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Senda Ecológica de Carretas (Hayedo de Tejera Negra) La Senda Ecológica de Carretas recorre uno de los hayedos más meridionales de Europa: el Hayedo de Tejera Negra, declarado Bien Patrimonio Mundial de... Parque Natural Sierra Norte de GuadalajaraCantalojasDistancia6.29Duración2.50A pie05. Senda de las Esculturas de Condemios La Senda de las Esculturas de Condemios es un original recorrido que combina naturaleza y arte al aire libre en plena Sierra Norte de Guadalajara. A... Parque Natural Sierra Norte de GuadalajaraCondemios de ArribaDistancia2.40Duración0.80A pie07. Camino de Prádena de Atienza a la Cueva del Oso (GR 167) Esta ruta lineal de 9 km (ida y vuelta), forma parte del GR 167 y recorre el antiguo camino de herradura entre Prádena de Atienza y Albendiego... Parque Natural Sierra Norte de GuadalajaraPrádena de AtienzaDistancia4.50Duración1.20A pie11. Camino de Zarzuela de Galve a las Taínas de Peñas Rubias y del Collaillo Esta ruta circular de algo menos de 5 km parte del encantador pueblo de Zarzuela de Galve, pedanía de Valverde de los Arroyos, y se adentra en un... Parque Natural Sierra Norte de GuadalajaraValverde de los ArroyosDistancia4.70Duración1.80A pie12. Sendero de la Chorrera de Despeñalagua Este breve sendero, de 4 km ida y vuelta y baja dificultad, conduce a uno de los paisajes más icónicos del Parque Natural de la Sierra Norte de... Parque Natural Sierra Norte de GuadalajaraValverde de los ArroyosDistancia2.00Duración1.00A pie17. SL-GU 03 Sendero de Robleluengo al Molino de Majaelrayo El sendero local SL-GU 03 es un apacible paseo de 5 km (ida y vuelta) que conecta la aldea de Robleluengo con las ruinas del antiguo molino harinero... Parque Natural Sierra Norte de GuadalajaraCampillo de RanasMajaelrayoDistancia2.50Duración0.70A pie22. Senda botánica del río Veguillas (ruta escénica del puerto de la Quesera) La Senda Botánica del Río Veguillas recorre uno de los rincones más singulares del Parque Natural de la Sierra Norte de Guadalajara siguiendo el curso... Parque Natural Sierra Norte de GuadalajaraCardoso de la Sierra (El)Distancia1.30Duración0.40A pie24. Senda etnográfica de Villares de Jadraque La Senda Etnográfica de Villares de Jadraque es un recorrido corto y muy didáctico que nos adentra en la cultura rural de la Sierra Norte de... Parque Natural Sierra Norte de GuadalajaraVillares de JadraqueDistancia1.70Duración1.00A pie28. Senda Ecológica del Jarama La Senda Ecológica del Jarama ofrece un recorrido tranquilo y de gran belleza por uno de los tramos mejor conservados de este río en la Sierra Norte... Parque Natural Sierra Norte de GuadalajaraCardoso de la Sierra (El)Distancia4.30Duración2.50A pie31. Camino de Bocígano a Cabida por la Era Lizal Esta ruta circular enlaza la localidad de Bocígano con el pequeño núcleo de Cabida, atravesando algunos de los paisajes más auténticos de la Sierra... Parque Natural Sierra Norte de GuadalajaraCardoso de la Sierra (El)Distancia6.40Duración1.70A pie33. Camino de Bocígano a Colmenar de la Sierra Este sendero une dos pintorescas aldeas del municipio de El Cardoso de la Sierra, representativas de la arquitectura serrana en el Parque Natural... Parque Natural Sierra Norte de GuadalajaraCardoso de la Sierra (El)Distancia5.40Duración1.20A pie39. Senda geológica del Pontón de la Oliva a las cárcavas de Mingo Negro (Valdepeñas de la Sierra) Esta senda geológica recorre uno de los enclaves más singulares del Parque Natural de la Sierra Norte de Guadalajara, enlazando la histórica presa del... Parque Natural Sierra Norte de GuadalajaraValdepeñas de la SierraDistancia2.00Duración1.00Paginación123456SiguienteSiguiente páginaLastÚltima página

