Buscador de Acuerdos del Consejo de Gobierno

Con fecha 27 de febrero de 2019, se ha suscrito el contrato del servicio de vigilancia y seguridad en edificios de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-la Mancha y el SESCAM con un período de ejecución inicial entre el 1 de marzo de 2019 y el 29 de febrero de 2020 ambos días incluidos.    Con fecha 4 de diciembre 2019 se preavisó a la empresa Sureste Seguridad S.L. la intención de prorrogar por parte de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas el mismo por el plazo de un año que abarcaría desde el 1 de marzo de 2020 hasta el 28 de febrero de 2021.    El precio de la prórroga supera el límite de 750.000,00 euros, gasto cuya autorización requiere acuerdo del Consejo de Gobierno, por lo que, de conformidad con lo establecido en el artículo 20 de la Ley 7/2017, de 21 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para 2018. 

Autorización del gasto por importe de 1.334.265,91 €  IVA incluido, de acuerdo con el artículo 20.f) de la Ley 7/2017, de 21 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para 2018 y el Decreto 95/2018, de 18 de diciembre, por el que se establecen las condiciones específicas a las que debe ajustarse la prórroga de los Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para 2019, referido al expediente siguiente:    “Obra de construcción del Centro de Salud de Campillo de Altobuey (Cuenca)”.    Autorización para la superación de porcentajes, en virtud del artículo 48 del Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Hacienda, referido al expediente siguiente:    - Obras del Centro de Salud de Campillo de Altobuey. - Control de calidad de las obras del Centro de Salud de Campillo de Altobuey. - Contrato menor de obras para la terminación y legalización de las instalaciones de climatización del Centro de Salud de Azuqueca de Henares.

 

Servicios de soporte y mantenimiento de los sistemas de información sanitaria y de gestión del SESCAM.    No es preceptiva su inclusión en el Portal de Transparencia al tratarse de una convalidación y estar fuera del ámbito de aplicación de los artículos 7 y 8 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre de transparencias, acceso a la información pública y buen gobierno, no obstante, con el objeto de otorgar mayor transparencia a las facturas autorizadas por el Consejo de Gobierno, se incluye en el citado Portal.

La Orden 71/2018, de 15 de mayo de 2018, de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, establece las bases reguladoras para la concesión de ayudas a inversiones en explotaciones agrarias submedida 4.1 del Programa de Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha.     El 20 de julio de 2018 se publicó en el DOCM la Resolución de 13/07/2018, de la Dirección General de Desarrollo Rural, por la que se convocan, para el año 2018, las ayudas a la creación de empresas agrarias para jóvenes agricultores y apoyo a las inversiones en explotaciones agrícolas y ganaderas en el marco del Programa de Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha 2014-2020.    La base decimotercera relativa a la financiación indica que la cuantía de la convocatoria asciende a 40.000.000 euros imputados a la aplicación presupuestaria 21030000.G/531A/7731O, distribuidos estimativamente en dos anualidades:    - Anualidad 2019: 10.000.000 euros - Anualidad 2020: 30.000.000 euros   No obstante, la distribución anteriormente establecida, según precisa la memoria económica justificativa de la Dirección General de Desarrollo Rural, procede reajustar anualidades, añadiendo un año más, puesto que estando pendiente de resolución la convocatoria y habida cuenta que las actividades subvencionables deben ejecutarse con posterioridad a la resolución de concesión, no podrá cumplirse la distribución inicialmente establecida, quedando distribuido como sigue:    - Anualidad 2020: 10.000.000 euros - Anualidad 2021: 30.000.000 euros   De conformidad con lo anterior, la distribución prevista en el expediente de reajuste supera los porcentajes establecidos en el artículo 48.3 del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre, por lo que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 48.4 de esta misma norma, procede elevar al Consejo de Gobierno la autorización de la superación de los citados porcentajes.

 

El Consejo de Gobierno ha autorizado el reconocimiento de las obligaciones económicas por importe total de 17.708,97 euros correspondientes a la prestación del servicio de limpieza en la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Toledo, en el periodo comprendido entre el 06/05/2019 y el 09/06/2019, en condiciones distintas a las previstas en el Acuerdo marco de Homologación de Servicios de Limpieza y retirada selectiva de residuos de los edificios de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y sus Organismos Autónomos.    Según indica el Secretario de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Toledo, en su informe de 17 de julio de 2019, vencido el plazo de vigencia del contrato y estando en trámite el nuevo contrato derivado se formalizó contrato menor con la empresa Servicios de Limpieza y Mantenimiento Raspeig, S.L. cuyo plazo de ejecución finalizaba el 06/05/2019. El contrato menor referido expiró sin estar adjudicado el contrato derivado, acordando la Dirección Provincial seguir con la prestación del servicio y en las mismas condiciones, hasta la firma del contrato derivado.    No habiéndose formalizado el contrato derivado hasta el 7 de junio de 2019, se han generado obligaciones económicas por un importe de 17.708,97 euros derivadas de la prestación del servicio en el periodo comprendido entre el 06/05/2019 y el 09/06/2019, ambos inclusive.     En consecuencia, ante la omisión de la función interventora, no se podrá reconocer la obligación, ni tramitar el pago ni intervenir favorablemente estas actuaciones hasta que el Consejo de Gobierno adopte decisión al respecto al amparo del artículo 100 del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha, aprobado por Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre, previo informe de la Intervención General, por lo que procede elevar al Consejo de Gobierno, el reconocimiento de las obligaciones, para su consideración.

