18/05/2017Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas
En relación a la adjudicación del servicio de seguridad y vigilancia de los edificios de la Junta

El Gobierno regional resalta que se ciñó a la legislación e introdujo una cláusula que facilitará instar a la resolución del contrato si no se aplica el convenio estatal

El consejero de Hacienda y Administraciones Públicas ha destacado que el importe de licitación del contrato respetaba el convenio colectivo estatal en materia salarial, ya que éste ha sido en todo momento para la Administración regional el convenio de referencia.

Toledo, 18 de mayo de 2017.- El Gobierno regional ha resaltado hoy que la licitación y adjudicación del servicio de seguridad y vigilancia de los edificios administrativos de la Junta de Comunidades y del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha en Ciudad Real, Guadalajara y Toledo se ha ceñido a la legislación vigente en materia de contratación pública y que la Administración regional ha introducido una cláusula que facilitará instar a la resolución del contrato en el caso de que la empresa adjudicataria no aplique el convenio estatal del sector y eso conlleve una pérdida retributiva y laboral a los trabajadores subrogados.
 
En un debate general en las Cortes regionales, el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha subrayado en relación con la adjudicación de este servicio, que el nuevo contrato incluye diversas mejoras respecto al anterior y ha insistido en que desde el momento en que la Administración regional constate que hay una pérdida de los derechos laborales o económicos de los trabajadores por la aplicación de un convenio diferente al estatal se va a instar a la resolución del contrato.
 
El titular de Hacienda y Administraciones Públicas ha aclarado que desde la Administración regional se considera que la UTE que resultó adjudicataria de este contrato, de acuerdo a la puntuación que obtuvo y a las normas del concurso, no puede aplicar el convenio de empresa que tiene aprobado una de las empresas que forma parte de la misma y confía en que aplique el convenio sectorial, como se recoge en la licitación.
 
El consejero de Hacienda y Administraciones Públicas ha recordado que la nueva adjudicataria de este contrato comenzó a prestar el servicio hace sólo dos semanas, el pasado día 1 de mayo, momento desde el que la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas está haciendo un exhaustivo seguimiento de la prestación que lleva a cabo esta UTE y de que cumple con lo recogido en el pliego de condiciones.
 
Ruiz Molina, que ha indicado que la posición del Gobierno regional ya la ha transmitido personalmente al comité de empresa en diversas reuniones, ha destacado que el objetivo de la licitación del nuevo contrato de vigilancia y seguridad de los edificios administrativos de la Junta es incrementar la eficiencia de la prestación del servicio.
 
Este objetivo, ha continuado Ruiz Molina, se logrará aprovechando al máximo los medios técnicos y humanos existentes, incrementando la plantilla destinada a vigilancia y seguridad, mejorando y homogeneizando los controles de acceso a los edificios e instalaciones de la Junta y reorganizando los servicios del personal asignado al contrato, siguiendo criterios de eficacia y eficiencia en la gestión de los servicios públicos.
 
El consejero de Hacienda y Administraciones Públicas ha manifestado que el concurso se sacó a licitación por un importe que es superior al de 2015 con el anterior Gobierno para que a los trabajadores les fueran abonadas las retribuciones que están recogidas en el convenio sectorial y no en el convenio de empresa.
 
El importe de licitación del contrato respetaba el convenio colectivo estatal en materia salarial
 
Por tanto, ha resaltado, no ha habido intención por parte de la Consejería en ningún momento de precarizar las condiciones laborales y retributivas de los trabajadores vinculados a este contrato a cambio de un supuesto ahorro en la licitación porque “el importe de licitación del contrato respetaba el convenio colectivo estatal en materia salarial”, que ha sido por parte de la Administración regional en todo momento el convenio de referencia.
 
Durante la intervención, Ruiz Molina también ha indicado que el Gobierno regional sacó a licitación el concurso ciñéndose estrictamente a la legislación vigente en materia de contratación pública y, por lo tanto, ni los sindicatos ni las empresas decidieron impugnar los pliegos de la licitación del contrato, lo que refleja que los mismos no contenían ninguna deficiencia y se ajustaban a lo establecido en la legislación.
 
El titular de Hacienda y Administraciones Públicas también ha aclarado que las referencias que se hacen en el Pliego de Prescripciones Técnicas al convenio de aplicación para los trabajadores que debían ser subrogados por la nueva adjudicataria son idénticas a las que se recogen en el Pliego de Prescripciones Técnicas del contrato que licitó el anterior Gobierno del Partido Popular en 2014. “No se ha cambiado ni una coma”, ha enfatizado.
 
El Gobierno de García-Page está totalmente en desacuerdo con la reforma laboral del PP
 
Respecto al hecho de que se recoja en la legislación la posibilidad de que en los contratos públicos de prestación de servicios las empresas adjudicatarias apliquen su propio convenio, con unas retribuciones muy por debajo de lo estipulado en el convenio estatal, Ruiz Molina ha explicado que se debe a la reforma laboral aprobada en el año 2012 por el Gobierno de Mariano Rajoy.
 
En este sentido, ha explicado que el Real Decreto-Ley 3/2012, de 10 de febrero, de medidas urgentes para la Reforma del Mercado Laboral y la posterior Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes para la Reforma del Mercado Laboral, textos ambos aprobados por el Ejecutivo del PP, permiten que las empresas apliquen su convenio de empresa antes que el convenio colectivo en materias tales como jornada de trabajo, horario y distribución del tiempo de trabajo, régimen de trabajo a turnos, sistema de remuneración y cuantía salarial.
 
Eso permite a dichas empresas establecer unas retribuciones por debajo del convenio colectivo correspondiente, que en este caso es el convenio colectivo estatal para las empresas de seguridad.
 
El Gobierno de García-Page está totalmente en desacuerdo con la reforma laboral del PP que, en este caso concreto, permite que las empresas puedan precarizar las condiciones salariales de los trabajadores, pero tiene que acatar la legalidad vigente, ya que la competencia en legislación laboral es exclusiva del Estado.
 
Por último, el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas ha añadido que éste es un problema que no sólo afecta a Castilla-La Mancha, sino a todas las Administraciones Públicas, independientemente del partido político que gobierne las mismas, y como ejemplos ha mencionado los Ministerios de Defensa, Presidencia, Fomento e Interior; las comunidades autónomas de Madrid, Andalucía y Canarias; la Diputación de Barcelona y los ayuntamientos de Madrid y Barcelona.
 
 

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