Artículo Científico Extractos Naturales Variability of the essential oil composition of cultivated populations of Salvia lavandulifolia Vahl 15 de Marzo de 2022 CIAF-IRIAF. Centro de Investigación Agroforestal "Albaladejito" La salvia española (Salvia lavandulifolia Vahl) es una planta aromática con alto potencial económico en agricultura por su rusticidad y baja necesidad de aportes químicos. Sin embargo, la presencia de numerosos quimiotipos dificulta el suministro de cultivos homogéneos a la industria y hace necesaria la selección y estandarización del material vegetal. Con este objetivo, nuestro grupo realizó un extenso estudio poblacional de esta especie en toda la Península Ibérica para investigar la variabilidad de esta especie e inició un programa de selección basado en ensayos multiambientales. Así, se cultivaron 12 poblaciones silvestres de S. lavandulifolia en dos localidades diferentes y se monitoreó su producción de biomasa seca, rendimiento y composición del aceite esencial durante 2 años de cultivo para evaluar el efecto de la interacción genotipo × ambiente. Cada población presentó una composición del aceite esencial claramente diferenciada, aunque alcanfor (15,3 % de media), 1,8-cineol (15,0 %), α-pineno (11,3 %), β-pineno (8,5 %) y limoneno (7,5 %). %) fueron los principales compuestos. Otros compuestos como p-cimeno, γ-terpineno, acetato de bornilo, espatulenol o viridiflorol solo estaban presentes en algunas muestras. El rendimiento de aceite esencial varió de 0,9 a 2,3 g por 100 g de biomasa seca, y la biomasa seca de 76 a 322 g por planta. A pesar de la alta variabilidad de estos rasgos, se infiere que la composición del aceite esencial en S. lavandulifolia está determinada principalmente por factores genéticos, lo que sugiere que plantas individuales (clones) con una composición favorable para una aplicación específica podrían seleccionarse y mejorarse con una calidad homogénea a lo largo del tiempo. Revista Crop Science Volumen 62 (nº 2, marzo-abril 2022), 744-752 Autores Raúl Sánchez Vioque, David Herraiz Peñalver, Enrique Melero Bravo, Gonzalo Ortiz de Elguea Culebras, Baudilio Herrero, Yolanda Santiago, Marta Bueno, Silvia Pérez-Magarino y María del Carmen Asensio S. Manzanera Modalidad Artículo Revistas SCI Tema Extractos Naturales Descargar Resumen IRIAF. Artículo Científico 2022. Aceites Esenciales. Salvia lavandulifolia. CIAF 150.37 KB

Esta exposición, organizada por Movimiento por la Paz, quiere visibilizar la diversidad de las mujeres en todo el mundo y contribuir así a una mayor justicia social, libre de estereotipos, que favorezca la igualdad de género y el respeto de los Derechos Humanos. Se expondrán doce fotografías seleccionadas de la quinta edición del concurso de fotografía  Realidades en Transformación  bajo el título  Mujeres libres y diversas  con el que se ha buscado reivindicar la amplia diversidad de mujeres que habitan este mundo y el valor de esta diversidad como una fuente de riqueza para las diferentes sociedades. Será visitable desde el 2 al 8 de abril de 2024 en la galería del Salón de Actos., Horario, De lunes a viernes de 08:30 h. a 21:00 h.  Sábados de 09:00 h. a 14:00 h.

