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Un ciclo de cuatro conferencias sobre la Historia de España, con el título "Nuestra historia más reciente, 1925-1986". Impartidas por Martín Molina López, licenciado en Historia y Doctor en Derecho. Ciclo de conferencias:13 de octubre: " Del reinado de Alfonso XIII a la Segunda Republica", trata de los últimos años de la monarquía y de la dictadura de Primo de Rivera, hasta la llegada de la República y su evolución hasta 1936. A las 18:00 h. 20 de octubre: "La Guerra Civil Española 1936-1939", revive las elecciones de febrero, el Golpe de Estado de julio, y la cronificación de la guerra hasta su final. A las 19:00 horas.27 de octubre: Política, sociedad y economía en la dictadura de Franco, 1939-1975", descubre a través de una reflexión político, económico y social, este periodo singular de nuestro pasado. A las 19:00 h.10 de noviembre: "La Democracia española: cambios sociales y políticos, 1975-1986", desde la transición, hasta la incorporación de España a la Comunidad Económica Europea. A las 19:00 h. La primera conferencia será a las 18:00 h. y todas las conferencias comenzarán a las 19:00 horas en la Sala de Conferencias.

“Con la curiosidad de siempre” reúne una selección de obras de diferentes momentos de la trayectoria de la artista Amparo Sierra Martínez, estableciendo un diálogo entre trabajos recientes y otros realizados años atrás. A través de técnicas como la acuarela, el acrílico, el grabado y el grafito, la exposición recorre distintos temas que han despertado su interés a lo largo del tiempo: los rostros, las manos, la naturaleza y todo aquello que, de una forma u otra, invita a detenerse, observar y crear. A sus 80 años, esta exposición no pretende ser una mirada al pasado ni una retrospectiva, sino todo lo contrario: una muestra de continuidad. La de una artista que sigue acercándose a cada nuevo trabajo con las mismas ganas de descubrir, aprender y experimentar que cuando comenzó. Las técnicas cambian, los temas evolucionan y la experiencia deja su huella, pero permanece intacto algo esencial: la curiosidad de siempre. Amparo Sierra lleva toda una vida dedicada a la pintura. Ha impartido numerosos cursos de pintura en El Museo Villaseñor, así como cursos de grabado y cursos intensivos de verano. Ha realizado exposiciones colectivas en el Museo Villaseñor, en el Museo Elisa Cendrero y en el Museo de la Merced. También ha expuesto sus obras en la Biblioteca Pública del Estado en Ciudad Real y en la Sala Zahora, también de Ciudad Real.

En esta exposición recorreremos a través de diversos ejemplares de la colección Borbón Lorenzana el Mundo tal y como lo conocieron nuestros antepasados: un Mundo sobre el que planearon sus conquistas y descubrimientos, sobre el que comerciaban y vivían. Empezaremos nuestro viaje por el Mundo que recogen las imágenes de sus territorios en la Antigüedad grecolatina y los primeros mapas científicos. Contemplaremos algunos ejemplos de mapas medievales de T en O como el recogido en el Apocalipsis del Beato de Liébana, y avanzaremos en la Historia hasta la era de los descubrimientos donde la cartografía se convirtió en un instrumento indispensable para las expediciones en busca de nuevos mundos. Junto a ellas hallaremos ejemplos de mapas del siglo XVIII cuya temática, una vez decaído el espíritu explorador de los siglos anteriores, se centra en conocer los territorios nacionales apoyándose en instrumentos cartográficos que les proporcionaron mayor exactitud y realismo a las fronteras de los territorios, sentando así las bases de la cartografía científica contemporánea. Terminaremos nuestro viaje a lo largo de la Historia a través de los mapas, con algunos ejemplos de documentos cartográficos que nos muestran la consolidación de la cartografía moderna y su desarrollo actual gracias al uso de nuevas herramientas tecnológicas. La exposición, comisariada por Carmen Morales, Carmen Toribio y Jorge Íñiguez, será visitable desde 17 de octubre hasta el 18 de diciembre de 2023 en la Sala Borbón-Lorenzana.

