DG de Salud Pública

Consulta pública del Anteproyecto de Ley de Coordinación de Políticas de Consumo y Competencia

  1. Problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa.

El conjunto de sinergias y convergencias derivadas de las políticas públicas en materia de consumo y en materia de competencia, constituye un ámbito de actuación de la Administración -una zona común de encuentro de las políticas públicas de defensa de la competencia y de defensa de las personas consumidoras y usuarias-,  escasamente abordado por nuestro Derecho administrativo hasta el momento, aunque se comienza a percibir ya un cambio de actitud, fundamentalmente en el Derecho comunitario y en algunos gobiernos autonómicos.
 
En este sentido, la Unión Europea ha destacado que la protección de la existencia y funcionamiento de un mercado competitivo en la Unión europea beneficiará a las personas consumidoras y usuarias.
 
No se puede obviar la íntima conexión existente entre la competencia y el status de las personas consumidoras y usuarias. Si aquélla no existe, éstas perderán o verán menoscabados sus derechos e intereses, tanto en los precios, como en la calidad o innovación de los productos.
 
En nuestro Derecho existe un conjunto de acciones de los poderes públicos encaminadas a la protección de las personas consumidoras y usuarias, que afectan también a la propia actividad de la ordenación del mercado; inversamente, la acción de las Administraciones públicas regulando y ordenando el mercado, para garantizar el funcionamiento correcto de éste, también afecta de una forma directa a la situación jurídica de las personas consumidoras y usuarias. Ambas políticas se potencian la una a la otra: unas personas consumidoras y usuarias con una posición reforzada están en mejor situación de exigir mercados en donde exista mayor competencia y mercados en los que hay mejores condiciones de competencia entre empresas refuerzan a las personas consumidoras y usuarias por su mayor capacidad de decisión.
 
b)     Necesidad y oportunidad de su aprobación.
La norma que aquí se propone trataría de coordinar las acciones de los poderes públicos en cuanto se refiere a la protección de las personas consumidoras y usuarias y a la defensa de la competencia.
 
El artículo 51 de la Constitución establece que los poderes públicos garantizarán la defensa por los poderes públicos de las personas consumidoras y usuarias, protegiendo, mediante procedimientos eficaces, la seguridad, la salud y los legítimos intereses económicos de los mismos. Y que, en este marco, la ley regulará el comercio interior y el régimen de autorización de productos comerciales.
 
A su vez, el artículo 38 de la Constitución reconoce la libertad de empresa en el marco de una economía de mercado y la garantía y protección de la misma por los poderes públicos, de acuerdo con las exigencias de la economía en general y, en su caso, de la planificación. La existencia de una competencia efectiva entre las empresas constituye uno de los elementos definitorios de la economía de mercado, disciplina la actuación de las empresas y reasigna los recursos productivos en favor de los operadores o las técnicas más eficientes. Esta eficiencia productiva se traslada a las personas consumidoras y usuarias en la forma de menores precios o de un aumento de la cantidad ofrecida de los productos, de su variedad y calidad, con el consiguiente incremento del bienestar del conjunto de la sociedad.
 
En este contexto, la competencia también anima a las empresas a mejorar la calidad de los productos y servicios que ofrecen, con el fin de atraer a más clientes y mejorar su posición en el mercado, lo que redunda también en productos que duran más o funcionan mejor, mejor atención postventa y asistencia técnica, o en general, mejores servicios. En un mercado competitivo, las empresas tratan de diferenciar sus productos del resto, con lo que se amplía la oferta y las personas consumidoras y usuarias pueden optar por productos y servicios  que les ofrecen la mejor relación calidad/precio.
 
c)      Objetivos de la norma.
 
Posibilitar la acción conjunta de los poderes públicos, abordando un conjunto de medidas y acciones que, a la vez que defienden el principio de libre competencia, estén defendiendo y garantizando los derechos de los consumidores y usuarios. Y, en sentido opuesto, abordar aquellas medidas de acción pública que, defendiendo los derechos de los consumidores y usuarios, consigan garantizar también el cumplimiento del principio de libre competencia.
 
En definitiva, la norma propuesta trataría de abordar aquella zona común de encuentro de las políticas públicas de defensa de la competencia y de defensa de los consumidores y usuarios.
 
d)     Posibles soluciones alternativa regulatoria y no regulatoria.
No existiendo en nuestra Comunidad Autónoma un marco regulatorio aplicable a esta materia, no cabe otra solución alternativa regulatoria, que no sea precisamente, esta actuación conjunta, que se propone, de la Administración pública sobre los agentes que intervienen en la actividad de consumo, ya que el control del funcionamiento competitivo del mercado y la defensa de los derechos de los consumidores, no son sino las dos caras de una misma política de intervención de los poderes públicos, la de la regulación económica eficiente del mercado.
 
Por otra, parte, la no regulación de la materia supondría la pérdida de  una  oportunidad, en el sentido de que una actuación de las Administraciones públicas tendente a la satisfacción simultánea de las necesidades de proteger la libre competencia y a los consumidores y usuarios, producirá efectos favorables para ambas políticas públicas derivadas de las sinergias surgidas de una política común de actuación.
 
 Por todo lo anteriormente expuesto y para conseguir los objetivos previstos, es imprescindible la elaboración de esta norma y formulamos esta consulta pública para que los interesados puedan exponer sus propuestas y aportar sugerencias. Las sugerencias y propuestas que se quieran aportar se dirigirán a la Dirección General de Salud Pública y Consumo,  a través del correo electrónico y en cualquiera de los lugares descritos en el artículo 16.4, de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo Común de las Administraciones Públicas.
 
Las aportaciones se podrán realizar en la dirección de correo electrónico dgspdc@jccm.es a partir de esta publicación, el 23 de mayo de 2018, hasta el día 14 de junio de 2018.
 

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