La consejera de Empleo y Economía del Ejecutivo regional, Carmen Casero, ha destacado hoy la agenda social de la presidenta Cospedal y su compromiso con la discapacidad, poniendo como ejemplo que en Castilla-La Mancha se ha elevado a rango de ley la defensa de las personas con discapacidad.
 
En este sentido, la consejera ha explicado que la Ley de garantía de los derechos de las personas con discapacidad de Castilla-La Mancha tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de decenas de miles de personas, así como el bienestar de sus familias, lo que a su juicio es un asunto de “justicia social”.
 
Durante el acto de presentación del programa “Juntos somos capaces”, que ha tenido lugar hoy en Ciudad Real, organizado por la Fundación Mapfre, Casero ha firmado un convenio de colaboración con esta institución para seguir promoviendo la inserción de personas con discapacidad intelectual y/o mental en Castilla-La Mancha.
 
El objetivo es que en 2015 haya en nuestra región al menos medio centenar de empresas adheridas a este programa y comprometidas con el empleo de las personas con algún tipo de discapacidad, con el objetivo de “seguir avanzando en la igualdad real de derechos y obligaciones”.
 
La consejera de Empleo y Economía, acompañada por la alcaldesa de Ciudad Real, Rosa Romero, el director del Área de Acción Social de Fundación Mapfre, Fernando Garrido, el presidente de la CECAM, Ángel Nicolás, el presidente de FEAPS Castilla La Mancha, Luis Perales y su homóloga de FEAFES Castilla La Mancha, Mari Carmen Navarro, ha insistido en que “es fundamental que entre todas las administraciones sigamos impulsando la integración laboral de los discapacitados ya que, como reza el título de esta presentación, entre todos somos capaces”.
 
Como ejemplo de ese compromiso del Gobierno de la presidenta Cospedal en esta materia, Casero ha recordado la orden de ayuda a nuestros centros especiales de empleo, “a los que se ha destinado en la presente legislatura más de 45 millones de euros, incluidos los 13,5 millones que el anterior Gobierno socialista no pagó pese a tratarse de un colectivo prioritario”.
 
Asimismo, ha destacado la aprobación ayer por parte del Consejo de Gobierno de la convocatoria de ayudas económicas -por valor de 2,3 millones de euros- para programas específicos para la formación de personas con necesidades formativas especiales o que tengan dificultades para su inserción o recualificación profesional en el mercado laboral.
 
Carmen Casero también ha recordado el programa de ayuda a la contratación de personas con discapacidad, dotada con 860.000 euros, que concede un mínimo de 3.907 euros por cada contrato indefinido que se realice a personas de este colectivo.
 
Por último, “ha incidido en que sólo con el trabajo conjunto de toda la sociedad de Castilla-La Mancha seremos capaces de avanzar de forma real, eficiente y definitiva en la igualdad social y laboral”.