Visitas Ensayos. Día de Campo CIAPA mayo 2026 Noticia 08 de Mayo de 2026 CIAPA-IRAF. Centro de Investigación Apícola y Agroambiental Para dar a conocer nuestra Red Provincial de Ensayos, realizaremos la habitual visita a los campos, en esta ocasión nos desplazaremos hasta Espinosa de Henares, próximo día 21 de mayo de 2026. Programa:  8:45.- Salida en autobús a Espinosa de Henares. Como llegar: El ensayo está situado en la antigua carretera Espinosa-Cogolludo GU-150, km 1.3 Se recomienda ir en autobús por motivos de no haber aparcamiento (camino). 9:45.- Visita ensayos de bandas de colza en regadío. 11:15.- Visita ensayos cereal: Ensayos de Bandas demostrativas de Variedades de cebada. Ensayos de Bandas demostrativas de Variedades de trigo blando de invierno. Ensayos Oficiales RED GENVCE y Oficina Española de Variedades Vegetales (OEVV) 12:30.- Vino español y aperitivo. Colaboradores: Jesús Calvo Díez. Espagreen. APAG. Agrosa. Algeinsa. Basf. Cecosa. Lidea. Dekalb. KWS. Limagrain. Maisadour. RAGT. Inscripción obligatoria, Enlace ¿Te ha gustado? Comparte:

Toda exposición comienza mucho antes de que las vitrinas se llenen de libros, de que se redacten los textos o de que el visitante recorra la sala. Comienza con una idea, con una conversación y, muy a menudo, con la búsqueda de una imagen capaz de expresar todo aquello que queremos contar. El cartel es el primer rostro de una exposición: la invitación que llega al público, la promesa de un descubrimiento y la pieza que permanece en la memoria cuando la muestra ya ha concluido. Los carteles reunidos en esta exposición han acompañado durante años la vida cultural de la Biblioteca de Castilla-La Mancha. Cada uno evoca un proyecto, un esfuerzo compartido, una ilusión y también un momento concreto de la historia de nuestra institución. Vistos hoy en conjunto, forman una memoria gráfica de la biblioteca y de las personas que la hacen posible; una sucesión de imágenes que nos recuerda cuánto hemos aprendido, compartido y celebrado junto a nuestros usuarios y usuarias. En homenaje a nuestro compañero, Juan Carlos Benito Hungría,, a su creatividad, sensibilidad y compromiso que han contribuido decisivamente a construir la imagen con la que la biblioteca se ha presentado ante miles de personas. Detrás de cada diseño hay horas de trabajo, de búsqueda, de cuidado por el detalle y de cariño por una institución que también ha sido la suya. Al reunir estas obras, queremos recordar no solo las exposiciones que anunciaron, sino también a la persona que las hizo posibles y que ha dejado una huella permanente entre nosotros., Horario, : Del 10 al 28 de agosto de 2026, en horario de apertura de la Biblioteca.    

En relación con la citada consulta, hemos de partir de la naturaleza que tienen los pliegos en un procedimiento de contratación. En este sentido, los pliegos constituyen el documento que contiene la totalidad de las cláusulas que van a regir el contrato administrativo, así como los derechos y obligaciones que corresponde a cada una de las partes del mismo. Los pliegos rectores de una licitación vinculan a las partes (tanto al órgano de contratación como al licitador). Ello ha llevado a la jurisprudencia a acuñar el aforismo de que "el pliego es ley del contrato". La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, señala en su artículo 139.1 que  “Las proposiciones de los interesados deberán ajustarse a los pliegos y documentación que rigen la licitación, y su presentación supone la aceptación incondicionada por el empresario del contenido de la totalidad de sus cláusulas o condiciones, sin salvedad o reserva alguna (…)” Los tribunales han tenido ocasión de pronunciarse sobre ello, como ejemplo podemos citar la Resolución nº. 219/2016 del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales que, sobre la necesidad de seguir el tenor literal consignado en los pliegos, dispone: “Este Tribunal ha tenido ocasión de pronunciarse en multitud de ocasiones acerca de la cualidad de lex contractus de los pliegos, una vez éstos adquieren firmeza. Así, la Sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo de 19 de Marzo de 2001 (Sección Séptima) y otras resoluciones de este Tribunal (178/2013, 17/2013 y 45/2013) en la que se afirma que –esta Sala Tercera ha recordado, en sentencia de 6 de febrero de 2001, la conocida doctrina jurisprudencial en cuya virtud el pliego de condiciones constituye la Ley del Concurso, debiendo someterse a sus reglas tanto el organismo convocante como los que soliciten tomar parte en el mismo, especialmente cuando no hubieran impugnado previamente sus bases, pues, en efecto, si una entidad licitante se somete al concurso tal y como ha sido convocado, sin impugnar, en ningún momento, las condiciones y bases por las que se rija, tomando parte en el mismo, con presentación de su correspondiente oferta y prestando su consentimiento tanto a las propias prescripciones de la licitación como a la participación de las restantes entidades, carecerá de legitimación para impugnarlo después, contraviniendo sus propios actos, cuando no resulte favorecida por las adjudicaciones que, obviamente, pretendía (…) Por otro