El Gobierno de Castilla-La Mancha exige “responsabilidades” al PP por el presunto fraude de hasta 600 millones de euros de la desaladora de Escombreras (Cartagena), tal y como refleja el Informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional (UDEF), que se encuentra tramitado en el Juzgado de Murcia, y que el consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo ha calificado de “pelotazo”.