Por Orden de 14/12/2016, de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, se establecen las bases reguladoras de la concesión de ayudas a la contratación colectiva de seguros agrarios. tienen la finalidad de fomentar la contratación de seguros agrarios en los principales sectores productivos, para permitir que los productores se encuentren en una situación más favorable frente las posibles pérdidas económicas originadas por los sucesos de carácter ambiental de diversa naturaleza. El artículo 3.3. de la Orden indicada establece que en la convocatoria anual se especificarán las líneas de seguros agrarios subvencionables, los límites, bonificaciones y las cuantías máximas individuales que se concederán para subvencionar cada una de ellas, estableciéndose éstas como un porcentaje de la subvención estatal.   La financiación de las ayudas convocadas por la presente resolución se realizará con cargo a la aplicación presupuestaria 21.04.0000.G/713A/4731R, con un importe de 5.100.000 euros, imputándose 1.400.000 € a la anualidad 2020 y 3.700.000 € a la anualidad 2021; quedando condicionada la concesión de las subvenciones a la existencia de crédito presupuestario, adecuado y suficiente en las anualidades.    Al tratarse de una convocatoria de ayudas por importe superior a 5.000.000 de euros, de conformidad con el artículo 58.5.a) del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha, aprobado por Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre, corresponde al Consejo de Gobierno autorizar la misma, con carácter previo, a la aprobación del gasto.   Al contabilizarse la retención de crédito de la convocatoria se ha tenido conocimiento de la superación de los porcentajes establecidos en el artículo 48.3 del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre procede elevar al Consejo de Gobierno su correspondiente autorización.    Enlaces relacionados:   Resolución de 30/12/2019, de la Dirección General de Agricultura y Ganadería, por la que se establece la convocatoria, por el procedimiento de tramitación anticipada, de subvenciones de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha a la suscripción de los seguros incluidos en el cuadragésimo primer Plan de Seguros Agrarios Combinados (Plan 2020).

El Consejo de Gobierno concede una subvención directa y de carácter excepcional al Club Voleibol Socuéllamos, por la realización de un proyecto para la igualdad y contra la violencia de género.   El importe total de la subvención será de 27.000 euros, con cargo a la aplicación presupuestaria 1809/457A/48431, del Presupuesto de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para el año 2019.    Enlaces relacionados:   Decreto 281/2019, de 30 de diciembre, por el que se regula la concesión directa de una subvención al Club Voleibol Socuéllamos, por la realización de un proyecto para la igualdad y contra la violencia de género. 

Las Cortes regionales de Castilla-La Mancha aprobaron la Ley 7/2003, de 13 de marzo, del Consejo Social de la Universidad de Castilla-La Mancha, que regula su naturaleza, composición y funciones.    El artículo 13.1 de la Ley del Consejo Social de la Universidad de Castilla-La Mancha dispone que el Consejo Social elaborará su propio Reglamento de Régimen Interior. El pleno del Consejo Social aprobó el 18 de febrero de 2005 el Reglamento de Organización y Funcionamiento del Consejo Social de la Universidad de Castilla-La Mancha, que en su artículo 10 establece la composición del mismo: estará integrado por 19 miembros, incluido el presidente o presidenta, seis miembros en representación del Consejo de Gobierno de la Universidad y 13 en representación de los intereses sociales.    Dentro de los 6 primeros son vocales natos el Rector, el Secretario General y el Gerente de la Universidad, y serán elegidos de entre sus miembros un profesor, un estudiante y un representante del personal de Administración y Servicios.    Por parte de los intereses sociales de la región seis serán designados por el gobierno de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, tres por parte de las Cortes y otros seis designados por las entidades empresariales, las sindicales y la federación de municipios y provincias a razón de dos cada uno.    Los miembros de la representación social tienen un mandato de 4 años, pudiendo ser prorrogados una sola vez, acabarán también su representación cuando dejen de ostentar el cargo por el cual tienen la representación, o a propuesta de sus respectivas organizaciones como es el caso.    Corresponde al gobierno regional el nombramiento del presidente y de todos sus miembros. En este caso se nombran a los tres miembros designados por las Cortes de Castilla-La Mancha, en representación de los intereses sociales:    Doña  Diana López Gómez, don Ángel Tomás Godoy Martínez y don José Jaime Alonso Díaz Guerra.    Enlaces relacionados:   Decreto 282/2019, de 30 de diciembre, por el que se dispone el cese y el nombramiento de miembros del Consejo Social de la Universidad de Castilla-La Mancha, en representación de los intereses sociales.

La Consejería de Educación, Cultura y Deportes ha tramitado las prórrogas de 49 contratos de transporte escolar en la provincia de Albacete. El procedimiento administrativo de la prórrogas no ha sido acompañado de la tramitación del procedimiento presupuestario por razones técnicas, según figura en el informe de la Delegación Provincial de Albacete, y en particular se ha omitido  la fiscalización previa de las mismas.   Por ello, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 100 del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre, es necesario que el Consejo de Gobierno convalide la omisión de fiscalización, previo informe de la Intervención General.