Dados los términos en que se plantea la consulta, hemos de partir de lo dispuesto en el artículo 204 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante, LCSP), cuyo apartado primero establece lo siguiente (el resaltado es nuestro): Los contratos de las Administraciones Públicas podrán modificarse durante su vigencia hasta un máximo del veinte por ciento del precio inicial cuando en los pliegos de cláusulas administrativas particulares se hubiere advertido expresamente de esta posibilidad, en la forma y con el contenido siguientes: (…)”. Así pues, el porcentaje del 20 por ciento, previsto en el citado precepto, ha de aplicarse al precio inicial del contrato. La LCSP regula el precio del contrato en su artículo 102, que indica (el resaltado es nuestro): “1. Los contratos del sector público tendrán siempre un precio cierto, que se abonará al contratista en función de la prestación realmente ejecutada y de acuerdo con lo pactado. En el precio se entenderá incluido el importe a abonar en concepto de Impuesto sobre el Valor Añadido, que en todo caso se indicará como partida independiente. (…)”. Así pues, la vigente norma contractual (a diferencia de sus predecesoras) establece expresamente que, en el precio del contrato (artículo 102.1), se entiende incluido el IVA; lo mismo cabe decir respecto del presupuesto base de licitación, en el que también se entiende incluido, según el artículo 100.1). Teniendo en cuenta lo anterior, este servicio considera que el límite máximo para las modificaciones previstas se refiere al precio inicial del contrato, IVA incluido, dado que en la regulación del precio, la LCSP incluye este impuesto (artículo 102.1), y que el artículo 204.1 se refiere al precio inicial, sin indicar expresamente que se excluye el IVA, a diferencia de lo que establecen otros artículos relativos a la modificación, como son los artículos 205 y 206, en los que sí se especifica que, a la hora de aplicar el porcentaje al precio inicial del contrato, en este ha de entenderse excluido el IVA. Este porcentaje de modificación, conforme a lo dispuesto en el artículo 101.2.c), también ha de tenerse en cuenta a la hora de calcular el valor estimado de nuestro contrato; no obstante, dado que en esta fase se desconoce cuál será el precio inicial del contrato, pues es previa a su licitación y adjudicación, habrá de considerarse como tal el presupuesto base de licitación.  Así lo entiende la doctrina; sin ánimo de exhaustividad, podemos citar el Informe 2/2020, de 27 de marzo, de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de la Generalitat de Catalunya, cuyo asunto es el Cálculo del porcentaje de modificación de los contratos y cálculo del valor estimado de los contratos en caso de que los pliegos de cláusulas administrativas particulares adviertan de la posibilidad de modificarlos y se prevea la posibilidad de prórroga: “(…) En este sentido, y dado que en el momento de calcular el valor estimado del contrato y de recoger en los pliegos la posibilidad de modificación no se dispone todavía del “precio inicial” del contrato sobre el cual se tiene que calcular el porcentaje de modificación –entendido éste como precio de adjudicación, que no ha sido objeto de ninguna modificación y que no incorpora las eventuales prórrogas–, hay que tomar como referencia para el cálculo de dicho porcentaje el presupuesto base de licitación. Eso, sin perjuicio que cuando las modificaciones hayan de producirse efectivamente, en fase de ejecución, momento en el cual ya se conoce cuál es el “precio inicial” del contrato –en la medida en que vendrá dado por la oferta económica de la empresa contratista–, tengan que ajustarse de manera que respeten el límite legalmente fijado. Y aclara que: El presupuesto base de licitación, que se equipara en este momento procedimental al precio inicial de contrato, incluye el IVA, de acuerdo con el artículo 100 de la LCSP, de la misma manera que aquel precio también lo incluye, de conformidad con el artículo 102 de la LCSP. En su Informe, la Junta de Cataluña concluye: “I. Para el cálculo del porcentaje de modificación de los contratos hay que entender como “precio inicial” aquel que no ha sido objeto de modificación y que lo es del contrato sin tener en cuenta la eventual prórroga. Así, dado que en el momento de calcular a qué importe corresponde este porcentaje, a efectos de calcular el valor estimado del contrato, no se conoce todavía cuál será el precio inicial del contrato –en la medida en que este vendrá dado por la oferta de la empresa contratista–, hay que calcular el porcentaje de modificación mencionado sobre el presupuesto base de licitación. (…)   (…) III. Con el fin de dar cumplimiento a la limitación fijada en el artículo 204 de la LCSP para las modificaciones previstas se considera necesario que, en fase de ejecución del contrato y, por lo tanto, una vez conocido cuál es su precio