DG de Salud Pública

Consulta pública para la elaboración del proyecto de Ley sobre los Derechos de las Personas Consumidoras en Castilla-La Mancha

a)      Problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa.
La Constitución Española establece en su artículo 51 que los poderes públicos garantizarán la defensa de los consumidores y usuarios, protegiendo mediante procedimientos eficaces la seguridad, la salud y los legítimos intereses económicos de los mismos, así como promoverán la información y educación y fomentarán sus organizaciones y oirán a éstas en las cuestiones que puedan afectarles. La consagración de dicho artículo como uno de los principios rectores de la política social y económica que informan la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos, fue tenida en cuenta por la Comunidad Autónoma para dictar las dos normas autonómicas previas -Ley 3/1995, de 9 de marzo, y Ley 11/2005, de 15 de diciembre, del Estatuto del Consumidor- en virtud de su competencia de desarrollo legislativo y ejecución en materia de defensa del consumidor y usuario, de acuerdo con las bases y la ordenación de la actividad económica general y la política monetaria del Estado, y las bases y coordinación general de la sanidad, en los términos de lo dispuesto en los artículos 38, 131 y en los números 11, 13 y 16 del apartado 1 del artículo 149 de la Constitución, que el artículo 32.6 del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha atribuye a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
 
Transcurrida ya más de una década desde la promulgación de la hasta ahora vigente Ley 11/2005, son varios los motivos y razones que justifican la necesidad de modificarla en aras de dotarla de una actualización necesaria que preserve su valor y eficacia, atendiendo tanto a la nueva realidad social como a la ampliación del acervo jurídico en la materia acaecido en estos últimos años en los distintos ámbitos territoriales.
 
Pero, especialmente, cabe destacar los siguientes aspectos: la incidencia de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación en el consumo de bienes y servicios y, en particular, del comercio electrónico; la emergencia de nuevos espacios de relación en la secuencia de producción y distribución de bienes, productos y servicios así como de nuevas formas de consumo, uso y disfrute; y la extensión de derechos y responsabilidades de las personas consumidoras y usuarias en un contexto de corresponsabilidad.
 
Por otra parte, una nueva Ley sobre la protección de los derechos de las personas consumidoras contribuye a impulsar la recuperación de las políticas públicas de consumo en la región situando de nuevo a aquéllas en el centro de los ámbitos de decisión visibilizando, a su vez, las acciones que al respecto se desarrollan.
 
Asimismo, se hace preciso dotar a la Administración Autonómica de un procedimiento sancionador propio en materia de consumo como consecuencia de la sentencia 10/2015, de 2 de febrero, del Tribunal Constitucional que anula el régimen de graduación de infracciones de consumo (art. 50.1 del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre,  por  el  que  se  aprueba  el  texto  refundido de la Ley General para la Defensa de los  Consumidores  y  Usuarios  y  otras  leyes complementarias).
 
b)     Necesidad y oportunidad de su aprobación.
Las principales aportaciones de este proyecto de Ley son:
 
-          Establecer un marco normativo transversal en materia de consumo que pretende dar cobertura a toda iniciativa o desarrollo que cualquiera de las áreas competenciales de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha  desee llevar a cabo y cuyos destinatarios sean los ciudadanos castellano-manchegos en su calidad de personas consumidoras y usuarias.
-          Dar una visión ética y creativa del consumo orientada a una toma de decisiones activa y crítica, comprometida y no vinculada exclusivamente a criterios económicos
-          Incorporar contenidos innovadores de trascendencia económica, social y ambiental que enriquezcan el acervo competencial de consumo y fortalezcan su dimensión transversal y multidisciplinar
-          Creación de sinergias entre las distintas competencias concurrentes y recursos en relación con los derechos de las personas consumidoras y usuarias de la región
-          Un nuevo catálogo de derechos y responsabilidades de las personas consumidoras y usuarias
 
c)      Objetivos de la norma.
Con esta norma se pretende crear un marco normativo general que permita desarrollar reglamentariamente cuantos aspectos se contemplan en su articulado al objeto de lograr los siguientes objetivos previstos con arreglo a los principios inspiradores de la misma.
 
-          Revisar el texto actual abordando problemas no contemplados, o bien, cuyas soluciones ofrecidas en la actualidad no sean suficientemente satisfactorias
-          Adaptar la intervención administrativa en materia de consumo a los nuevos retos que plantea, en general, la sociedad actual y, en particular, los cambios producidos por el impacto de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación.
-          Promover un enfoque socio-ambiental orientado a la protección de los intereses colectivos.
-          Enfatizar en una propuesta basada en la corresponsabilidad ciudadana, la proactividad y el carácter preventivo, de anticipación a escenarios futuros.
-          Facilitar un contexto de mercado basado en la simetría informativa y la transparencia, en la confianza y la reputación.
-          Articular un procedimiento sancionador propio en materia de consumo.
-          Potenciar la participación ciudadana en el ámbito de la colaboración público-privada que permita converger las políticas públicas con la sensibilidad de las personas consumidoras y usuarias
-          Dar una respuesta específica y eficiente  a las inquietudes, percepciones y expectativas que, de forma singular, expresen las personas consumidoras y usuarias en la región.
-          Redacción del texto legal con arreglo a las nuevas directrices de producción normativa utilizando, asimismo, un lenguaje inclusivo con perspectiva de género.
 
 
d)     Posibles soluciones alternativas regulatoria y no regulatoria.
Dadas las características jurídicas que acompañan a esta propuesta legislativa no se pueden contemplar soluciones alternativas, tanto en lo regulatorio como en lo no regulatorio, atendiendo, de una parte, a las competencias legalmente establecidas al respecto y a la legitimidad de sus contenidos; y de otra, en virtud de que la legislación vigente sobre la materia prevé, como una exigencia, la intervención de las Comunidades Autónomas en su desarrollo.
 
Por todo lo anteriormente expuesto y para conseguir los objetivos previstos, es imprescindible la elaboración de esta Ley y se formula esta consulta pública para que los interesados puedan exponer sus propuestas y aportar sugerencias. Las sugerencias y propuestas que se quieran aportar se dirigirán a la Dirección General de Salud Pública y Consumo, a través del correo electrónico en la dirección dgspdc@jccm.es y en cualquiera de los lugares descritos en el artículo 16.4, de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo Común de las Administraciones Públicas.
 
Las aportaciones se podrán realizar a partir del día de hoy 15 de marzo, fecha en que se publica en la web, hasta el día 14 de abril.
 

Enlace permanente: 
https://www.castillalamancha.es/node/246600