DG de Salud Pública

Consulta pública para la elaboración del proyecto de Decreto por el que se regula el procedimiento administrativo a seguir en relación con los precios de los servicios públicos municipales objeto de intervención por la Junta de Comunidades de CLM

a)      Problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa.
El Real Decreto 2311/82, de 24 de julio, transfirió a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, las competencias, funciones y servicios de la Administración del Estado en materia de Intervención de Precios contenidas en el Real Decreto 2695/1977, de 28 de octubre, sobre normativa en materia de precios, que fueron adscritas a la entonces Consejería de Sanidad, Bienestar Social y Trabajo por el Decreto 39/1984, de 17 de abril.
 
Pero la normativa autonómica sobre la materia, y en concreto, la que rige la Comisión Regional de Precios de Castilla-La Mancha constituida, principalmente, por el Decreto 84/1984, de 10 de julio, y su modificación operada mediante el Decreto 109/1988, de 26 de julio, dados los profundos cambios producidos tanto en la normativa estatal como autonómica resultan obsoletos. Y así, ya el Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha en su Dictamen 11/1996, de 27 de junio, relativo a la consulta sobre las competencias de la Comisión Regional de Precios respecto de la revisión de las tarifas aprobadas por los Plenos de los ayuntamientos de la Región, en materia de aguas, expresaba: “Que resulta contrario al principio constitucional de autonomía municipal consagrado por el artículo 137 de la Constitución Española la aprobación por la Comisión Regional de Precios de los acuerdos de los Ayuntamientos que fijan el precio del agua para abastecimiento de poblaciones". Y más recientemente, la Sentencia Nº 550/2015 del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha estimatoria del recurso contencioso-administrativo interpuesto por el Ayuntamiento de Toledo sobre revisión de las tarifas de transporte urbano de viajeros (autobuses) del Ayuntamiento de Toledo, recuerda que, -en el marco de la legislación de estabilidad presupuestaria del Sector Público, y en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 107 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local que permite el incremento de tarifas por los Ayuntamientos, para lograr, de modo suficiente la autofinanciación del servicio-, las opciones de aprobación o denegación autonómicas, cuando los Ayuntamientos logran justificar la necesidad de cobertura de financiación porque el servicio es deficitario, no son tales, ya que no cabe a la Administración Autonómica denegar la subida tarifaria propuesta por el Ayuntamiento.
 
b)     Necesidad y oportunidad de su aprobación.
El futuro proyecto de Decreto permitiría:
 
-                     Determinar, simplificar y agilizar el procedimiento administrativo a seguir en relación con los precios de los servicios públicos municipales sujetos a la intervención por parte de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, concretamente en la aprobación inicial o modificación de las tarifas adoptadas por los municipios u otras entidades locales, sustituyendo la participación de los distintos agentes sociales y órganos de la Administración mediante órgano colegiado, de manera previa a la emisión de una autorización por parte del órgano competente de la Comunidad Autónoma, por la emisión de informe preceptivo tras la audiencia a los agentes afectados.
 
-     Potenciar el papel de los Consejos Locales de Consumo u Órgano de participación Sectorial, del propio ámbito local, que cuente con participación de representantes de los consumidores y usuarios; en cuanto que se exige que la solicitud de informe que realicen los municipios u otras entidades locales, a esta Dirección General, en relación con las tarifas que pretendan aprobar, vaya acompañada de documento acreditativo de cumplimiento de trámite de audiencia de dichos Consejo Locales de Consumo u órganos equivalentes.
 
-                     Regular claramente quiénes son órganos competentes para la emisión de dicho informe preceptivo y cuál es el competente para la coordinación de la tramitación del procedimiento regulado en el Decreto. 
 
c)      Objetivos de la norma.
Se trata de ajustar la actuación de la administración autonómica a las competencias que la legislación vigente le otorga, mediante un sistema por el cual la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha conozca de las propuestas de nuevas tarifas de unos muy reducidos servicios públicos municipales (actualmente solo sobre el abastecimiento de agua potable a poblaciones y el transporte urbano de viajeros), pero sin pretender, en aplicación de la cláusula constitucional de la autonomía local (arts. 137 y 140 CE), que la decisión última y definitiva sobre la cuantía de tales tarifas dependa de la voluntad autonómica.
 
d)     Posibles soluciones alternativa regulatoria y no regulatoria.
Las alternativas posibles a la elaboración de este Decreto pueden ser, una vez estudiadas las competencias de la Comisión Regional de Precios de Castilla-La Mancha, considerar que no sea la Consejería de Sanidad el órgano más idóneo, dada las autorizaciones de tarifas que en la Comisión se sustancian, al que la referida Comisión deba de estar adscrita sino más bien la Consejería competente en materia de comercio o precios públicos como así ocurre en algunas Comunidades Autónomas. Ello conllevaría que no desaparecería la Comisión Regional de Precios como tal y que la competencia en la materia pasase, en el caso de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, a desempeñarse por la Consejería de Fomento.
 
Pero hay otros modelos al propuesto que podrían seguirse, como, entre otros, el de Cantabria, donde se suprimió la Comisión Regional de Precios de Cantabria como órgano colegiado y sus funciones fueron asumidas por la Dirección General de Comercio y Política Financiera de la Consejería de Economía y Hacienda; o en Andalucía, en donde el órgano competente para otorgar la autorización de modificación de las tarifas, es la persona titular de la Dirección General competente en materia de relaciones financieras con las Corporaciones Locales.
 
En nuestro caso, estos modelos se han descartado en cuanto implicarían tener que proceder a realizar una modificación de los Decretos de estructura orgánica y competencias de la Consejerías afectadas y no se adecuarían a los Decretos de transferencias de competencias, funciones y servicios de la Administración del Estado a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, en materia de intervención de precios.
 
Por otra parte, la no regulación de la materia como posible solución alternativa no puede ser contemplada, en cuanto la legislación vigente sobre política general de precios prevé, como una exigencia, la intervención de las Comunidades Autónomas en la determinación de determinadas tarifas.
 
Por todo lo anteriormente expuesto y para conseguir los objetivos previstos, es imprescindible la elaboración de este decreto y formulamos esta consulta pública para que los interesados puedan exponer sus propuestas y aportar sugerencias. Las sugerencias y propuestas que se quieran aportar se dirigirán a la Dirección General de Salud Pública y consumo, a través del correo electrónico y en cualquiera de los lugares descritos en el artículo 16.4, de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo Común de las Administraciones Públicas.
 
Las aportaciones se podrán realizar en la dirección de correo electrónico dgspdc@jccm.es hasta el próximo 6 de abril.
 

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