inicial, la modificación o las modificaciones del contrato que se produzcan no superen el 20% de este importe –de manera que el importe de modificación que se acabe produciendo efectivamente será presumiblemente inferior al importe de modificación estimado en el momento del cálculo del valor estimado del contrato, en la medida que la oferta de la empresa que acabe siendo la contratista haya incorporado alguna baja respecto del presupuesto base de licitación”. También resulta interesante el Informe 52/2022, de 25 de mayo de 2023 de la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado (JCCPE), relativo a “Reequilibrio de un contrato de concesión de servicios como consecuencia de una modificación del contrato”. En este Informe, la JCCPE entiende que el “precio inicial”, para los contratos de concesión, se refiere al valor de contrato de concesión finalmente adjudicado, añadiendo el Impuesto sobre el Valor Añadido, en los términos previstos en el artículo 102.1 de la LCSP, con lo que implícitamente podemos entender que, cuando nos referimos al precio inicial del contrato, para calcular el límite máximo del porcentaje de modificación que regula el artículo 204.1 de la LCSP, debemos tener en cuenta que incluye el IVA. Señala la Junta (el resaltado es nuestro): “(…) Aunque no ha sido consultada esta cuestión, conviene aclarar una duda que se puede suscitar en la aplicación a las concesiones de servicios cual es la determinación de lo que hay que entender por precio inicial del contrato a estos efectos, toda vez que las concesiones se caracterizan por un peculiar sistema de retribución consistente bien en el derecho del concesionario a explotar un servicio bien en dicho derecho acompañado del de percibir un precio (artículo 15.1 de la LCSP). Esta peculiaridad determina que se establezca, por ejemplo, un específico sistema de determinación del valor estimado del contrato en el artículo 101.1.b) de la LCSP consistente en “el importe neto de la cifra de negocios, sin incluir el Impuesto sobre el Valor Añadido, que según sus estimaciones, generará la empresa concesionaria durante la ejecución del mismo como contraprestación por las obras y los servicios objeto del contrato, así como de los suministros relacionados con estas obras y servicios”. Esta peculiaridad no ha tenido reflejo, sin embargo, en otros ámbitos de la regulación de este contrato como la modificación de las concesiones donde, como ya sabemos, tiene lugar una sencilla remisión al régimen general de la modificación de los contratos, donde se utiliza la expresión “precio inicial”. A este respecto, y tomando como elemento interpretativo el artículo 43 de la Directiva 2014/23/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, relativa a la adjudicación de contratos de concesión, al tratar la modificación de las concesiones se refiere, al fijar sus límites, al “valor de la concesión original”, razón por la cual cabe entender que la referencia al precio inicial del contrato ha de entenderse en nuestro derecho interno, en una recta interpretación congruente con la Directiva, como el valor de contrato de concesión finalmente adjudicado, debiéndose tener en cuenta el sistema de retribución que se haya previsto y aplicando como metodología de cálculo lo dispuesto en el artículo 101.1.b) de la LCSP, que es la que se acomoda a las particularidades del sistema de retribución de estos contratos, añadiendo el Impuesto sobre el Valor Añadido, en los términos previstos en el artículo 102.1 de la LCSP.” De acuerdo con lo expuesto, y en opinión de este servicio, podemos concluir que el porcentaje máximo que el artículo 204 de la LCSP establece para las modificaciones previstas en el pliego de cláusulas administrativas particulares, ha de ser del 20 por ciento del precio inicial del contrato, IVA incluido.  Finalmente, indicar que, sin perjuicio de lo señalado anteriormente, la presente respuesta a la consulta planteada tiene carácter meramente informativo y, en ningún caso, resulta vinculante. Es muy importante para el servicio InfocontrataCLM valorar la calidad de la atención que ofrecemos; por ello, hemos incorporado una breve encuesta anónima de cuatro preguntas a la que pueden acceder haciendo clic en cualquiera de las caritas que aparecen a continuación. Estaríamos encantados de recibir su opinión para poder seguir mejorando. ¡Muchas gracias por su colaboración! Califique la respuesta a esta consulta  EL SERVICIO DE ASESORAMIENTO Y NORMALIZACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN

