DG de Salud Pública

CONSULTA PÚBLICA PARA LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE DECRETO DE MODIF. DEL DECRETO 33/2005, DE 5 DE ABRIL, DE LOS D. DE LOS CONSUM. Y USUARIOS EN EL SERVICIO DE SUMINISTRO AL POR MENOR DE CARBURANTES DE AUTOMOCIÓN EN INSTALACIONES DE VENTA AL PÚBLICO

a)      Problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa.
 
El Decreto 33/2005, de 5 abril, de los derechos de los consumidores y usuarios en el servicio de  suministro al por menor de  carburantes y combustibles de automoción en instalaciones de venta al público (DOCM de 8 de abril de 2015), establece en su artículo 2 que “todas las instalaciones de venta al público de gasolinas y gasóleo de automoción deberán disponer en la propia instalación, mientras permanezcan abiertas y en servicio, al menos de una persona responsable de los servicios que en ella se prestan, al objeto de garantizar el ejercicio de los derechos reconocidos de dicho Decreto. En el caso de personas con discapacidades físicas que les impidan el suministro en régimen de autoservicio, serán atendidas por una persona responsable de las instalaciones.”
 
Sin embargo, el Real Decreto 1523/1999, de 1 de octubre, por el que se modifica el Reglamento de Instalaciones Petrolíferas, aprobado por Real Decreto 2085/1994, de 20 de octubre, y las Instrucciones Técnicas Complementarias MI-IP03, aprobada por el Real Decreto 1427/1997, de 15 de septiembre, y MI-IP04, aprobada por el Real Decreto 2201/1995, de 28 de diciembre, permite el ejercicio de actividad de distribución al por menor mediante tres formas:
 
1. Instalación atendida. El suministro al vehículo lo realiza personal de la propia instalación.
2. Instalación desatendida. No existe personal afecto a la instalación y el suministro al vehículo lo realiza el usuario.
3. Instalación en autoservicio. En el suministro al vehículo la operación de llenado la realiza el cliente pero el surtidor es activado por un operario desde el centro de control de la instalación, desde el cual puede autorizar la entrega, y en caso de emergencia parar y bloquear
 
Y en este sentido, en el  informe de 6 de abril de 2017 de la Dirección General de Industria, Energía y Minería, incardinada en la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, sobre el Procedimiento Piloto 2017/9146/Estaciones de Servicio Automáticas en España, relativo a las estaciones desatendidas  se afirma quelos reglamentos de seguridad industrial permiten y contemplan, en el caso de que se estime ejercer la actividad sin personal afecto a la instalación, una configuración acorde con el modelo de instalación desatendida”.
 
A su vez, el artículo 15, apartado 2, letra f) de la Directiva 2006/123/CE de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior (Directiva de Servicios) dispone que los requisitos “que obliguen a tener un número mínimo de empleados” forman parte de los que el Estado miembro debe eliminar de su legislación, a menos que sean no discriminatorios, justificados y necesarios para proteger una razón imperiosa de interés general. 
 
Asimismo, ha de mencionarse las recomendaciones formuladas por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia en su propuesta de 28 de julio de 2016, en cuanto a que aboga por el modelo de estaciones de servicio desatendidas en cuanto entiende que aumentan la competencia efectiva en el mercado y presiona a la baja los precios en los carburantes, entendiendo que con ello se aumenta el bienestar de los consumidores finales. Y en cuanto a que propone que se evite toda disposición que dificulte la aparición de nuevos formatos de estaciones de servicio.
 
En relación con lo antedicho la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha se enfrenta a la posible apertura de un procedimiento de infracción del artículo 258 TFUE que establece “Si la Comisión estimare que un Estado miembro ha incumplido una de las obligaciones que le incumben en virtud de los Tratados, emitirá un dictamen motivado al respecto, después de haber ofrecido a dicho Estado la posibilidad de presentar sus observaciones. Si el Estado de que se trate no se atuviere a este dictamen en el plazo determinado por la Comisión, ésta podrá recurrir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea.”
 
