Desde la Consejería de Educación y Cultura se pide al Ministerio que comprometa la dotación económica de la Ley y reúna la Conferencia Sectorial.
La Consejería de Educación y Cultura ha estimado que la aplicación de la Ley de Calidad de la Enseñanza precisa en Castilla-La Mancha de un presupuesto anual de 57 millones de euros, por lo que exige al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte que dote a esta norma de una memoria económica que contemple la partida que destinará para poner en marcha la Ley.
El consejero de Educación y Cultura, José Valverde, ha participado durante dos jornadas en una reunión de trabajo junto a sus homólogos de Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares y Extremadura, donde analizaron la situación del sistema educativo y valoraron las consecuencias de la aplicación de la Ley de Calidad en sus comunidades.
En este encuentro estimaron el gasto necesario por alumno para aplicar la Ley de Calidad en una media 160 euros anuales, un gasto que recordaron debe ser asumido por el Gobierno central.
Desde la Consejería de Educación y Cultura se insiste en la necesidad de que el Ministerio convoque con urgencia a la Conferencia Sectorial de Educación y el Consejo de Política Fiscal y Financiera, para que en esas reuniones los responsables del Gobierno central informen sobre el calendario de aplicación y el desarrollo normativo de la Ley y se comprometan a fijar la partida económica con la que piensa dotar esta norma.
Además, el Gobierno de Castilla-La Mancha va a estudiar la presentación de un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Calidad de la Enseñanza al considerar que determinados artículos invaden competencias de las comunidades autónomas, y muchos de ellos remiten cuestiones básicas a desarrollos en reglamentos posteriores.