En relación con la citada consulta, hemos de indicarle en primer lugar que la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante LCSP) excluye de su ámbito de aplicación en el artículo 9.2  “a los contratos de compraventa, donación, permuta, arrendamiento y demás negocios jurídicos análogos sobre bienes inmuebles, valores negociables y propiedades incorporales, a no ser que recaigan sobre programas de ordenador y deban ser calificados como contratos de suministro o servicios, que tendrán siempre el carácter de contratos privados y se regirán por la legislación patrimonial (…)”.   No obstante, respecto de las relaciones jurídicas, negocios y contratos excluidos del ámbito de la LCSP, la misma señala en su artículo 4, que “se regirán por sus normas especiales, aplicándose los principios de esta Ley para resolver las dudas y lagunas que pudieran presentarse”.   De acuerdo con la LCSP, las entidades que deseen contratar con el sector público han de tener la aptitud necesaria para ello; es decir, deben tener plena capacidad de obrar, no estar incursas en alguna prohibición de contratar, y contar con la solvencia económica y financiera y técnica o profesional que se haya exigido en los pliegos que rijan el correspondiente procedimiento de contratación. Así lo determina el artículo 65 de la LCSP: “Solo podrán contratar con el sector público las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en alguna prohibición de contratar, y acrediten su solvencia económica y financiera y técnica o profesional o, en los casos en que así lo exija esta Ley, se encuentren debidamente clasificadas. (…) Quienes deseen participar en un procedimiento de contratación deben tener capacidad de obrar, y deben realizar algún tipo de actividad empresarial o profesional que responda a las necesidades de contratación de la Administración, ya sea ejecutando una obra, prestando un servicio o facilitando un suministro. Asimismo, deben reunir los requisitos de solvencia que determine el órgano de contratación y no estar incurso en prohibición de contratar. Respecto de esta última condición, es preciso indicar que el artículo 71.1.d) establece como causa de prohibición para contratar “No hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o de Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, en los términos que reglamentariamente se determinen (…)”. En lo atinente a la documentación acreditativa de estar al corriente de las obligaciones tributarias y con la seguridad social, el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (en adelante, RGLCAP), regula las circunstancias que deben concurrir para que las empresas se encuentren al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, en los artículos 13 y 14. El artículo 13, en su apartado 1.a) señala como una de ellas “Estar dadas de alta en el Impuesto sobre Actividades Económicas, en el epígrafe correspondiente al objeto del contrato, siempre que ejerzan actividades sujetas a este impuesto, en relación con las actividades que vengan realizando a la fecha de presentación de las proposiciones o de las solicitudes de participación en los procedimientos restringidos, que les faculte para su ejercicio en el ámbito territorial en que las ejercen”. Por su parte, el artículo 15 del RGLCAP indica el medio a través del cual se acreditará dicha circunstancia: “mediante la presentación del alta, referida al ejercicio corriente, o del último recibo del Impuesto sobre Actividades Económicas, completado con una declaración responsable de no haberse dado de baja en la matrícula del citado Impuesto”. La Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado, tuvo ocasión de pronunciarse sobre el "Momento en que debe acreditarse el cumplimiento de las obligaciones tributarias respecto al requisito de estar dada de alta la empresa en el Impuesto de Actividades Económicas", en su Informe 39/01, de 13 de noviembre de 2001. En este caso, el Alcalde del Ayuntamiento de Baza (Granada) solicita informe sobre si es necesario que los interesados en la adjudicación estén dados de alta en el I.A.E. dentro del plazo de presentación de proposiciones, o si basta que la persona incluida en la propuesta de la Mesa de contratación se dé de alta en el citado impuesto dentro de los 5 días hábiles a contar desde el requerimiento efectuado por la Mesa. La Junta Consultiva expone lo siguiente: “(…) El artículo 80.2, letra e), de la redacción primitiva de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas exigía a todos los licitadores que acompañasen a su proposición los documentos que acreditasen hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias. La Ley 53/1999, de 28 de diciembre, vino a dar nueva redacción al artículo 80 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (hoy incorporado como artículo 79 del Texto refundido aprobado mediante Real Decreto legislativo 2/2000, de 16 de junio), sustituyendo la necesidad de que todos los licitadores acompañasen a su proposición los documentos acreditativos del cumplimiento de las obligaciones tributarias por una declaración responsable, disponiendo que "la justificación acreditativa de tal requisito (hallarse al corriente del cumplimiento de sus obligaciones tributarias) debe exigirse antes de la adjudicación a los que vayan a ser adjudicatarios del contrato, a cuyo efecto se les concederá un plazo máximo de cinco días hábiles" (artículo 79.2, letra b)).