Buscador de Acuerdos del Consejo de Gobierno

En fecha 25 de marzo de 2021, se publicó la Ley Orgánica 3/2021, de 24 de marzo, de regulación de la eutanasia, que introduce en nuestro ordenamiento jurídico un nuevo derecho individual como es la eutanasia, definida como la actuación que produce la muerte de una persona de forma directa e intencionada mediante una relación causa-efecto única e inmediata, a petición informada, expresa y reiterada en el tiempo por dicha persona, y que se lleva a cabo en un contexto de sufrimiento debido a una enfermedad o padecimiento incurable que la persona experimenta como inaceptable y que no ha podido ser mitigado por otros medios.    La ley, en su artículo 13, establece que la prestación de ayuda para morir estará incluida en la cartera común de servicios del Sistema Nacional de Salud (SNS) y será de financiación pública, así como que los servicios públicos de salud aplicarán las medidas precisas para garantizar el derecho a la prestación de ayuda para morir en los supuestos y con los requisitos establecidos en la misma; y, en su artículo 14, que esta prestación se realizará en centros sanitarios públicos, privados o concertados, y en el domicilio, sin que el acceso y la calidad asistencial de la prestación puedan resultar menoscabados por el ejercicio de la objeción de conciencia sanitaria o por el lugar donde se realiza.    Esta misma ley, en su artículo 16, regula la objeción de conciencia de los profesionales sanitarios, como derecho al rechazo o la negativa a realizar la citada prestación por razones de conciencia, como decisión individual del profesional sanitario directamente implicado en su realización, la cual deberá manifestarse anticipadamente y por escrito. En el apartado 2 de este artículo se establece que las Administraciones Sanitarias crearán un registro de profesionales sanitarios objetores de conciencia a realizar la ayuda para morir, en el que se inscribirán las declaraciones de objeción de conciencia para la realización de la misma y que tendrá por objeto facilitar la necesaria información a la administración sanitaria para que esta pueda garantizar una adecuada gestión de la prestación de ayuda para morir.     Se hace necesario crear y regular el Registro de profesionales sanitarios objetores de conciencia a realizar la prestación de ayuda para morir en Castilla-La Mancha.   Enlaces relacionados:   Decreto 2/2023, de 24 de enero, del Registro de profesionales sanitarios objetores de conciencia a realizar la prestación de ayuda para morir en Castilla-La Mancha.

El Consejo de Gobierno ha autorizado la concesión de subvenciones por la Fundación Sociosanitaria de Castilla-La Mancha destinadas a Entidades sin ánimo de lucro existentes en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, para la realización de programas de atención a personas reclusas con trastornos adictivos en los centros penitenciarios de Castilla-La Mancha.   Son destinatarias de estas subvenciones, las entidades sin ánimo de lucro inscritas en el registro correspondiente de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, que desarrollen programas de atención a personas reclusas con problemas de adicciones a sustancias en los centros penitenciarios de Castilla-La Mancha, y que cuenten con la preceptiva autorización de la dirección de los centros penitenciarios en los que desarrolle el programa.

El Consejo de Gobierno ha autorizado la concesión de subvenciones por la Fundación Sociosanitaria de Castilla-La Mancha destinadas a Entidades sin ánimo de lucro existentes en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, para el mantenimiento de centros de rehabilitación psicosocial y laboral de personas con trastorno mental grave.    Son destinatarias de estas subvenciones, las entidades sin ánimo de lucro inscritas en el registro correspondiente de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, que posean un Centro de Rehabilitación Psicosocial y Laboral para personas con trastorno mental grave en Castilla-La Mancha.  

