La consejera de Industria y Trabajo, Araceli Muñoz, afirmó, respecto a la liberalización de los horarios comerciales, que “el PP pretende reeditar el sistema feudal en la economía: pocos señores y muchos siervos” y denunció que el “Gobierno del PP desprecie, como reconoce su portavoz, la constitucionalidad de sus leyes”.

El Gobierno regional ha decidido presentar recursos de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional contra los tres reales decretos liberalizadores de suelo, ITV’s y horarios comerciales aprobados por el Gobierno central, al considerar que se invaden las competencias estatutarias establecidas para la comunidad autónoma y tras disponer del previo dictamen del Consejo Consultivo.

Así lo anunció hoy el consejero de Presidencia, Isidro Hernández Perlines, durante la rueda de prensa para informar de los acuerdos adoptados por el Consejo de Gobierno, en la que estuvo acompañado por la consejera de Industria y Trabajo, Araceli Muñoz.

Respecto al recurso contra el Real Decreto sobre liberalización de horarios comerciales, Araceli Muñoz manifestó que incumple los preceptos de la Carta Magna y, además, resulta muy pernicioso para los intereses y el empleo del sector de los pequeños y medianos comerciantes.

La consejera aseguró que este Real Decreto es “inconstitucional tanto en la forma como en el fondo. En la forma, porque no existen las razones ni de urgencia ni de necesariedad extraordinaria para que se haya dictado por vía de Real Decreto y, en el fondo, porque está haciendo un abuso y desfiguración del marco competencial que establece la Constitución en el reparto de competencias a las comunidades autónomas”.

Según la consejera de Industria y Trabajo, “el PP pretender reeditar el sistema feudal en la economía española: con pocos señores y muchos siervos. Este Decreto sólo persigue acumular todo el poder económico y los beneficios, en manos de los grandes capitales, despreciando los intereses de un sector tan importante como es el comercio minorista, que sólo en Castilla-La Mancha emplea a más de 80.000 personas”.

En este sentido, añadió que “si se aplica esta liberalización, difícilmente podrá sobrevivir y muchos comercios se verán obligados a cerrar sus puertas”.

Muñoz, que manifestó su esperanza en que el Tribunal Constitucional actúe con rapidez en este caso “para evitar que se produzcan daños irreparables”, denunció el talante “antidemocrático y prepotente de que ha hecho gala el Gobierno de Aznar en este asunto”.

En su opinión, “a la falta de diálogo demostrada el Gobierno central en este caso, dictando una norma de forma unilateral y sin ningún tipo de consulta con el sector ni con las comunidades autónomas, se une la desfachatez de su portavoz, que no ha tenido empacho en reconocer, literalmente, que para el PP es más importante la económica que la constitucionalidad de las normas que elabora”.

Muñoz apuntó que se trata de “una opinión que, lamentablemente, está lejos de lo que debe ser el talante democrático que requiere el Gobierno de nuestro país”.

Suelo

El recurso que el Gobierno de Castilla-La Mancha presentará contra el artículo 1 del Real Decreto Ley de medidas urgentes de liberalización en el sector inmobiliario y del transporte también se base en la invasión de competencias de la comunidad autónoma.

Además, el consejero de Presidencia afirmó que “entendemos que la modificación que se establece de la Ley del suelo en este Real Decreto significa que puede dar lugar a una situación de caos de los planeamientos urbanísticos y de caos en la forma de configurar los pueblos y ciudades de Castilla-La Mancha.

Concretando más, Hernández Perlines manifestó que el Real Decreto “establece la posibilidad de hacer construcciones de viviendas residenciales y de otro tipo en zonas sin sujeción a planeamiento urbanístico, así como en zonas que pueden tener especial interés desde el punto de vista de ordenación del territorio”.

Para el consejero, “el desarrollo urbanístico tiene que ser ordenado, planificado y no a saltos. Además, con un respeto escrupuloso a la ordenación del territorio, al medio ambiente y a la reserva de actividades agrícolas, ganadera e industriales”.

Otros acuerdos del Consejo de Gobierno

Durante la rueda de prensa, Hernández Perlines también informó de otros acuerdos que también fueron aprobados por el Consejo de Gobierno, como la inversión de más de 1.065 millones de pesetas para el tratamiento de residuos urbanos en la zona de Talavera de la Reina (Toledo).

Concretamente, este gasto permitirá la construcción del Centro de Tratamiento de Residuos Urbanos de Talavera de la Reina y las estaciones de transferencia de las localidades de Oropesa y Alcaudete de la Jara.

Estas instalaciones darán servicio al Área de Gestión nº 8 “Talavera”, que incluye 71 municipios con un total de 140.000 habitantes y produce 55.000 toneladas anuales de residuos.

Según el consejero, esta actuación se une a las que, a través del Plan de Gestión de Residuos Sólidos Urbanos de Castilla-La Mancha, viene realizando el Gobierno regional lo que permite afirmar que “en dos o tres años podremos finalizar el sistema de gestión de residuos en la comunidad autónoma”.

Incendios y vehículos

Con los cuatro convenios que la Consejería de Administraciones Públicas firmará con las diputaciones provinciales de Albacete, Ciudad Real, Cuenca y Guadalajara “se pretende colaborar en el desarrollo de la capacidad operativa de los servicios provinciales contra incendios de Albacete y Ciudad Real y contribuir a la puesta en funcionamiento de estos servicios en las provincias de Cuenca y Guadalajara”, según destacó el consejero de Presidencia.

Estos convenios, que se firmarán en las próximas semanas, suponen una inversión de 180 millones de pesetas por parte del Gobierno regional. Mientras que la firma del convenio con la Diputación de Toledo queda pendiente de la definición del futuro modelo de servicio provincial contra incendios en el que actualmente trabaja esta corporación.

A propuesta de la Consejería de Sanidad, el Consejo de Gobierno autorizó un gasto de 120 millones de pesetas para la adquisición de 50 vehículos para centros de Atención Primaria y servicios oficiales de Salud Pública.

Estos vehículos son utilizados por los profesionales sanitarios, fundamentalmente, en casos de urgencia para prestar asistencia sanitaria a aquellos ciudadanos que estén adscritos a su Centro de Salud y su adquisición pone de manifiesto el compromiso del Gobierno regional con la asistencia sanitaria que se presta a los castellano manchegos.

Hernández Perlines también se refirió a la aprobación del Decreto por el que se delegan competencias en materia de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas al Ayuntamiento de Albacete.

El Gobierno regional aprobó en el año 1998 un Decreto que permitía transferir a los Ayuntamientos de la Región de más de 10.000 habitantes y a las Mancomunidades competencias que venían desempeñando las Comisiones de Saneamiento, con el objeto de acercar los servicios a los ciudadanos y agilizar las respuestas a sus demandas.

Con el Ayuntamiento de Albacete y según informó el consejero de Presidencia, son ya nueve los municipios que han obtenido esta delegación de competencias: Villarrobledo y Hellín (Albacete); Bolaños de Calatrava, Daimiel y Manzanares (Ciudad Real); Guadalajara capital; Talavera de la Reina (Toledo) y Toledo capital.

Para Hernández Perlines, “la experiencia hasta el momento de estas iniciativas ha confirmado una mayor agilidad de las gestiones que realizaba la Comisión de Saneamiento”.