lado, tiene declarado este Tribunal, que el Pliego de Cláusulas Administrativas constituye la ley de contrato a la que deben sujetarse los licitadores, así como el propio órgano de contratación. Al efecto, hemos de partir del valor vinculante del Pliego aprobado por el órgano de contratación. El Pliego constituye –auténtica lex contractus, con eficacia jurídica no sólo para el órgano de contratación sino también para cualquier interesado en el procedimiento de licitación– (…).” De acuerdo con lo expuesto, el pliego de cláusulas administrativas particulares vincula a los licitadores que deseen participar en el correspondiente procedimiento de contratación, pero también al órgano de contratación. Ambos están sujetos a lo que disponga el mismo, siempre y cuando el pliego no esté incurso en algún vicio constitutivo de causa de nulidad de pleno derecho. El que el pliego constituya “ley del contrato” resulta conforme con los principios de seguridad jurídica y de igualdad; las partes intervinientes conocen cuáles van a ser los derechos y obligaciones que resulten del procedimiento de contratación, y van a resultar aplicables por igual a todos los licitadores que concurran. Las licitadoras al presentar sus ofertas aceptan el contenido de los pliegos rectores de la licitación a la que han concurrido, pliegos que vinculan también al órgano de contratación que los ha aprobado. Por su parte, las condiciones de solvencia económica y financiera se encuentran dentro del contenido de los pliegos, que concretaron dichas condiciones de conformidad con lo dispuesto en la ley. Una vez que se han publicado los citados pliegos, las licitadoras conocen, entre otras cuestiones, las concretas condiciones de solvencia que exige el órgano de contratación en el pliego y que deben cumplir. En este punto, es preciso recordar lo dispuesto en el artículo 65.1 de la LCSP que establece que “Solo podrán contratar con el sector público las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en alguna prohibición de contratar, y acrediten su solvencia económica y financiera y técnica o profesional o, en los casos en que así lo exija esta Ley, se encuentren debidamente clasificadas”. Dicho esto, si la licitadora no puede acreditar la solvencia económica exigida en el pliego (según se desprende de lo señalado por la entidad consultante), será necesario excluirla del procedimiento, al no haber acreditado su aptitud, por falta de solvencia económica (en el presente caso), ya que ello implica la imposibilidad de contratar con el órgano convocante de aquél. Lo anterior no queda enervado por el hecho de ser la única empresa que ha licitado, ni por el supuesto de no haber podido cumplir con la acreditación por los hechos descritos. En este último caso, y dada la especialidad de la situación acaecida, el órgano de contratación, al redactar los pliegos del contrato, podría haber tenido en cuenta dicha situación y optar por unos medios de acreditación que tuvieran en cuenta estas circunstancias (en el caso que nos ocupa parece que los requisitos de solvencia exigidos dificultaron en exceso dificultaron en exceso la concurrencia de potenciales licitadoras, por la imposibilidad de acreditar la solvencia señalada). En relación con lo señalado, es preciso indicar que el órgano de contratación, de conformidad con lo dispuesto en la LCSP (artículos 87-91), se encuentra investido de una facultad discrecional en orden a la determinación de los requisitos mínimos de solvencia a exigir en cada caso y que pongan de manifiesto una solvencia económica y financiera suficiente para ejecutar el contrato de manera correcta. Además, esta facultad debe ejercitarse de forma que guarde la proporcionalidad adecuada con la complejidad del contrato y su dimensión económica. En este punto cabe recordar que, si el órgano de contratación ha optado en el pliego por que los licitadores acrediten su solvencia por referencia a su volumen de negocios, no necesariamente este debe suponer un importe equivalente a una vez y media el valor estimado del contrato. La ley, en su artículo 87, únicamente establece este valor, con carácter general, como un límite máximo para el órgano de contratación en el caso de que haya optado por este medio para acreditar la solvencia económica de los licitadores, por lo que aquél podrá establecer en los pliegos, siempre que esté vinculado y sea proporcional al objeto del contrato, un importe inferior.   Finalmente indicar que, sin perjuicio de lo señalado anteriormente, la presente respuesta a la consulta planteada tiene carácter meramente informativo y en ningún caso resulta vinculante. Es muy importante para el servicio InfocontrataCLM valorar la calidad de la atención que ofrecemos; para ello, ponemos a su disposición esta breve encuesta. Estaríamos encantados de recibir su opinión para poder seguir mejorando. ¡Muchas gracias por su colaboración! Califique la respuesta a esta consulta   SERVICIO DE ASESORAMIENTO Y NORMALIZACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN

