El Plan Integral de Acción para Personas con Discapacidad prevé la inversión de casi 10.000 millones de pesetas hasta el año 2003, en la integración social, laboral y escolar, así como la en la salud de las personas de Castilla-La Mancha con alguna minusvalía.

El consejero de Bienestar Social, Tomás Mañas, destacó hoy que la integración social y la tutela efectiva de las personas con discapacidad son los objetivos prioritarios del Plan Integral de Acción para Personas con Discapacidad en Castilla-La Mancha, que ha presentado esta mañana en las Cortes regionales.

Casi 10.000 millones de pesetas invertirá la Consejería de Bienestar Social en el desarrollo de este Plan Integral, cuyo horizonte ha sido fijado en el año 2003. Actualmente, en Castilla-La Mancha viven 291.000 personas con algún tipo de discapacidad (física, psíquica o sensorial), es decir el 17% de la población regional.

Este porcentaje supera en 2 puntos la media nacional, debido, fundamentalmente, al envejecimiento que registra la población castellano-manchega.

Durante su intervención ante la Comisión de Bienestar Social del Parlamento regional, Tomás Mañas ha realzado especialmente la inserción social de estas personas a través del trabajo. En este sentido, el consejero indicó que “el empleo se convierte en el instrumento más potente de la integración social”, capaz de asegurar la normalización de la relación de esa persona con su entorno.

En este sentido, apuntó que una de las piezas claves para alcanzar la meta de la integración laboral es la formación. Así, según el Plan Integral, la Consejería invertirá en este área más de 2.200 millones de pesetas.

Actualmente, la Junta de Comunidades está realizando un importante esfuerzo, dado que se encuentran funcionando 56 centros ocupacionales concertados con la Administración regional, además de otros dos propios, en los que se forman más de 2.000 personas. Para este año, además, está prevista la puesta en marcha de otras 117 plazas en este tipo de instalaciones.

El otro punto clave del Plan Integral es la seguridad que se les ofrece a las familias de personas con discapacidad, ya que éstas nunca se encontrarán desprotegidas.

En este sentido, Mañas se comprometió con estas familias, durante su comparecencia en la Comisión, a que “cuando ellos no estén, estará la Junta de Comunidades, es decir, la voluntad solidaria de todos los ciudadanos de Castilla-La Mancha” para cuidar y velar por la salud y el bienestar de las personas con discapacidad.

En este apartado, señaló que la Consejería cuenta en estos momentos, tanto en centros propios como concertados, con un total de 514 plazas para discapacitados con buen nivel de autonomía; mientras que para personas gravemente afectadas existen 519 plazas en toda la región.

El Plan Integral de Acción para Personas con Discapacidades nace de la Ley de Solidaridad y la Ley de Servicios Sociales de Castilla-La Mancha y tiene como fines, entre otros, la promoción de medidas específicas de apoyo a las personas con minusvalías, facilitar la inserción social a través del acceso a la educación y al trabajo, mejorar la accesibilidad en el entorno físico y social y promover la coordinación institucional.

Dicho Plan se organiza en cinco áreas de actuación: la integración en la comunidad, la integración laboral, la integración escolar, la salud y los programas transversales, que se están desarrollando de manera conjunta.