El consejero de Educación y Cultura, José Valverde, lamentó hoy que el Gobierno Central y el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte quieran imponer la Ley Orgánica de Calidad en la Educación cuando “es una norma que no cuenta con ningún consenso social y, además, se quiere hacer sin comprometer un euro”.

De esta forma se pronunciaba en el Pleno de las Cortes durante su intervención en el Debate General relativo a las consecuencias que para Castilla-La Mancha tendrá la aprobación de la Ley Orgánica de la Calidad de la Educación, en el que recordó que el compromiso del Gobierno regional es ofrecer “una educación de calidad para todos los alumnos y alumnas sin excepción” y el proyecto de Ley del MECD “pone la igualdad de oportunidades en entredicho”.

En este sentido, Valverde apuntó que el proyecto de Ley de Calidad “atenta contra la igualdad y los derechos de los ciudadanos y llama calidad a la penalización del fracaso escolar, en vez de ayudar a superarlo, ahondando en las desigualdades en vez de corregirlas”.

Reclamó nuevamente al Ministerio la búsqueda del consenso que no se ha producido hasta ahora y recordó que una Ley de tanta trascendencia cuenta con la oposición de los consejos escolares de 16 comunidades autónomas, de las confederaciones estatales de padres y madres, de asociaciones de directores de instituto y de la mayoría de los sindicatos.

Por ello, el consejero se quejó de que el Gobierno central vaya a utilizar su mayoría absoluta para aprobar una Ley que rompe el consenso necesario y mayoritario entorno a la educación, “me duele afirmar que se ha menospreciado a la Educación, que es algo en lo que todos tenemos interés y protagonismo. Los padres y madres, el profesorado, el alumnado y, por supuesto, las administraciones que tenemos que organizar y pagar”.

En su intervención señaló que la reforma educativa que se “quiere imponer desde el Gobierno central sitúa al sistema educativo en una inestabilidad preocupante, se formula sin diagnóstico previo, quiere realizarse por imposición absoluta, aprobarse sin acuerdo con las comunidades autónomas y no cuenta con compromiso serio de financiación”.

Además, en su opinión, el proyecto de Ley “fomenta la desigualdad entre grupos de alumnos y entre los centros educativos, no piensa en los alumnos ni en sus familias y profesores y supone un claro retroceso histórico de la escuela pública, que se verá convertida en subsidiaria de la privada”.

José Valverde aseguró que mientras que el Gobierno Central quiere imponer en solitario esta Ley, el Gobierno de Castilla-La Mancha “está convencido de que existe una forma distinta de resolver los problemas que en la actualidad tiene planteados el sistema educativo”.

A este respecto enumeró algunas de las condiciones que deben definir el futuro de la educación, entre ellas que debe servir para intervenir a tiempo de superar las dificultades, debe desarrollar un modelo de servicio público de educación, debe ser una educación de calidad también para el alumnado inmigrante, debe ser una oferta educativa diversa y no segregadora, no debe ser ajena a su financiación y debe sustentarse en el consenso.