La Red Rural Nacional a través de su Unidad de Gestión en la Dirección General de Desarrollo Rural, Innovación y Política Forestal del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, pone en marcha la jornada con nombre “Sinergias entre el Programa LIFE y los Programas de Desarrollo Rural FEADER”, a propuesta de la Red de Autoridades Ambientales.   El evento tendrá lugar el martes 14 de marzo de 2019 de 09.00h a 14.00h en la sede del MAPA, Gran Vía de San Francisco 4-6, Sala 7C. A continuación se puede consultar el programa de la jornada donde figura toda la información y también puede consultarse a través del siguiente enlace http://www.redruralnacional.es/-/sinergias-entre-el-programa-life-y-los-programas-de-desarrollo-rural-feader,

En un contexto en el que la inteligencia artificial ha comenzado a incidir en la comunicación ambiental de forma incipiente, surge la necesidad de analizar su papel desde una perspectiva que combine practicidad con una reflexión crítica sobre sus efectos a largo plazo. A ello hay que añadir que la digitalización ha facilitado nuevas formas de desinformación climática, dificultando la identificación de fuentes legítimas y contribuyendo a la difusión de contenido negacionista. Bajo este enfoque, desde ECODES y el Observatorio de la Comunicación del Cambio Climático de la Facultad de Ciencias de la Información (UCM) presentamos el nuevo Decálogo 2026 de recomendaciones para la comunicación del cambio climático y de la transición ecológica. Se trata de una propuesta que revisa el principal código ético suscrito por los medios en España, para actualizar su contenido e incorporar en sus recomendaciones aquellos principios sobre el uso de la IA generativa que permitan la mejora de la comunicación de la crisis climática, la descarbonización y la transición ecológica, a la vez que se minimizan los riesgos de desinformación y se contribuye a la mejora continua de la comunicación basada en los resultados de la investigación. Esta tendrá lugar el próximo 23 de abril a las 10:30 h. en la sala Svetlana Alexiévich de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid, y contará con la participación y apertura a cargo de Sara Aagesen, vicepresidenta Tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Aquí puedes consultar el programa completo. Para asistir es imprescindible inscribirse, puedes hacerlo aquí.

Con motivo del vigésimo aniversario de su fallecimiento, la Biblioteca de Castilla–La Mancha nos invita a conocer a Julio Camarena Laucirica, un folklorista de prestigio internacional que estudió el cuento tradicional y que recogió algunas de las colecciones más importantes de cuentos de nuestro país, entre las que destaca los cuentos de la provincia de Ciudad Real. En esta exposición podremos conocer algo de la vida de Julio Camarena y mucho de su obra, de su trabajo y de su magnífico legado. La exposición está comisariada por el narrador, escritor y editor Pep Bruno en colaboración con la Biblioteca de Castilla-La Mancha. En su inauguración, el 22 de abril a las 18:30 horas, Pep Bruno nos ofrecerá la conferencia Julio Camarena. Érase un hombre a un cuento pegado , donde nos hablará de la vida y la obra de Julio Camarena Laucirica, un hombre fascinado por el cuento de tradición oral que pasó la mitad de su vida recogiendo, estudiando y catalogando cuentos, dejando un legado de una importancia mayúscula que seguirá siendo una referencia imprescindible durante muchas generaciones. La exposición será visitable desde el 22 de abril hasta el 29 de junio de 2024 en la Sala Borbón-Lorenzana de lunes a viernes de 12 a 13:30 h., y de 18:30 a 20:00 h; los sábados de 12 a 13:30 h. Audios: Cuentos recogidos en Piedrabuena (Ciudad Real) >> - Cuentos recogidos en Abenójar (Ciudad Real) >> Vídeo: Testimonio de Ana Porras Camarena >>

Toda exposición comienza mucho antes de que las vitrinas se llenen de libros, de que se redacten los textos o de que el visitante recorra la sala. Comienza con una idea, con una conversación y, muy a menudo, con la búsqueda de una imagen capaz de expresar todo aquello que queremos contar. El cartel es el primer rostro de una exposición: la invitación que llega al público, la promesa de un descubrimiento y la pieza que permanece en la memoria cuando la muestra ya ha concluido. Los carteles reunidos en esta exposición han acompañado durante años la vida cultural de la Biblioteca de Castilla-La Mancha. Cada uno evoca un proyecto, un esfuerzo compartido, una ilusión y también un momento concreto de la historia de nuestra institución. Vistos hoy en conjunto, forman una memoria gráfica de la biblioteca y de las personas que la hacen posible; una sucesión de imágenes que nos recuerda cuánto hemos aprendido, compartido y celebrado junto a nuestros usuarios y usuarias. Pero esta muestra no es solo un recorrido por nuestras exposiciones. Es también el reconocimiento a la mirada de quien fue capaz de darles forma visual. Todos estos carteles han sido creados por Juan Carlos Benito Hungría, compañero de esta biblioteca durante tantos años. Su creatividad, sensibilidad y compromiso han contribuido decisivamente a construir la imagen con la que la biblioteca se ha presentado ante miles de personas. Detrás de cada diseño hay horas de trabajo, de búsqueda, de cuidado por el detalle y de cariño por una institución que también ha sido la suya. Al reunir estas obras, queremos recordar no solo las exposiciones que anunciaron, sino también a la persona que las hizo posibles y que ha dejado una huella permanente entre nosotros. En homenaje a nuestro compañero, Juan Carlos Benito Hungría.,  

