Este proyecto de Decreto tiene como objetivo avanzar en la asunción de competencias por parte de la Comunidad Autónoma, situándola a la vanguardia de una contratación pública moderna, eficiente, transparente y comprometida con el interés general.
La norma refuerza el papel de la contratación estratégica como instrumento para impulsar un desarrollo regional más justo, inclusivo y resiliente, integrando de forma transversal cláusulas sociales, medioambientales y de innovación en todas las fases del ciclo contractual.
Se regula la profesionalización de los empleados del sector público que realicen o participen en alguna tarea relacionada con la contratación pública, sentando las bases para avanzar en el cumplimiento de uno de los objetivos de la Estrategia Nacional de Contratación Pública recogidos en el artículo 334.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre; en concreto, incrementar la profesionalización de los agentes públicos de la contratación.
Con el fin de acercar la contratación a la ciudadanía, se introducen medidas de simplificación en los procedimientos de contratación, y otras medidas que pretenden facilitar la participación de las pequeñas y medianas empresas en nuestros contratos.
Se fomenta el uso de las técnicas de racionalización de la contratación en la medida en que contribuyen a optimizar y mejorar la planificación de la actividad contractual, permiten ahorrar costes, reducen los tiempos de tramitación de los contratos basados y específicos y simplifican las cargas administrativas. A su vez, estas técnicas de racionalización constituyen un instrumento fundamental de transparencia al homogeneizar los procedimientos de adjudicación de contratos, ofreciendo a los operadores económicos, y a los propios gestores, un marco jurídico estable, claro y predecible.
Se establece un nuevo sistema de organización y gobernanza que tiene como novedad la desaparición de las Oficinas delegadas de contratación manteniendo la denominación de los servicios de contratación adscritos a las secretarías generales de cada consejería y organismo autónomo. Desaparece la Junta Central de Contratación, asumiendo sus funciones consultivas la Unidad de asesoramiento especializado en materia de contratación. Se crea el Comité Regional de Compra Pública como órgano de cooperación para la asistencia y apoyo a la Secretaría General de la consejería competente en materia de coordinación de la contratación.
Otro aspecto novedoso del Decreto es la apuesta definitiva por el uso de tecnologías digitales, alineadas con el cumplimiento de los principios de eficiencia, eficacia y economía, y con el compromiso de esta Administración con la modernización y la mejora continua de la calidad de los servicios públicos.