(…)”.   En la actual LCSP, también se sustituyen dichos documentos por la presentación de una declaración responsable, que se ajustará al formulario de documento europeo único de contratación de conformidad con lo indicado en el artículo siguiente, que deberá estar firmada y con la correspondiente identificación (…) (artículo 140.1.a) de la LCSP). La documentación justificativa de los extremos declarados deberá presentarse, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 150.2 de la LCSP, por el licitador que haya presentado la mejor oferta dentro del plazo de diez días hábiles, a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento. Continúa la Junta Consultiva: “(…) Ahora bien, sin perjuicio del momento en que actualmente sea exigible la acreditación de estar al corriente de las obligaciones tributarias y, por tanto, del Impuesto sobre Actividades Económicas, lo cierto es que para que los empresarios tengan capacidad para contratar con la Administración y no se hallen incursos en una prohibición de contratar, es necesario que se hallen al corriente de tales obligaciones en el momento de presentar sus proposiciones. Cuestión distinta sin embargo es que, si en el momento de presentar tales proposiciones no realizan todavía actividades sujetas al Impuesto sobre Actividades Económicas, no estén obligados por dicho impuesto, ya que, como se ha señalado, el artículo 7.1 a) del Real Decreto 390/1996 se refiere a la circunstancia de "estar dadas de alta en el Impuesto sobre Actividades Económicas, cuando ejerzan actividades sujetas a dicho impuesto", por lo que en el momento de presentar su proposición el empresario no estaría obligado a estar dado de alta para entender que se halla al corriente de sus obligaciones tributarias”. Y concluye: “Por lo expuesto la Junta Consultiva de Contratación Administrativa entiende que actualmente en los contratos sujetos a la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, la acreditación de hallarse al corriente de las obligaciones tributarias solamente se exigirá a quienes vayan a resultar adjudicatarios de un contrato, si bien, para que un empresario no se halle incurso en una prohibición de contratar, es necesario que se halle al corriente de tales obligaciones en el momento de presentar su proposición realizando en ese momento la correspondiente declaración responsable. No obstante, si un empresario en el momento de presentar su proposición no realiza todavía ninguna actividad sujeta al Impuesto sobre Actividades Económicas, no está obligado por dicho impuesto, por lo que en el momento de presentar su proposición no estaría obligado a estar dado de alta en el mismo para entender que se halla al corriente de sus obligaciones tributarias”.   Teniendo en cuenta lo anterior, podemos indicar lo siguiente: La acreditación de estar al corriente con las obligaciones tributarias y la seguridad social se exigirá al licitador que haya presentado la oferta más ventajosa, que deberá hacerlo en el plazo de 10 días hábiles a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento del órgano de contratación. El cumplimiento de estar al corriente con las obligaciones tributarias y la seguridad social debe concurrir en el momento de presentar la correspondiente proposición. Si un empresario en el momento de presentar su proposición no realiza todavía ninguna actividad sujeta al Impuesto sobre Actividades Económicas, no está obligado por dicho impuesto, por lo que en el momento de presentar su proposición no estaría obligado a estar dado de alta en el mismo para entender que se halla al corriente de sus obligaciones tributarias. Una vez que sea propuesto como adjudicatario deberá solicitar el alta en el IAE, y presentarla en el plazo de los 10 días hábiles a que se ha hecho referencia, siempre que se trate de una actividad sujeta a dicho impuesto.   Finalmente indicar que, sin perjuicio de lo señalado anteriormente, la presente respuesta a la consulta planteada tiene carácter meramente informativo y en ningún caso resulta vinculante. Es muy importante para el servicio InfocontrataCLM valorar la calidad de la atención que ofrecemos; para ello, ponemos a su disposición esta breve encuesta. Estaríamos encantados de recibir su opinión para poder seguir mejorando. ¡Muchas gracias por su colaboración! Califique la respuesta a esta consulta SERVICIO DE ASESORAMIENTO Y NORMALIZACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN

Para poder dar una respuesta adecuada a la consulta, este servicio pidió al órgano consultante los estatutos de la sociedad municipal participada íntegramente por el Ayuntamiento, para comprobar si la sociedad tenía la consideración de medio propio, a los efectos de verificar si la prestación que pretende llevar a cabo el Ayuntamiento podría realizarse a través de un encargo a aquella. El artículo 32 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante LCSP), regula los “Encargos de los poderes adjudicadores a medios propios personificados”; en su apartado segundo dispone lo siguiente (el resaltado es nuestro): “2. Tendrán la consideración de medio propio personificado respecto de una única entidad concreta del sector público aquellas personas jurídicas, de derecho público o de derecho privado, que cumplan todos y cada uno de los requisitos que se establecen a continuación: (…) d) La condición de medio propio personificado de la entidad destinataria del encargo respecto del concreto poder adjudicador que hace el encargo deberá reconocerse expresamente en sus estatutos o actos de creación, previo cumplimiento de los siguientes requisitos: (…)”. Revisados los estatutos hemos podido comprobar que estos no reconocen expresamente la condición de medio propio de la sociedad municipal, por lo que no se cumplirían todos los requisitos que el artículo 32 de la LCSP exige para poder realizar el encargo que, en todo caso, y de acuerdo con lo que señala el precepto, no tendría la consideración de contrato. Aclarado lo anterior, cabe responder a la cuestión sobre si el Ayuntamiento podría celebrar un contrato menor con la empresa municipal de capital íntegramente municipal, cuyo objeto social abarca todo el ciclo integral del agua en el municipio, incluido la gestión de los servicios de abastecimiento y distribución de agua potable. La empresa municipal tiene personalidad jurídica propia y diferenciada del Ayuntamiento, por lo que podría participar en los procedimientos de contratación que este licite, incluida la formalización con aquella de contratos menores, siempre que se cumplan los requisitos que la LCSP establece para ello, sin que obste a ello el hecho de que la sociedad sea municipal y se ocupe de la gestión de los servicios de abastecimiento y distribución de agua potable. Los contratos menores se regulan principalmente en los artículos 118 y 131.3 de la LCSP. El artículo 118 de la LCSP establece lo siguiente: “1. Se consideran contratos menores los contratos de valor estimado inferior a 40.000 euros, cuando se trate de contratos de obras, o a 15.000 euros, cuando se trate de contratos de suministro o de servicios, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 229 en relación con las obras, servicios y suministros centralizados en el ámbito estatal. 2. En los contratos menores la tramitación del expediente exigirá la emisión de un informe del órgano de contratación justificando de manera motivada la necesidad del contrato y que no se está alterando su objeto con el fin de evitar la aplicación de los umbrales descritos en el apartado anterior. (…)”. Relacionado con lo anterior, el artículo 99.2 de la propia LCSP señala que: “no podrá fraccionarse un contrato con la finalidad de disminuir la cuantía del mismo y eludir así los requisitos de publicidad o los relativos al procedimiento de adjudicación que correspondan”. Es decir, no se puede dividir, fraccionar o partir el objeto de un contrato con la única finalidad de disminuir su valor estimado y eludir, así, los requisitos de publicidad o los relativos al procedimiento de adjudicación que correspondan. Sin embargo, esto no implica que toda división o fraccionamiento contractual constituya una ilegalidad, tendremos que estar a las circunstancias concretas de cada caso para dirimir si es o no válido el fraccionamiento. Por su parte, el artículo 131.3 de la LCSP establece: “3. Los contratos menores podrán adjudicarse directamente a cualquier empresario con capacidad de obrar y que cuente con la habilitación profesional necesaria para realizar la prestación, cumpliendo con las normas establecidas en el artículo 118”. Sobre el contrato menor se pronunció este servicio en su Consulta 37/2023: “Esta regulación establece para los contratos menores, dada su escasa cuantía, un régimen de tramitación bastante simplificado en el que sólo se exige un informe del órgano de contratación que justifique el no fraccionamiento del contrato, la aprobación del gasto y la factura correspondiente; en el contrato menor de obras, además, debe constar el presupuesto de las obras y, en su caso, el proyecto y el informe de las oficinas o unidades de supervisión sobre estabilidad, seguridad o estanqueidad de la obra. No se exige para este tipo de contratos el resto de documentación prevista para otros adjudicados mediante el procedimiento abierto, restringido o negociado; así, no es necesario que figuren en el expediente los pliegos de cláusulas administrativas y de prescripciones técnicas, no se requiere la prestación de garantías, ni la formalización de contrato. Además, los contratos menores no requieren de publicidad previa y licitación, pudiendo adjudicarse directamente a un determinado operador económico. Pese