Encontrándonos en la fase previa a la posible apertura de dicho procedimiento de infracción se nos ha solicitado por la Subdirección General de Asuntos Jurídicos e Institucionales, incardinada en la Dirección General de Coordinación de Políticas Comunes y de Asuntos Generales de la Unión Europea, encuadrada en el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, información al respecto con el objeto de que se envíen las observaciones e informes pertinentes.
 
Y es, en el marco de esta tesitura sobre si se debe o no se debe eliminar el requisito u obligación que impone el artículo 2º de nuestro  Decreto 33/2005, de 5 abril,  referida a la presencia en la propia instalación de venta al público de gasolinas y gasóleo de automoción de  una persona responsable de los servicios que en ella se prestan, mientras permanezcan abiertas y en servicio, donde se enmarca esta consulta pública que se configura como uno de los elementos que permitirán un análisis sobre la cuestión del cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 15.3 de la Directiva de Servicios referidos a que dicha exigencia u obligación no sea discriminatoria, esté justificada y sea necesaria para proteger una razón imperiosa de interés general
 
b)     Necesidad y oportunidad de su aprobación.
 
La necesidad y oportunidad de proceder a una modificación de Decreto 33/2005 deriva de la posible apertura a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha de un procedimiento de infracción del artículo 258 TFUE por el incumplimiento por el artículo 15, apartado 2, letra f) de la Directiva 2006/123/CE de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior (Directiva de Servicios).
 
c)      Objetivos de la norma.
 
Se trata de adecuar nuestra normativa autonómica reguladora de los derechos de los consumidores y usuarios en el servicio de suministro al por menor de carburantes de automoción en instalaciones de venta al público, a los requerimientos derivados de la aplicación del derecho de la Unión Europea.
 
d)     Posibles soluciones alternativa regulatoria y no regulatoria.
 
Las posibles soluciones alternativas pasan por mantener la regulación actual que exige, en términos absolutos, la presencia en las propias instalaciones de venta al público de gasolinas y gasóleos de automoción, mientras permanezcan abiertas y en servicio, de al menos una persona responsable, pero esto solo es posible si las Autoridades de la UE aceptaran que está justificado que existen razones imperiosas de interés general como, por ejemplo, la protección de los consumidores, en particular de los usuarios con discapacidad o vulnerables, y que el requisito de la presencia de al menos un empleado es no discriminatoria, necesaria y proporcionada en relación con el objetivo perseguido.
 
Otra alternativa sería la de mantener dicha obligación, pero matizada, en aras de lograr una mayor justificación de la proporcionalidad, al limitarla a los servicios de horario diurno; definiendo el horario diurno como el comprendido entre las 6 de la mañana y las 10 de la noche, y por tanto, haciéndose la concesión de excluir de la franja horaria nocturna, en la que normalmente hay menos actividad, la obligación de disponer de personal. Esta solución puede entenderse como una solución intermedia a la otra alternativa que sería la supresión sin más del apartado 1 del  artículo 2 del Decreto arriba  referenciado.
 
También cabe plantearse, si aprovechando que se está estudiando la posibilidad de modificar parcialmente el antedicho Decreto 33/2005,  es  el momento de proceder a una revisión integral, pues después de más de diez años desde su aprobación, sin duda puede ser mejorado, o cuanto menos, actualizado.
 
Por todo lo anteriormente expuesto y para conseguir los objetivos previstos se formula esta consulta pública para que los interesados puedan exponer sus propuestas y aportar sugerencias. Las sugerencias y propuestas que se quieran aportar se dirigirán a la Dirección General de Salud Pública y consumo, a través del correo electrónico y en cualquiera de los lugares descritos en el artículo 16.4, de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo Común de las Administraciones Públicas.
 
Las aportaciones se podrán realizar en la dirección de correo electrónico dgspdc@jccm.es a partir del día siguiente a su publicación, fecha en que se publica en la web, hasta el día 17 de junio. (15 días hábiles)
 
 
 
 

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