La Ley de Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para 2021 pretende ser el vehículo fundamental para mitigar los efectos negativos de la pandemia provocada por la COVID-19 en la región, no solo en el ámbito sanitario, sino también en el económico y social. Con estas cuentas, se intensifica el esfuerzo que viene realizando el Gobierno regional en la lucha contra el coronavirus, que ha permitido que Castilla-La Mancha se sitúe como la comunidad autónoma con mayor gasto sanitario asociado a la COVID-19 en relación a su renta.
 
Unas cuentas que tienen como objetivos prioritarios reforzar el sector público, fortaleciendo el Estado del Bienestar; atender a los sectores más vulnerables e impulsar la modernización administrativa, así como avanzar en la lucha contra la despoblación y el declive demográfico, y apostar por la inclusión social y la igualdad de oportunidades. 
 
También tienen como finalidad reactivar la actividad económica de la región, apoyando a los sectores más afectados por esta crisis, para recuperar la senda del crecimiento de la riqueza y el empleo, al tiempo que se impulsa una transformación de la economía de Castilla-La Mancha, acelerando la transformación digital, promoviendo la sostenibilidad medioambiental e impulsando la modernización de los sectores productivos.
 
La Ley, diseñada para cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible marcados por la Agenda 2030, canalizará los fondos de recuperación, transformación y resiliencia procedentes de Europa, que se orientarán, preferentemente, a robustecer los servicios públicos fundamentales, especialmente sanidad y educación; incentivar la transformación digital, la sostenibilidad ambiental, la innovación y la digitalización en Castilla-La Mancha; y promover la modernización y digitalización del tejido empresarial de la región. Estos objetivos se van a desarrollar desde el diálogo social y preservando la estabilidad y sostenibilidad de las finanzas públicas.
 
En conclusión, la Ley de Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para 2021 garantiza la cobertura económica de la acción política del Gobierno regional y tendrá como prioridades reforzar los servicios públicos fundamentales, minimizar el impacto de esta crisis en los sectores más afectados, facilitar la reactivación de la actividad económica y el empleo y acometer la necesaria transformación de la estructura productiva de la comunidad autónoma.