DG de Salud Pública

Consulta pública sobre la elaboración de un decreto que regule los códigos de buenas prácticas en materia de consumo.

 
 

  1. Problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa.

 
 
La entrada en vigor el 1 de mayo de 2019 de la Ley 3/2019, de 22 de marzo, del Estatuto de las Personas Consumidoras en Castilla-La Mancha hace necesario su desarrollo reglamentario en múltiples ámbitos o aspectos, tal y como dispone su Disposición final primera, entre los que se encuentra la promoción y elaboración de los códigos de mejores prácticas  en materia de consumo.
 

  1. Necesidad y oportunidad de su aprobación.

 
 
La Ley 3/2019, de 22 de marzo, del Estatuto de las Personas Consumidoras en Castilla-La Mancha prevé en su artículo 3.16 como “principio informador de actuación: Buenas Prácticas” que “la Consejería en materia de consumo promoverá la adopción de códigos de mejores prácticas, como instrumento de autorregulación empresarial para mejorar la defensa de las personas consumidoras, la disciplina del mercado y el aseguramiento del cumplimiento de los requisitos de seguridad en los productos que comercialicen. En la elaboración de estos códigos deben participar, garantizando la paridad, personas representantes de las organizaciones de personas consumidoras y de los sectores afectados”.
 
Es precisamente esa colaboración entre representantes de los sectores empresariales,  consumidores y Administración donde radica la importancia que pueden adquirir los Códigos de buenas prácticas.
 

  1. Objetivos de la norma.

 
 
Son muchos los objetivos que figuran en la Exposición de Motivos de la antedicha Ley cuya consecución puede ser facilitada mediante la elaboración de Códigos de mejores prácticas, entre otros:

  1. Promover una visión ética y creativa del consumo orientada a una toma de decisiones activa y crítica, comprometida y no vinculada exclusivamente a criterios económicos.
  2. Fomentar la creación de nuevos espacios de relación en la secuencia producción-distribución-consumo de bienes, productos y servicios.
  3. Optimizar las interacciones de la protección de los derechos de las personas consumidoras con una regulación económica eficiente que fomente la innovación y la competitividad, evitando distorsiones en el funcionamiento del mercado así como el falseamiento de la competencia.
  4. Fomentar un consumo accesible e inclusivo, que toma en consideración a todas las personas y que tiene en cuenta las distintas discapacidades y limitaciones, con el objetivo es que todas las personas puedan ejercer su derecho a consumir productos y a usar servicios y entornos del modo más autónomo posible, accesible y seguro, sin que exista discriminación de ningún tipo que imposibilite el disfrute de ese derecho.
  5. Incentivar la resolución de problemas en materia de consumo no contemplados, o cuyas soluciones ofrecidas en la actualidad no sean suficientemente satisfactorias.
  6. Fomentar la adaptación a los nuevos retos en materia de consumo que plantea, en general, la sociedad actual y, en particular, los cambios producidos por el impacto de las tecnologías de la información y la comunicación.
  7. Promover un enfoque socio-ambiental orientado a la protección de los intereses colectivos.
  8. Enfatizar en una propuesta basada en la corresponsabilidad ciudadana, la proactividad y el carácter preventivo, de anticipación a escenarios futuros.
  9. Facilitar un contexto de mercado, en libre competencia y competencia regulada para los servicios públicos, basado en la simetría informativa y la transparencia, en la confianza y la reputación, que tiene como finalidad el bienestar de las personas consumidoras.
  10. Potenciar la participación ciudadana en el ámbito de la colaboración público-privada que permita converger las políticas públicas con la sensibilidad de las personas consumidoras.

 
 
La promoción de la adopción, así como la elaboración de los Códigos de mejores prácticas no supondrá para la Administración Regional ningún coste adicional, ya que los objetivos previstos pueden cumplirse con los recursos personales y materiales con los que cuenta esta Consejería.
 

  1. Posibles soluciones alternativa regulatoria y no regulatoria.

 
 
No existe posibilidad no regulatoria al encontrarnos ante un mandato legal, considerándose que los Códigos de buenas prácticas son una herramienta muy útil oportuna para para lograr mejorar la defensa de las personas consumidoras, la disciplina del mercado y el aseguramiento del cumplimiento de los requisitos de seguridad en los productos que comercialicen.
 
En cuanto a la solución regulatoria propuesta, si bien cabía la opción de desarrollar reglamentariamente la antedicha Ley 3/2019 por medio de un decreto único; sin embargo, se ha optado, por razones de eficacia, eficiencia y oportunidad, en dividir las materias –por su variedad y extensión- respecto a las que es preciso un desarrollo reglamentario, siguiendo un criterio secuencial lógico, para así conseguir una mejor y más específica regulación.
 
 
Por todo lo anteriormente expuesto y para conseguir los objetivos previstos se formula esta consulta pública para que los interesados puedan exponer sus propuestas y aportar sugerencias. Las sugerencias y propuestas que se quieran aportar se dirigirán a la Dirección General de Salud Pública y consumo, a través del correo electrónico y en cualquiera de los lugares descritos en el artículo 16.4, de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo Común de las Administraciones Públicas.
 
 
Las aportaciones se podrán realizar en la dirección de correo electrónico dgspdc@jccm.es a partir del día de hoy 20 de mayo de 2019, fecha en que se publica en la web, hasta el día 10 de junio de 2019.
 
 
 
 
 
 

Enlace permanente: 
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