a dicha tramitación más simplificada, nada impide hacer uso de alguno de los trámites que la normativa no exige como obligatorios para este tipo de contratos. Así, por ejemplo, el órgano de contratación puede publicar un anuncio de licitación en el perfil del contratante, con el objetivo de que la licitación obtenga una mayor publicidad y, por tanto, sus necesidades de contratación sean conocidas por un mayor número de potenciales licitadores. Del mismo modo, aunque el contrato esté dentro de los umbrales económicos para poder tramitarse como menor, no es óbice para que el órgano de contratación opte por llevar a cabo la adjudicación mediante un procedimiento abierto simplificado abreviado o supersimplificado, regulado en el apartado 6 del artículo 159 de la LCSP, y que, además de ser un procedimiento también ágil en cuanto a su tramitación, sí que se exige la publicación del anuncio de licitación previa en el perfil del contratante, con los efectos comentados que esto supondría. De acuerdo con lo expuesto, para poder llevar a cabo el contrato menor con la empresa municipal son necesarios los siguientes requisitos: Que no se superen los umbrales económicos previstos en el artículo 118.1 de la LCSP. Que se justifique la necesidad del contrato y que no se esté fraccionando su objeto con el fin de eludir los requisitos de publicidad y el procedimiento de adjudicación que legalmente corresponda. Que la empresa municipal tenga la aptitud necesaria para contratar. Si se cumplen todos los requisitos expuestos podrá adjudicarse el contrato a la empresa municipal, sin perjuicio de que puedan solicitarse más ofertas o que pueda adjudicarse el contrato a través de los procedimientos de adjudicación ordinarios, que sí respetan los principios generales de contratación de igualdad, publicidad y concurrencia, que el contrato menor excepciona. Dicho lo anterior, no obstante, resulta preciso advertir lo siguiente: Dada la actuación que se pretende realizar: la renovación de la acometida de agua potable (incluida la renovación de la red general de riego), resultaría -a priori- difícil de encajarla en el contrato menor -con un bajo umbral económico-, por la dimensión técnica y económica que implicaría llevarla a cabo. Por otra parte, dada la amplitud del objeto social de la empresa municipal -que incluye la gestión de los servicios de abastecimiento y distribución de agua potable, y de alcantarillado, así como la ejecución y dirección de cuantas obras de nueva construcción y/o ampliación sean necesarias para la correcta prestación de los servicios objeto de gestión por la Sociedad-, surgen dudas sobre si la actuación que se pretende realizar estaría o no incluida entre la actividad de la empresa, por lo que se sugiere que se revisen -a tal efecto- los estatutos o cualquier acuerdo que exista entre esta y el Ayuntamiento. Como conclusión, podemos indicar que cabe la celebración del contrato menor, siempre que se cumplan los requisitos previstos en la LCSP para ello. No obstante, parece de difícil encaje la adjudicación directa dada la dimensión técnica y económica que puede comportar la renovación de la red general de riego, con una antigüedad de más de 30 años. Por otra parte, surgen dudas sobre si esta actuación estaría o no incluida entre la actividad de la empresa municipal, por lo que se sugiere que se revisen -a tal efecto- los estatutos o cualquier acuerdo que exista entre esta y el Ayuntamiento.   Finalmente, indicar que la presente respuesta a la consulta planteada tiene carácter meramente informativo y, en ningún caso, resulta vinculante. Es muy importante para el servicio InfocontrataCLM valorar la calidad de la atención que ofrecemos; para ello, ponemos a su disposición esta breve encuesta. Estaríamos encantados de recibir su opinión para poder seguir mejorando. ¡Muchas gracias por su colaboración! Califique la respuesta a esta consulta   SERVICIO DE ASESORAMIENTO Y NORMALIZACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN

Charla ofrecida por ARBA Toledo dentro del ciclo de conferencias  Toledo: naturaleza y entornos sociales  conducida por Syra Díaz Rojas. ARBA Toledo es un grupo local que promueve talleres medioambientales, rutas interpretativas, reforestaciones, bellotadas o jornadas de vivero. En esta ocasión, desde el colectivo se acercan a la Biblioteca para hablarnos del entorno natural de nuestra ciudad, explicando los paisajes que nos rodean y cómo podemos contribuir a que mejoren o tengan más valor. Un encuentro para conocer esta iniciativa y todas las actividades que organizan, en las que la participación ciudadana es un elemento indispensable. Syra Díaz Rojas reside en Toledo y es técnica superior en gestión de recursos naturales, guía de baja y media montaña, y monitora ambiental. Es miembro de ARBA Toledo Entrada libre hasta completar aforo.

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