el tercer sector.
 
Un documento sobre el que ya existe un “preacuerdo social”, ha declarado el vicepresidente segundo a los medios antes de dar comienzo la comisión; “sobre una temática que no podemos ignorar por más tiempo”. Desde 2005, ha recordado García Molina, “Europa nos está diciendo, a través de su estrategia de lucha contra el terrorismo, que tanto los países miembros como las regiones, e incluso en el ámbito local, tenemos que ir dando pasos para atajar un problema que se ha hecho demasiado presente desafortunadamente en nuestras sociedades”.
 
En España, “aunque nos hemos sumado tarde”, en 2015 se aprobó finalmente el Plan Estratégico Nacional de Lucha contra la Radicalización Violenta por el que se insta “desde todos los ámbitos, el regional y el local, a colaborar en la creación de instrumentos, plataformas y discursos que nos ayuden a prevenir este fenómeno de la radicalización violenta que puede acabar degenerando en terrorismo”.
 
Por eso, este Acuerdo Estratégico para la Paz y la Convivencia en Castilla-La Mancha ha sido presentado hoy a los grupos parlamentarios para que realicen sus aportaciones, y posteriormente será presentado también al resto de fuerzas políticas de la región, “tengan o no representación parlamentaria”, para que se sumen a él. Porque esta tarea, ha concluido García Molina, precisa que sea aprobada por unanimidad: “Y a partir de ahí, desde esa unanimidad frente a una problemática seria y que ya es acuciante en la Unión Europea, nuestra idea es diseñar un Plan”. Un plan, como ya se ha hecho en otras comunidades autónomas de España, “que ayude en la lógica de la prevención”.
 
Porque “de la misma manera que estamos hablando de garantías ciudadanas en temas que tienen que ver con las condiciones de vida, también queremos hablar de garantías ciudadanas cuando se trata de crear una sociedad mejor de acuerdo a los valores democráticos, a los principios democráticos y, por supuesto, a los derechos humanos”.