Como consecuencia de la crisis provocada por la COVID -19, la Comisión Europea acordó en el año 2020 un paquete excepcional de medidas de recuperación temporal denominado Next Generation EU, dotado con 750.000 millones de euros para el conjunto de los Estados miembro de la Unión Europea, con el fin de garantizar una respuesta europea coordinada para hacer frente a las consecuencias económicas y sociales de la pandemia.
 
Este paquete contempla tanto fondos adicionales para políticas existentes como nuevos instrumentos creados ad hoc. Entre los nuevos instrumentos, el de mayor volumen es el Mecanismo para la Recuperación y la Resiliencia (MRR), dotado con 672.500 millones de euros, que se ejecutará en régimen de gestión directa por la Comisión Europea, en virtud de lo previsto en el Reglamento (UE) nº 2021/241 del Parlamento y del Consejo de 12 de febrero de 2021 por el que se establece el MRR.
 
 
Sobre la base del MRR, cada Estado miembro ha elaborado sus propios planes de recuperación, como parte de sus programas nacionales de reforma. En el caso de España, el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), se aprobó por la Comisión Europea en junio de 2021.
 
En su aplicación, la Comisión Europea es directamente responsable de todas las etapas de ejecución de los programas nacionales aprobados en el marco del MRR. No obstante, los Estados miembro deben adoptar todas las medidas adecuadas para proteger los intereses financieros de la Unión y velar porque la utilización de los fondos en relación con las medidas financiadas por el MRR se ajuste al Derecho europeo y nacional.
 
Para ello, el Gobierno nacional adoptó el Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y la posterior Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
De acuerdo con la mentada Orden, todas las entidades púbicas que participen en la ejecución del PRTR deben disponer de un “Plan de medidas antifraude”, al objeto de que los fondos de recuperación se utilicen de conformidad con las normas aplicables, en particular, en lo que se refiere a la prevención, detección y corrección del fraude, la corrupción y los conflictos de intereses.
 
En su virtud, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, como entidad ejecutora del PRTR  en Castilla-La Mancha, ha elaborado un Plan de Medidas Antifraude, aprobado por el Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha en su reunión de 8 de febrero de 2022,  mediante el cual regula y expone su estrategia de integridad pública y lucha contra el fraude y ofrece un conjunto de medidas concretas dirigidas a las personas y unidades intervinientes en la gestión y control de los subproyectos y actuaciones aprobados en el ámbito autonómico dentro de los distintos Componentes y Medidas del PRTR.
El Plan de Medidas Antifraude de Castilla-La Mancha es de aplicación a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y, por ende, al conjunto del personal público al servicio de la Administración y del Sector Público Institucional. Asimismo, en el grado en que corresponda, será de aplicación a entidades y personas beneficiarias privadas, socios, contratistas y subcontratistas, que perciban fondos o cuyas actuaciones sean financiadas con fondos públicos provenientes de subproyectos y actuaciones del PRTR.
 
Por lo indicado, se incorpora el Acuerdo de Consejo de Gobierno, de 8 de febrero de 2022, por el que se aprueba el Plan de Medidas Antifraude de la Junta de Comunidades, y se suscribe la declaración institucional de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, relativa a su compromiso en la lucha contra el fraude, incluida en el Plan como Anexo II.