El Gobierno regional incluirá a empresas de inserción como posibles beneficiarias en próximas convocatorias de ayudas del Plan Extraordinario
17/01/2016Consejería de Economía, Empresas y Empleo
Reunión en Toledo

El Gobierno regional incluirá a empresas de inserción como posibles beneficiarias en próximas convocatorias de ayudas del Plan Extraordinario

La consejera de Economía, Empresas y Empleo ha mantenido una reunión con representantes de Cáritas Diocesana de Ciudad Real y Albacete

Toledo, 17 de enero de 2016.- La consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, ha mantenido una reunión de trabajo con representantes de Cáritas Diocesana de Ciudad Real y Albacete para conocer en profundidad las iniciativas que desarrolla la ONG en la región.
 
Durante el encuentro, en el que ha participado el viceconsejero de Empleo, Francisco Rueda, así como el secretario general de Cáritas Diocesana de Ciudad Real, José María Espinar; el coordinador del Área de Empleo de la ONG, Ángel Ruiz, la coordinadora del departamento de Captación de Recursos, Mª Prado López Baptista, y Rafael López, gerente de la Fundación ’El Sembrador’, de Cáritas de Albacete, la consejera se ha interesado por el funcionamiento de iniciativas como ‘Empresas con corazón’, que busca  establecer vínculos estables con aquellas empresas e instituciones cuya actuación sea ejemplar en materia de responsabilidad social corporativa.
 
Por su parte, los representantes de Cáritas, una organización que cuenta con cinco empresas de inserción en la región, han solicitado información acerca de las condiciones de contratación para colectivos en riesgo de inclusión previstas en el Plan Extraordinario por el Empleo.
 
Sobre este tema, la consejera se ha mostrado dispuesta a incluir en el Programa de Empleo Para Personas que han Perdido su Protección la posibilidad de que, además de organizaciones sin ánimo de lucro y ayuntamientos se incluyan empresas de inserción como beneficiarias al realizar contrataciones.
 
Además, Patricia Franco también evaluará la posibilidad de eliminar el límite de edad, establecido hasta ahora en 30 años, dentro de la normativa del Contrato Joven, con el fin de facilitar la contratación de personas en riesgo de exclusión. 

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