El IRIAF consigue financiación para un estudio sobre los efectos de los plaguicidas en abejas Noticia 19 de Julio de 2022 CIAPA-IRAF. Centro de Investigación Apícola y Agroambiental   En la convocatoria de 2021 de ayudas para la realización de proyectos de investigación científica y transferencia de tecnología, cofinanciados por el Fondo Europeo de Desarrollo, la Consejería de Educación ha aprobado la financiación del proyecto titulado "Estudio de los efectos subletales de la exposición crónica a plaguicidas en Apis mellifera", liderado por la Dra. Tamara Gómez Moracho como investigadora principal.     El proyecto, financiado con 108.000 €, tendrá una duración de dos años y se llevará a cabo en el Centro de Investigación Apícola y Agroambiental de Marchamalo del IRIAF. El principal objetivo del proyecto es conocer el efecto de la exposición crónica de los acaricidas más frecuentes utilizados en las colmenas de abejas a través del estudio del comportamiento y capacidad de aprendizaje de estos insectos. Para ello se aplicarán técnicas básicas de condicionamiento del comportamiento como la técnica del reflejo de la extensión de la probóscide o PER (proboscis extension reflex, en inglés), así como la monitorización automática de las colonias de abejas en el campo que informen acerca de su estado de salud mediante el control de parámetros como el peso o el flujo de entrada y salida de individuos.   Los resultados derivados de este estudio ayudarán a comprender los potenciales efectos nocivos de la exposición prolongada en el tiempo de los acaricidas y plaguicidas más usados en agricultura y ganadería y a establecer medidas acordes para su control.   ¿Te ha gustado? Comparte:

  Para responder a la consulta planteada, hemos de tener en cuenta diversos preceptos de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (LCSP, en lo sucesivo); en concreto, los relativos al cumplimiento del contrato, el plazo de garantía y la imposición de penalidades. El artículo 209 de la LCSP señala que los contratos se extinguen por su cumplimiento o por su resolución.  Respecto del cumplimiento de los contratos, el artículo 210 de la LCSP establece: “1. El contrato se entenderá cumplido por el contratista cuando este haya realizado, de acuerdo con los términos del mismo y a satisfacción de la Administración, la totalidad de la prestación. 2. En todo caso, su constatación exigirá por parte de la Administración un acto formal y positivo de recepción o conformidad dentro del mes siguiente a la entrega o realización del objeto del contrato, o en el plazo que se determine en el pliego de cláusulas administrativas particulares por razón de sus características. (…) 3. En los contratos se fijará un plazo de garantía a contar de la fecha de recepción o conformidad, transcurrido el cual sin objeciones por parte de la Administración, salvo los supuestos en que se establezca otro plazo en esta Ley o en otras normas, quedará extinguida la responsabilidad del contratista (…)”. En lo que se refiere específicamente al contrato de obras, la LCSP regula el cumplimiento de este tipo de contratos en el título II, capítulo I, sección 4ª; así, el artículo 243, relativo a la recepción y plazo de garantía, dispone lo siguiente: “1. A la recepción de las obras a su terminación y a los efectos establecidos en esta Ley, concurrirá un facultativo designado por la Administración representante de esta, el facultativo encargado de la dirección de las obras y el contratista asistido, si lo estima oportuno, de su facultativo. Dentro del plazo de tres meses contados a partir de la recepción, el órgano de contratación deberá aprobar la certificación final de las obras ejecutadas, que será abonada al contratista a cuenta de la liquidación del contrato en el plazo previsto en esta Ley. (…) 2. Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el funcionario técnico designado por la Administración contratante y representante de esta, las dará por recibidas, levantándose la correspondiente acta y comenzando entonces el plazo de garantía. Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hará constar así en el acta y el Director de las mismas señalará los defectos observados y detallará las instrucciones precisas fijando un plazo para remediar aquellos. Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiere efectuado, podrá concedérsele otro nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato. 3. El plazo de garantía se establecerá en el pliego de cláusulas administrativas particulares atendiendo a la naturaleza y complejidad de la obra y no podrá ser inferior a un año salvo casos especiales. Dentro del plazo de quince días anteriores al cumplimiento del plazo de garantía, el director facultativo de la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactará un informe sobre el estado de las obras. Si este fuera favorable, el contratista quedará exonerado de toda responsabilidad, salvo lo dispuesto en el artículo siguiente, procediéndose a la devolución o cancelación de la garantía, a la liquidación del contrato y, en su caso, al pago de las obligaciones pendientes que deberá efectuarse en el plazo de sesenta días. En el caso de que el informe no fuera favorable y los defectos observados se debiesen a deficiencias en la ejecución de la obra y no al uso de lo construido, durante el plazo de garantía, el director facultativo procederá a dictar las oportunas instrucciones al contratista para la debida reparación de lo construido, concediéndole un plazo para ello durante el cual continuará encargado de la conservación de las obras, sin derecho a percibir cantidad alguna por ampliación del plazo de garantía. (…)”. De acuerdo con lo expuesto, el cumplimiento del contrato requiere, por parte de la Administración, de un acto formal y positivo de recepción que, para el contrato de obras, se materializa en un acta de recepción positiva, o de conformidad, y como tal, acreditativa de que las obras se reciben en buen estado y conforme a lo pactado. Una vez expuesto lo anterior, y atendiendo a la pregunta realizada sobre si puede proceder la resolución de contrato a pesar de que hay una recepción positiva de obra, pero con defectos descritos y subsanables no ejecutados, entendiendo que el contrato no finaliza hasta la finalización de la garantía del mismo, hemos de advertir que el contrato, en el caso que nos ocupa, en el que existe un acto de recepción positiva de la obra, se ha extinguido por cumplimiento (artículos 209 y 243 LCSP); es decir, por una de las dos alternativas que ofrece la LCSP. Así, una vez cumplido y, por tanto, finalizado, no puede resolverse el mismo. En este sentido se pronuncia el Consejo de Estado en su dictamen 3062/1998, de 10 de septiembre: “Este Consejo Consultivo considera que una vez que se efectúa la recepción del contrato se pone fin a la relación establecida en cuanto a las prestaciones contractuales, terminando el contrato, que por lo tanto no puede resolverse una vez efectuada esta recepción”. Pero el hecho de que el contrato se encuentre cumplido no exonera de su responsabilidad a la contratista, que permanece durante el plazo de garantía previsto en el pliego de cláusulas administrativas particulares (art. 243.3 LCSP). Respondiendo, además, una vez finalizado aquél, durante un plazo de quince años desde la recepción de la obra, en el supuesto de que esta adoleciera de vicios ocultos (art. 244 LCSP). Sobre el plazo de garantía y las responsabilidades que cubre, hemos de indicar que durante este plazo sólo serán exigibles los defectos observados durante dicho plazo, no aquellos de los que la Administración tuviera conocimiento antes de la recepción. En este sentido, el mismo dictamen del Consejo de Estado, al que hemos hecho referencia, establece: “Cuestión distinta es que con posterioridad a este momento (se refiere aquí el Consejo de Estado al momento en que la Administración recepciona la obra, levantando la correspondiente acta) continúe subsistiendo la responsabilidad del contratista respecto de los defectos observados durante el período de garantía, computado desde esta fecha, en este caso 24 meses que será exigible por la Administración pudiendo, en el caso de que sus requerimientos no sean atendidos, proceder a la incautación de la garantía constituida”. En cuanto a la posibilidad de imposición de penalidades a que alude la consultante, hemos de partir de la naturaleza de estas; para ello, traemos a colación lo dispuesto por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo, de fecha 21 de mayo de 2019, que, en su Fundamento Jurídico de Derecho Quinto, establece: “(…) 1. Es punto común y pacífico que en lo sustantivo tales penalidades no responden al ejercicio de una potestad sancionadora, luego para su imposición no se sigue un procedimiento específico de naturaleza sancionadora ni éste es aplicable supletoriamente. Al respecto es jurisprudencia de esta Sala que responden al ejercicio de una facultad de coerción sobre el contratista para la correcta ejecución del contrato, facultad que implica poderes de dirección, inspección y control que, en garantía del interés público, se atribuye a la Administración (cf. sentencia de esta Sala, Sección Quinta, de 6 de marzo de 1997, recurso de apelación 4318/1991). 2. Su naturaleza ciertamente se acerca a la lógica de la multa coercitiva como instrumento cuyo fin es forzar, mediante su reiteración y hasta lograr el cumplimiento de determinada obligación contractual. Tal similitud se acentúa cuando con la penalidad se reacciona ante retrasos del contratista u otro cumplimiento defectuoso mantenido en el tiempo; ahora bien cuando se impone como consecuencia de un incumplimiento puntual o ejecutado del contrato, ya no implica coerción alguna y su naturaleza se asemeja ciertamente a la sancionadora o cumple un fin resarcitorio. 