Acuerdos del Consejo de Gobierno

El expediente se instrumenta en aplicación de lo establecido en el artículo 25 de la Ley 11/2020, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para 2021, dedicado al régimen de autorización previa de gastos de los sujetos del sector público regional con presupuesto estimativo, que establece que la autorización previa de los gastos en que incurran las empresas y fundaciones públicas, cuando dichos gastos sean superiores a 240.000 euros, corresponde al Consejo de Gobierno.    Esta autorización requiere de previo informe favorable de la Dirección General de Presupuestos, según establece el artículo 25.4 de la Ley 11/2020, de 28 de diciembre. 

La Orden tiene por objeto establecer las bases reguladoras de la concesión de subvenciones para la contratación de personas desempleadas, especialmente paradas de larga duración y las que estén en situación de exclusión social, así como de aquellas que han perdido sus trabajos como consecuencia de la crisis provocada por el COVID-19, así como efectuar la convocatoria para 2021.    La finalidad de estas subvenciones consiste en crear oportunidades de inserción en el mercado laboral, mediante la contratación temporal de personas desempleadas, para la ejecución de proyectos de interés general y social; así como actualizar o renovar sus competencias profesionales y prevenir las situaciones de exclusión social, mediante la posibilidad de realizar con ellas acciones de orientación laboral y/o de formación profesional para el empleo.    Podrán ser beneficiarias de las subvenciones reguladas en esta orden, las entidades locales de Castilla-La Mancha, las entidades vinculadas o dependientes de las mismas y las agrupaciones de municipios.    Las subvenciones convocadas mediante la orden, se concederán con cargo a fondos propios y a fondos finalistas procedentes de las Diputaciones Provinciales y de la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales y del Instrumento de Recuperación y Resiliencia de la Unión Europea “Next Generation EU”  y se imputarán, dentro del  presupuesto de gastos de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, con carácter plurianual, al programa 322B ”Fomento y Gestión del Empleo”, gestionado por la Dirección General de Programas de Empleo, destinándose a esta convocatoria un importe de 102.000.000 euros.    El crédito se distribuye provincialmente atendiendo al número de personas desempleadas de la provincia, en relación con el total de la región y teniendo en cuenta la aportación de cada una de las Diputaciones Provinciales.    Enlaces relacionados:   Orden 64/2021, de 11 de mayo, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, por la que se regulan las bases para la concesión de subvenciones a entidades locales para la contratación de personas desempleadas y en situación de exclusión social, cofinanciables por el Fondo Social Europeo y con los recursos REACT-UE, como parte de la respuesta de la Unión Europea a la pandemia de COVID-19 y se efectúa la convocatoria para 2021.

La finalidad del proyecto de ley objeto de la propuesta es el establecimiento de los criterios para gestionar y ejecutar los europeos de recuperación. 

 

Enlaces relacionados:

 

Ley 4/2021, de 25 de junio, de Medidas Urgentes de Agilización y Simplificación de Procedimientos para la Gestión y Ejecución de los Fondos Europeos de Recuperación.

La legislación europea contiene determinadas disposiciones relativas al registro o la autorización por la autoridad competente de determinadas empresas alimentarias. Asimismo, exige que el operador de empresa alimentaria notifique ante la autoridad competente todos los establecimientos que estén bajo su control y que desarrollen alguna actividad en la producción, transformación y distribución de alimentos, con el fin de proceder a su registro.    En desarrollo del artículo 43 de la Constitución, se publicó la Ley 17/2011, de 5 de julio, de seguridad alimentaria y nutrición. Entre sus fines específicos, previstos en el artículo 1.2 en relación con el artículo 24, destaca el establecimiento de los registros generales de alimentos y piensos como instrumentos de seguridad alimentaria.   Mediante el Real Decreto 191/2011, de 18 de febrero, sobre Registro General Sanitario de Empresas Alimentarias y Alimentos, se simplifica y adapta al nuevo marco normativo el procedimiento establecido en España para registrar, con carácter nacional y público, las empresas implicadas en la cadena alimentaria, excluyéndose la producción primaria, las tiendas minoristas, restaurantes, cafeterías, bares, panaderías, pastelerías, comedores de centros escolares u hospitales y otros establecimientos cuya actividad principal es la venta al detalle o el servicio in situ a la persona consumidora final o a colectividades que comercializan en un ámbito local, incluyendo las zonas de tratamiento aduanero especial, debiendo inscribirse, salvo la producción primaria, en los registros autonómicos establecidos al efecto.    Se hace necesario, por tanto, crear en nuestra Comunidad el citado registro autonómico, así como regular los procedimientos asociados al mismo y los que deban realizarse por las empresas que se vean obligadas, por razones de competencia territorial, a presentar sus comunicaciones o solicitudes de autorización en nuestra Comunidad para su asiento en el Registro General Sanitario de Empresas Alimentarias y Alimentos de carácter nacional.    Enlaces relacionados:   Decreto 56/2021, de 11 de mayo, del Registro Sanitario de Empresas y Establecimientos Alimentarios de Castilla-La Mancha. Procedimientos de comunicación previa y de autorización.