El Consejo de Gobierno ha autorizado la concesión de subvenciones por la Fundación Sociosanitaria de Castilla-La Mancha para la ocupación de plazas residenciales en dispositivos ubicados en Castilla-La Mancha y gestionados por entidades privadas sin ánimo de lucro, destinados a la atención a personas con trastorno mental grave, personas con enfermedades crónicas en situación de exclusión social y personas con problemas de adicciones a sustancias.    Son destinatarias de estas subvenciones, las entidades sin ánimo de lucro inscritas en el registro correspondiente de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, que posean Viviendas Supervisadas y Residencias Comunitarias para personas con trastorno mental grave, y plazas residenciales en centros sociosanitarios para personas con enfermedades crónicas en situación de exclusión social, así como una comunidad terapéutica para el tratamiento de adicciones. 

El Consejo de Gobierno ha autorizado la concesión de subvenciones por la Fundación Sociosanitaria de Castilla-La Mancha destinadas a entidades sin ánimo de lucro existentes en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, para la realización de programas de promoción, prevención y atención de problemas de salud mental.    Son destinatarias de estas subvenciones, las entidades sin ánimo de lucro inscritas en el registro correspondiente de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha o que desarrollen programas destinadas a la promoción del bienestar mental, la prevención de problemas de salud mental, la lucha contra el estigma y la discriminación en salud mental, la defensa y respeto de los derechos fundamentales y el apoyo psicosocial de las personas con problemas de salud mental. 

Según lo establecido en el artículo 9.1 de la ley 5/2013, de 17 de octubre, de ordenación del servicio jurídico de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, para el ejercicio de acciones en vía jurisdiccional será necesaria la autorización del Consejo de Gobierno, previo informe preceptivo del Gabinete Jurídico.    A la vista del informe del Gabinete Jurídico de 27 de diciembre de 2022, se entiende justificado el ejercicio de la acción judicial en reclamación de cantidad contra Gestión Transportes y Distribución Mensajeros, S.L. 

El Consejo de Gobierno acuerda autorizar la prórroga, por un periodo de dos años, del “Programa temporal para la incorporación de personal técnico superior y auxiliar administrativo destinados a la gestión económica en la Dirección General de Economía Circular”.     El coste de la prórroga asciende a un máximo de 572.735,74 €.

El Consejo de Gobierno acuerda autorizar un gasto de la empresa pública Gestión Ambiental de Castilla-La Mancha, Geacam, S.A., por importe de 495.866,23 euros (IVA incluido), correspondiente al expediente de contratación “Suministro por lotes de equipos de protección individual {EPI'S) para el personal de GEACAM, S.A. asignado a tareas de prevención de incendios forestales en Castilla-La Mancha, período comprendido desde enero hasta mayo 2023, ambos incluidos. 

El Consejo de Gobierno acuerda declarar como no registrables, por razón de interés público, las zonas francas incluidas en los polígonos que se relacionan en el Anexo al presente Acuerdo, de conformidad con lo establecido en el artículo 39.3 de la Ley 22/73 de 21 de julio de Minas y en el artículo 57.3 del Reglamento General para el Régimen de la Minería, aprobado mediante Real Decreto 2857/1978, de 25 de agosto. 

El artículo 9.1 de la Ley 5/1986, de 23 de diciembre, electoral de Castilla-La Mancha, dispone que los miembros de la Junta Electoral de Castilla-La Mancha serán nombrados por Decreto y continuarán en su mandato hasta la toma de posesión de la nueva Junta, al inicio de la siguiente legislatura. Mediante el Decreto 1/2020, de 18 de enero, se nombró a los vocales que componen la Junta Electoral de Castilla-La Mancha. 

 

Enlaces relacionados:

 

Decreto 3/2023, de 31 de enero, por el que se nombra a doña Petra García Márquez, vocal de la Junta Electoral de Castilla-La Mancha, en sustitución de don Ricardo Estévez Goytre.

La Secretaría del Jurado Regional de Valoraciones debe comunicar a la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas la necesidad de los miembros que tiene, así como los cambios que se deban efectuar en relación con los designados.    Estas propuestas de cambio se trasladan al Consejo de Gobierno para que efectúe los nombramientos y poder así llevar a cabo las variaciones.