3. Aun así como tal penalidad tiene una sola regulación y no puede ostentar diversa naturaleza dependiendo de su finalidad, hay que estar al criterio jurisprudencial según el cual carece de una vocación sancionadora en sentido estricto, y se configura como una suerte de cláusula penal contractual (cf. artículo 1152 del Código Civil ) cuya razón radica en el interés público que se satisface con el contrato y que es necesario tutelar. (…)”. La LCSP regula las penalidades en sus arts. 192 y ss. El artículo 192, en su apartado segundo, establece: “Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incumplido parcialmente la ejecución de las prestaciones definidas en el contrato, la Administración podrá optar, atendidas las circunstancias del caso, por su resolución o por la imposición de las penalidades que, para tales supuestos, se determinen en el pliego de cláusulas administrativas particulares o en el documento descriptivo”. Así pues, el órgano de contratación, ante un incumplimiento de sus obligaciones por parte de la contratista podrá optar, o por imponer penalidades, o por resolver el contrato, cuestión que deberá haber sido determinada previamente en el pliego de cláusulas administrativas particulares. No obstante, la imposición de penalidades, como instrumento de carácter coercitivo, tal y como se ha indicado, habrá de llevarse a cabo durante la ejecución del contrato, no una vez que se ha extinguido. Al respecto, resulta interesante la Sentencia nº188/2021, de 10 mayo de la Sala de lo Contencioso-administrativo, Sección 3ª, del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, que dispone lo siguiente: “CUARTO.- Ahora bien, esa opción (se refiere el Tribunal a la de imponer penalidades, o resolver el contrato), debe ser ejercitada por la Administración en el momento en que el contratista incumpla su obligación de ejecutar la obra en los plazos convenidos, y no después de haberse finalizado, como aconteció en el presente supuesto , después de haberse entregado la obra a cargo del funcionario técnico designado, que solo las habrá recibido si las obras se encontraban en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, levantándose la correspondiente acta. Ciertamente si las obras no se hallaren en buen estado así lo habría hecho constar en el acta y el director de obra deberá señalar los defectos observados y dar incluso las instrucciones precisas, fijando incluso plazo, para remediarlas. Y si transcurrido éste no lo hubiere efectuado, podría concedérsele otro nuevo improrrogable o declarar resuelto el contrato, como prevé la Ley. En el presente caso, como recoge la sentencia apelada en el acta de recepción la parte demandada realizó una serie de observaciones/repasos pendientes de ejecución, que la parte demandante considera subsanaciones menores propias del plazo de garantía que no afectan a la recepción de la obra de conformidad con lo manifestado por el propio técnico del SERGAS (...). (…)”. Por su parte, el Juzgado Contencioso-Administrativo nº 2, de Girona ha señalado, en su Sentencia nº 128/2021, de 3 de mayo, lo siguiente: “(…) Pues bien-acordada la recepción de las obras mediante acuerdo de la junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Giréna, de fecha 7 de abril de 2017, no es procedente la imposición de penalidades por ejecución defectuosa. Apreciadas ciertos defectos de impermeabilización, el Ayuntamiento de Girona nunca debió ocupar de forma efectiva las obras, con los inherentes efectos de su recepción. Lo correcto hubiera sido acudir a la cláusula XXII que regula el régimen de penalidades por ejecución defectuosa, pero no iniciar el expediente de imposición de penalidades casi después de su recepción. Así lo manifestó en el acto de la vista el Sr, al declarar que “si hubiera habido filtraciones no debería haberse firmado el acta de recepción de obra. La penalización debe imponerse durante la ejecución de obra, no después". No puede alegar la Administración demandada que, con posterioridad, se hizo un acta de comprobación desfavorable, ya que la recepción de las obras no admite ambigüedad alguna, o se recepcionan o no. Además, ello conllevaría la vulneración del principio de confianza legítima y de ir contra los propios actos. En otro orden, no hay constancia de que el acuerdo, de fecha 7 de abril de 2017, haya “sido objeto de revisión por el Ayuntamiento de Girona” (…)”. Por su parte, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 4, de Santa Cruz de Tenerife, en su Sentencia 21/2017, de 23 de enero, alude a la doctrina de los actos propios y anula una resolución de imposición de penalidades impuesta por la Administración por no ejecución de una serie de cuestiones técnicas que se determinaban, como anexo de reservas, en el acta de recepción de las obras. El órgano judicial reconoció el derecho de la contratista a la devolución de la garantía, y al abono de la certificación final de obra más los intereses de demora. Asimismo, deja expedita la vía de la revisión de oficio del acta de recepción de obra. Señala el Juzgado en su Fundamento de Derecho cuarto: “Como motivo de Impugnación también se plantea la infracción de la doctrina de los actos propios por parte del Ayuntamiento, al haber recibido de conformidad las obras el día 16 de julio de 2014, para luego imponer penalidades por incumplimiento en la entrega