Mediante el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, se declaró el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. En este contexto, el Real Decreto 9/2020, de 18 de marzo, por el que se aprueban medidas extraordinarias de carácter económico-financiero y de refuerzo de medios frente a dicha crisis, estableció en su artículo 10 la procedencia de aplicar la tramitación de emergencia prevista en el artículo 120 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP, en adelante), a todos aquellos contratos que hubieran de celebrarse por la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y su Sector Público para hacer frente al COVID-19.    La aplicación de dicho régimen excepcional habilita a los órganos de contratación a contratar todo lo necesario para hacer frente al COVID-19 sin obligación de tramitar expediente de contratación ni sujetarse a los requisitos formales establecidos en la LCSP.    Al amparo de ello, desde el 1 de enero de 2021 hasta el 15 de abril de 2021 las declaraciones de emergencia en contrataciones realizadas por el SESCAM para hacer frente, en el ámbito de sus competencias, al COVID-19, son las que se relacionan en el anexo de este acuerdo, así como el contrato “EE 186” de adquisición de batas tipo Rodier aislamiento impermeable reutilizable EPI, que también se relaciona en el mismo. 

Autorización de Consejo de Gobierno del gasto por importe de 1.467.692,50 €de acuerdo con el artículo 21.f) de la Ley 11/2020, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para 2021, referido al expediente siguiente:    “Obra de construcción del Centro de Salud de Campillo de Altobuey (Cuenca)”.    El importe asciende a 1.467.692,50 €.   Los gastos elegibles por inversión pueden ser objeto de financiación en un 80% con fondos FEDER mediante la Ayuda a la Recuperación para la Cohesión y los Territorios de Europa-REACT-UE-FPA0090015.

Se propone al Consejo de Gobierno autorizar un gasto por importe total de 98.687.787,78 euros, correspondiente al expediente de la cuarta prórroga de la contratación derivada del acuerdo marco para la concesión de servicios de carácter social: concierto de plazas residenciales, plazas de estancias diurnas, plazas de estancias nocturnas y plazas de estancia temporal para personas mayores en la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, lotes 1, 2 y 4.    La duración de la prórroga extraordinaria abarcará el periodo comprendido entre el 1 de julio de 2021 y la fecha de resolución del concierto social que se convoque o, en su defecto, el 30 de junio de 2022.    El gasto total citado anteriormente supera el límite establecido en el artículo 21, apartado a) de la Ley 11/2020, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para 2021, y, en consecuencia, de conformidad con lo establecido en el apartado f) del citado artículo, corresponde al Consejo de Gobierno la aprobación del mismo.  

La Consejería de Bienestar Social, al amparo del Decreto 16/2016, de 26 de abril, por el que se regulan las subvenciones a entidades privadas sin ánimo de lucro para el mantenimiento de centros destinados a menores afectados por medidas de protección o judiciales y de la Resolución de 31/03/2021, de la Dirección General de Infancia y Familia, por la que se publica el crédito presupuestario disponible, la forma de pago y el plazo de justificación del gasto, durante 2021, para atender las obligaciones de contenido económico derivadas de las subvenciones a entidades privadas sin ánimo de lucro para el mantenimiento de centros destinados a menores afectados por medidas de protección o judiciales, pretende formalizar, entre otros, ocho convenios de colaboración por importe total de 13.941.002,33 €.    Estos gastos se imputarán a la partida presupuestaria 27070000G/313E/48163 de los Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para el ejercicio 2021.    Cada uno de estos gastos individuales supera el límite establecido en el artículo 21, apartado a) de la Ley 11/2020, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para 2021, y, en consecuencia, de conformidad con lo establecido en el apartado f) del citado artículo, corresponde al Consejo de Gobierno la aprobación del mismo.   Enlaces relacionados:   Resolución de 31/03/2021, de la Dirección General de Infancia y Familia, por la que se publica el crédito presupuestario disponible, la forma de pago y el plazo de justificación del gasto, durante 2021, para atender las obligaciones de contenido económico derivadas de las subvenciones a entidades privadas sin ánimo de lucro para el mantenimiento de centros destinados a menores afectados por medidas de protección o judiciales.