La orden tiene por objeto establecer el funcionamiento de la Caja General de Depósitos y Garantías de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, regulada en el artículo 84 del Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha y también determina las distintas formas de garantías, las modalidades de depósitos, así como los procedimientos para su constitución, cancelación, incautación y prescripción.
Así mismo,  establece el régimen jurídico que es de aplicación  a los depósitos y garantías constituidos en el ámbito de la administración regional de Castilla-La Mancha y se pone fin a las dudas de interpretación que generaba la aplicación supletoria de la normativa del Estado, concretándose también los órganos competentes para acordar la incautación o devolución de las garantías. Con esta norma se pretende avanzar en un modelo de interacción entre los distintos sujetos intervinientes en el proceso de constitución, gestión y liquidación de garantías basado en el dato y la tramitación digital y no en el documento físico.
La Caja General de Depósitos y Garantías es una unidad administrativa que actúa, de manera desconcentrada territorialmente, en las delegaciones provinciales de la consejería competente en materia de hacienda, siendo imprescindible una adecuada gestión de la misma, para garantizar el funcionamiento óptimo de la administración regional en competencias tales como, la contratación pública, las subvenciones, las expropiaciones y la recaudación tributaria, entre otras.