de las obras recibidas de conformidad. Mientras el acta de recepción de obras no sea revisada de oficio por la Administración, con las debidas garantías, debe reputarse legal, y contradice la doctrina de los actos propios considerar su ilegalidad para incautar la última certificación de obra, que no se cuestiona que no se haya realizado. En consecuencia, procede estimar el recurso y anular los actos recurridos, lo que no impide la revisión de oficio del acta de recepción de obra, que no es el mecanismo de anulación de la misma decidido por el Acuerdo 05-10-15. La consecuencia es el deber de la Administración de atender al pago de la certificación final de obra pendiente de pago y los intereses reclamados”. Finalmente, traeremos a colación lo dispuesto por la Comisión Permanente de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Gobierno de las Islas Baleares que, en su Informe 5/2014, de 22 de diciembre de 2015, indica: “(…) Por tanto, la recepción del contrato de obras consiste en un acto administrativo obligatorio que, en principio, acredita la finalización de las obras, y debe producirse con carácter previo a la ocupación física de la obra, de manera que se entiende que la ocupación no es conforme a derecho si se omite la recepción o si hay deficiencias y aún así se entrega la obra al servicio público. Se trata, pues, de un acto formal que opera como mecanismo de garantía del contratista y del interés público, que supone la constatación de que el contrato se ha cumplido o, eventualmente, que no ha sido así, y que produce diversos efectos. Como hemos visto antes, si las obras se encuentran en buen estado y de acuerdo con las prescripciones previstas, deben darse por recibidas y, en consecuencia, debe levantarse el acta de recepción correspondiente. Por el contrario, cuando las obras no se encuentren en estado de ser recibidas debe hacerse constar así en el acta —que en ningún caso será positiva o de conformidad—, y el director de las obras debe señalar los defectos observados, detallar las instrucciones necesarias, y fijar un plazo para subsanarlos. Una vez transcurrido este plazo, si el contratista no ha subsanado las deficiencias, se le puede conceder otro plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato. Así pues, la norma fija con claridad cuál es el procedimiento para llevar a cabo la recepción y cuáles son las consecuencias en el caso de que las obras no se encuentren en buen estado. En cuanto a los defectos que se observen en las obras ejecutadas, el Tribunal Supremo manifestó, en la Sentencia de 14 de mayo de 1999, que: Existiendo defectos en las obras ejecutadas que determinaron un incumplimiento del contrato imputable al contratista la Administración no estaba obligada a la recepción provisional ni definitiva de las obras, sino que lo procedente era exigir la reparación, si se estimaba pertinente, y, en caso de no atenderse tal requerimiento, resolver el contrato, con las consecuencias correspondientes. (…). Debe decirse que si se considera que en el caso objeto de consulta la recepción no es conforme a derecho debido a la existencia de deficiencias o vicios de procedimiento, deberían revisarse dichos actos de acuerdo con el procedimiento que corresponda”. En nuestro caso, existió un acta de recepción positiva que albergaba una serie de subsanaciones que la contratista debía acometer. Esta recepción, de acuerdo con lo expuesto, no ha sido correcta. Sólo se puede recepcionar positivamente la obra cuando se ha realizado completamente y a plena satisfacción del órgano de contratación; en caso contrario, podrá darse un plazo para subsanar y, en su caso, resolver el contrato. Según indica la consultante, la contratista ya gozó de dos plazos para subsanar las deficiencias advertidas en la obra, por lo que, tal y como señala el artículo 243 de la LCSP, lo procedente hubiera sido resolver el contrato, y no levantar acta de recepción positiva con subsanaciones. Lo que no puede pretender ahora el órgano de contratación es imponer penalidades porque el contrato se ha cumplido y, por tanto, ha finalizado. Mucho menos se podrá resolver algo que ya se encuentra extinguido. Sin perjuicio de lo anterior, y tal y como señala el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 4, de Santa Cruz de Tenerife, y la Comisión Permanente de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Gobierno de las Islas Baleares, podrá el órgano de contratación, si estima que el acto de recepción no es conforme a derecho, revisar dicho acto de acuerdo con el procedimiento que corresponda.   Finalmente indicar que, sin perjuicio de lo señalado anteriormente, la presente respuesta a la consulta planteada tiene carácter meramente informativo y en ningún caso resulta vinculante. Es muy importante para el servicio InfocontrataCLM valorar la calidad de la atención que ofrecemos; para ello, ponemos a su disposición esta breve encuesta. Estaríamos encantados de recibir su opinión para poder seguir mejorando. ¡Muchas gracias por su colaboración! Califique la respuesta a esta consulta   EL SERVICIO DE ASESORAMIENTO Y NORMALIZACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN