DG de Salud Pública

Consulta pública para la elaboración del proyecto de Decreto del Consejo Regional de Consumo

a)            Problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa.
El Consejo Regional de Consumo es el principal órgano de representación y consulta en materia de consumo de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y está integrado por representantes de los colectivos implicados en las relaciones de consumo, de la Administración Autonómica y de las Entidades Locales de la región.
 
Su normativa reguladora actual es el Decreto 343/2008, de 18 de noviembre, del Consejo Regional de Consumo, que desarrolla el artículo 23 de la Ley 11/2005, de 15 de diciembre, del Estatuto del Consumidor.
 
Pero desde 2008 se han producido importantes cambios en el mundo asociativo, debiéndose destacar el creciente protagonismo del movimiento asociativo, del que toda la ciudadanía ha sido testigo, en la defensa de los intereses de los consumidores, y de los avances y logros conseguidos, en sintonía con los objetivos de la Unión Europea. 
 
También en estos años se han producido importantes cambios en la estructura organizativa de la propia Administración regional que requieren la adecuación de este órgano, entre ellos, la desaparición como tal del Instituto de Consumo de Castilla-La Mancha, por Ley 13/2010, de 8 de diciembre, de Reordenación del Sector Público de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha
 
Todo ello ha supuesto que su actual normativa reguladora esté totalmente desfasada, fundamentalmente en cuanto a las previsiones relativas al nombramiento de las vocalías que lo integran, y hace necesaria una actualización de este órgano que para cumplir con dicho objetivo precisa contar con una representación adecuada de los distintos protagonistas de las relaciones de consumo.
 
 
b)           Necesidad y oportunidad de su aprobación.
El futuro proyecto de Decreto permitiría:
 
-              Clarificar quiénes son los miembros que integran el Consejo, adecuándolo a la estructura actual de la Administración autonómica y actualizando su representación mediante la incorporación de determinadas entidades no contempladas anteriormente.
 
-              Aprovechar la aprobación de esta nueva norma para dar entrada en este órgano a instituciones que se han revelado como muy enriquecedoras en el ámbito del Consumo, como es la Universidad de Castilla-La Mancha, a través del Centro de Estudios de Consumo, o también las entidades y colectivos que integran la economía social y solidaria, expresada en particular, en el ámbito del consumo, por las iniciativas de Comercio Justo.
 
-              Permitir que las Oficinales Municipales del Consumidor participasen, aún más activamente, en las políticas de consumo, mediante la Vocalía cuya representación ostentaría la presente Asociación de Técnicos de Consumo.
 
-              Finalmente, se adecuarían las Vocalías del Consejo al nuevo Registro las Organizaciones representativas de los Consumidores y Usuarios.
 
c)            Objetivos de la norma.
Se trata de actualizar la normativa reguladora del Consejo Regional de Consumo.
 
d)           Posibles soluciones alternativa regulatoria y no regulatoria.
No es posible contemplar posibles alternativas posibles a la elaboración de este Decreto, que no sea la no regulación de la materia, es decir, continuar teniendo como marco regulatoria del Consejo Regional de Consumo al Decreto 343/2008, de 18 de noviembre; pero ello implicaría tener que realizar un continuo esfuerzo de adecuación a la actual estructura organizativa de la Junta de Comunidades y no posibilitaría la entrada en el Consejo de nuevas Vocalías consideradas muy oportunas, como la representativa de la Universidad de Castilla-La Mancha o la correspondiente a las iniciativas de Comercio Justo.
 
Por todo lo anteriormente expuesto y para conseguir los objetivos previstos, es imprescindible la elaboración de este decreto y formulamos esta consulta pública para que los interesados puedan exponer sus propuestas y aportar sugerencias. Las sugerencias y propuestas que se quieran aportar se dirigirán a la Dirección General de Salud Pública y consumo, a través del correo electrónico y en cualquiera de los lugares descritos en el artículo 16.4, de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo Común de las Administraciones Públicas.
 
Las aportaciones se podrán realizar en la dirección de correo electrónico dgspdc@jccm.es hasta el próximo 6 de abril.

Enlace permanente: 
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